Chile oficializó este martes la militarización durante 15 días de rutas y carreteras en la región de La Araucanía y dos provincias de la región del Biobío, en la zona sur, por el "aumento de actos violentos" donde existe desde hace décadas un conflicto territorial con indígenas mapuche, que se ha agravado en los últimas semanas.
"Es deber del Estado garantizar la seguridad de todas las personas, trabajadoras y trabajadores y habitantes de las zonas afectadas. Asimismo, también es tarea del Estado garantizar el abastecimiento de la población, sobre todo en lo referente a alimentos e insumos de salud", señala el decreto publicado esta tarde en el Diario Oficial.
El mensaje gubernamental argumenta que "(…) en reiteradas oportunidades (los actos violentos) han puesto en peligro la integridad física e incluso la vida de las y los trabajadores y las personas que hacen uso diario de (las) vías" y los "cortes extendidos de las carreteras, que ponen en riesgo el libre tránsito, alteran el orden público y obstaculizan las cadenas de suministro, aumentando el costo de la vida en las zonas más rezagadas".
La entrada en vigencia del estado de excepción constitucional, medida en principio descartada por el gobierno, pero impulsada luego tras la falta de acuerdo en torno a un proyecto alternativo presentado por el Ejecutivo, regirá toda la región de la Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío, en la región del Biobío.
"Las medidas adoptadas, en función de este decreto, deberán focalizarse en el aseguramiento del libre tránsito y seguridad de las rutas, buscando minimizar el impacto en el normal desenvolvimiento de la vida de la población", reza el escrito.
Los jefes militares asignados para el mando en el territorio deberán "controlar la entrada y salida de las zonas declaradas en estado de emergencia y el tránsito en ella; dictar medidas para la protección de las obras de arte y de los servicios de utilidad pública, centros mineros, industriales y otros" e "impartir todas las instrucciones para el mantenimiento del orden interno dentro de las zonas, siempre en el marco del respeto a los Derechos Humanos y en conformidad con las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), especialmente de los principios de uso de la fuerza de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad".
"Es deber de los Jefes de Defensa Nacional asegurar el conocimiento y respeto de los derechos humanos y los principios de uso de la fuerza por parte de los funcionarios que realicen labores de mantenimiento del orden público en razón del presente decreto", concluye el decreto del que tomó razón la Contraloría de la República.
Esta decisión fue comunicada anoche por la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, quien afirmó que resulta “evidente que en el último tiempo ha habido un aumento de los actos de violencia en las rutas, hemos sido testigos de cobardes ataques (…) También hemos visto cortes extendidos de carreteras, que ponen en riesgo el libre tránsito y cortan la cadena de suministro, aumentando el costo de la vida en las zonas más rezagadas de nuestro país”.
“Hemos decidido hacer uso de todas las herramientas del Estado para brindar seguridad a nuestros ciudadanos y ciudadanas, decretando Estado de Emergencia para el resguardo de las rutas de la provincia de Arauco y Bío Bío, y la región de La Araucanía”, agregó la secretaria de Estado.
A principios de mayo, el gobierno de Boric anunció querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado contra los responsables del paro de camiones que mantuvo bloqueadas las principales carreteras de la zona sur, generando desabastecimiento y una crisis logística.
En dicha zona y otras regiones del sur de Chile existe hace décadas el llamado "conflicto mapuche", que enfrenta a comunidades indígenas con empresas agrícolas y forestales que explotan tierras consideradas ancestrales.
El pueblo mapuche, la etnia indígena más numerosa de Chile, reclama las tierras que habitaron durante siglos, antes de que fueran ocupadas a la fuerza por el Estado chileno a fines del siglo XIX en un proceso conocido oficialmente como la "Pacificación de La Araucanía" y que ahora pertenecen en su mayoría a empresas forestales de poderosos grupos económicos.
En este contexto, son frecuentes los ataques incendiarios a maquinaria y predios y el conflicto ha costado la vida a un gran número de comuneros mapuche a manos de agentes del Estado, registrándose además la muerte de policías y huelgas de hambre de presos indígenas.
Líder mapuche que llamó a resistencia armada
El gobierno chileno presentará una querella criminal contra el líder de la organización radical mapuche Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, quien el pasado miércoles llamó a "organizar la resistencia armada" frente al proyecto del Ejecutivo de traspasar a las Fuerzas Armadas el control de las rutas y carreteras en la zona sur.
"Se va a concretar (la querella) y se van a concretar además una serie de medidas de mejoría de la seguridad, que van a ser anunciadas probablemente por el Ministerio del Interior", probablemente este lunes o el martes, anunció esta madrugada la ministra de Desarrollo Social y Familia de Chile, Jeanette Vega.
"El Gobierno ha presentado hasta ahora 152 querellas (…) En una democracia como la que tenemos, ningún grupo se puede alzar en armas contra el Estado", señaló la secretaria de Estado, en declaraciones difundidas por una radio local.
Alzar las armas "margina de la mesa de negociación y diálogo a aquellos que estén por la violencia. Estamos disponibles para conversar con todos los grupos (…), obviamente que en ese caso no podemos conversar. Cómo vamos a conversar a balazos", agregó.
ESTADO DE EMERGENCIA INTERMEDIO
El gobierno tiene previsto presentar esta semana un proyecto de ley conocido como "estado intermedio" que permitirá a las Fuerzas Armadas desplegarse en las rutas de la llamada "macrozona sur", donde a juicio de las autoridades del Ministerio del Interior "se requieren vehículos blindados" y "equipamiento personal blindado" ante le aumento en los últimos meses de los actos violentos y de sabotaje.
Ante estas declaraciones, el líder de la CAM señaló que la iniciativa del Ejecutivo "no es otra cosa que un nuevo estado de excepción", en alusión a la militarización que el anterior Ejecutivo decretó en cuatro provincias en las regiones de Biobío y La Araucanía entre octubre y marzo pasados frente a la ola de ataques incendiarios registrados en el territorio.
"Se viene el estado intermedio (…) Es decir, los milicos esbirros nuevamente desplegados por el Wallmapu (nombre ancestral del territorio mapuche) custodiando los intereses del gran capital. Es la expresión en pleno de la dictadura militar que los mapuches siempre hemos sufrido, dictadura que ahora asume el gobierno lacayo de Boric. (…) A preparar las fuerzas, a organizar la resistencia armada por la autonomía", declaró Llaitul al conocerse la medida.
RESISTENCIA MAPUCHE
La CAM, cuya primera acción violenta se registró en 1997, es la organización más relevante del movimiento "autonomista" mapuche de los últimos 20 años, desarrollando, a diferencia de otras expresiones radicales, una línea política que apunta a la "liberación nacional" del pueblo mapuche, posición que choca con la propuesta de "plurinacionalidad" que avanza en la Convención Constitucional del país.
En dicha zona y otras regiones del sur de Chile existe hace décadas el llamado "conflicto mapuche", que enfrenta a comunidades indígenas con empresas agrícolas y forestales que explotan tierras consideradas ancestrales.
El pueblo mapuche, la etnia indígena más numerosa de Chile, reclama las tierras que habitaron durante siglos, antes de que fueran ocupadas a la fuerza por el Estado chileno a fines del siglo XIX en un proceso conocido oficialmente como la "Pacificación de La Araucanía" y que ahora pertenecen en su mayoría a empresas forestales de poderosos grupos económicos.
En este contexto, son frecuentes los ataques incendiarios a maquinaria y predios y el conflicto ha costado la vida a un gran número de comuneros mapuche a manos de agentes del Estado, registrándose además la muerte de policías y huelgas de hambre de presos indígenas.