El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, su esposa Michelle y seis allegados se presentaron este jueves a la Policía Federal, para declarar sobre un supuesto intento de apropiación indebida de unas joyas que le fueron obsequiadas en países árabes cuando aún ejercía el poder.
El caso se refiere a un conjunto de joyas y objetos de gran valor que el líder de la ultraderecha recibió en viajes oficiales a Arabia Saudí y otros países árabes y que debió haber entregado al acervo del Estado al dejar el cargo.
Según las investigaciones, Bolsonaro vendió algunas de esas joyas a través de intermediarios, aunque algunos de sus colaboradores las recompraron una vez que el Estado exigió su devolución.
De acuerdo a la Justicia, el asunto pudiera suponer un intento de apropiación indebida de bienes públicos, hipótesis que Bolsonaro ha negado en forma enfática en declaraciones anteriores sobre el caso.
Además de Bolsonaro y su esposa, han sido citados el exedecán de la Presidencia, teniente coronel Mauro Cid, y el exjefe de comunicación del Gobierno, Fabio Wajngarten.
También el abogado Frederick Wassef, el general Mauro Lorena Cid, padre del exedecán, y dos asesores de Bolsonaro: Marcelo Camara y Osmar Crivellati.
Todos, de acuerdo a las sospechas, pudieran haber participado en la venta de algunas de esas joyas, que el abogado Wassef recompró después de que el Estado exigió su devolución, en enero pasado, cuando el progresista Luiz Inácio Lula da Silva, ganador de las elecciones de octubre pasado, asumió el poder.
Las declaraciones serán tomadas al mismo tiempo pero en forma separada, pues la intención de la Policía Federal, a cargo de la investigación, es cotejarlas luego a fin de identificar posibles contradicciones.
Las sospechas de las autoridades apuntan que el dinero que había sido obtenido por la venta de algunas de esas joyas sería entregado a Bolsonaro, cuyas cuentas bancarias son escudriñadas por la Justicia, que ha levantado el secreto fiscal del exmandatario.
El líder de la ultraderecha es investigado en otras causas civiles y penales, entre ellas una referida a la asonada golpista del 8 de enero, cuando miles de sus simpatizantes invadieron las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema en un intento por derrocar al Gobierno de Lula.
Sobre ese último asunto, también está previsto que la Policía vuelva a interrogarlo este mismo jueves.
También, en otro duro revés tras dejar el poder, la Justicia electoral le ha despojado de sus derechos políticos durante ocho años, debido a abusos de poder político y económico en los que incurrió durante la campaña para los comicios del año pasado.