El acuerdo se logró gracias a la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que mantuvo conversaciones con ambas partes hasta alcanzar diversas concesiones por parte del Gobierno, aceptadas por el movimiento indígena para anunciar el cese de las manifestaciones.
El acuerdo llega en momentos en que el país comenzaba a sentir un desabastecimiento de productos críticos, como alimentos del campo en las ciudades, medicinas y combustibles en algunos puntos del país.
La firma peligró en instantes cuando parte de los miembros del movimiento indígena se mostraron en desacuerdo con los puntos aceptados por sus dirigentes, lo que hizo suspenderse el acto por cerca de una hora hasta que finalmente hubo consenso y se pasó a la suscripción del documento.
El punto más polémico entre los indígenas era la rebaja en 15 centavos de dólar de los combustibles subsidiados, pues su demanda original era de 40 centavos.
A ello se añadió el compromiso del Gobierno de derogar un decreto que promovía la actividad petrolera en la Amazonía y de frenar las concesiones mineras en áreas naturales protegidas, zonas intangibles, áreas de recarga hídrica y territorios ancestrales de pueblos indígenas.
El Ejecutivo también había aprobado en días anteriores condonar a familias campesinas deudas vencidas de hasta 3.000 dólares, reducir los intereses de los créditos vigentes, subsidiar hasta en un 50 % el costo de la urea, aumentar de 50 a 55 dólares un bono para familias en vulnerabilidad, duplicar el presupuesto de la educación intercultural y declarar en emergencia el sistema de salud.
El resto de los diez puntos del pliego de demandas del movimiento indígena se tratarán en mesas de trabajo, como la condonación de deudas de hasta 10.000 dólares, el control de precios de productos de primera necesidad y la no privatización de empresas estatales.
A cambio del cese de las protestas, el Gobierno se comprometió a derogar el nuevo estado de excepción decretado el miércoles en cuatro provincias del país donde se concentraban varios episodios de violencia y desabastecimiento de productos de primera necesidad, como combustible y oxígeno medicinal.
Durante las jornadas de manifestaciones hubo episodios de gran violencia como el incendio y saqueo de instalaciones policiales y el ataque a convoyes de militares y de camiones de combustible, lo que fue catalogado por el Gobierno como "actos de terrorismo".
"Nos hemos equivocado porque muchas veces nuestra actitud es violenta"
El acta fue suscrita en representación del Ejecutivo por el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, y por parte del movimiento indígena por Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
También lo suscribieron los presidentes de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), Gary Espinoza, y del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine), Eustaquio Toala.
"Nos hemos equivocado porque muchas veces nuestra actitud es violenta, pero eso no significa que siempre vayamos a tener esa actitud. (…) Las dos partes nos hemos equivocado, pero es de valientes reconocer los errores", dijo Toala.
A su vez, Iza admitió que el acta no incluye todas las demandas, pero destacó que tiene "importantes logros", a la vez que pidió que no haya criminalización en la Justicia contra los participantes en las protestas.
"Ya basta de seguir estigmatizando y 'racializando' a los luchadores sociales. Basta de llamarnos terroristas", añadió Iza, quien advirtió que volverán a convocar movilizaciones si no ven cumplido el acuerdo en 90 días.
Las protestas comenzaron el lunes 13 de junio y dejaron un saldo de 6 fallecidos, entre ellos un militar, y alrededor de 500 heridos entre manifestantes y agentes.
Tras una nueva bajada del combustible
El Gobierno de Ecuador ha anunciado este jueves una nueva bajada del precio del combustible, una medida que ha satisfecho las exigencias de las organizaciones indígenas del país, que han dado por concluido el paro nacional iniciado hace más de dos semanas.
Representantes del Ejecutivo y de las organizaciones indígenas se han reunido este jueves, con la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, después de que el diálogo previo se viera afectado por los ataques de manifestantes a agentes de seguridad.
Esta rebaja del precio de los combustibles, sumada al compromiso de las autoridades de trabajar en políticas para focalizar los subsidios de los carburantes y otras medidas, como la prohibición de actividad minera en zonas protegidas, sí han satisfecho ahora las exigencias de la CONAIE.
Lasso estuvo a 12 votos de ser destituido
El martes en la mañana el presidente Lasso anunció que rompía el proceso de diálogo, tildaba de "oportunista" a Iza y culpaba a los parlamentarios afines al expresidente Rafael Correa de golpistas al promover una moción para destituirlo en la Asamblea Nacional (Parlamento).
Lasso justificó su decisión tras denunciar la muerte de un militar la noche anterior cuando, según dijo, una caravana de camiones custodiados por soldados y policías fue atacada por manifestantes en la localidad de Shushufindi, en la provincia amazónica de Sucumbíos, fronteriza con Colombia.
Tras ese anuncio, el diálogo quedó en punto muerto y el país se abocó a observar las incidencias en el pleno de la Asamblea legislativa, pues se rumoreaba sobre la posibilidad de que la oposición estaba cerca de la marca de 92 votos que requería para aprobar la moción de destitución del presidente Lasso.
Al final, la oposición se quedó en 80 votos y el oficialismo se erigió como victorioso, mientras que el movimiento indígena anunció que mantenía la movilización y que se quedaría en Quito si no recibía soluciones concretas y expresas del Ejecutivo, al que volvió a llamar al diálogo.
El Gobierno respondió casi inmediatamente y aceptó la mediación del Episcopado, que forzó los tiempos y logró solucionar el conflicto en tiempo récord. (Con informaciones de EFE y Europa Press)