El obispo nicaragüense Rolando José Álvarez Lagos, muy crítico con el Gobierno del presidente Daniel Ortega, fue condenado este viernes a 26 años y 4 de meses de prisión tras ser declarado culpable por delitos considerados por el régimen "traición a la patria".
El magistrado Octavio Rothschuh Andino, presidente de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, leyó la sentencia en contra del obispo Álvarez, que fue condenado un día después de que se negara a subir en un avión privado junto a 222 prisioneros nicaragüenses que fueron excarcelados y enviados como expatriados a Estados Unidos.
Tras negarse a subir el avión, el presidente Ortega anunció anoche que Álvarez había sido trasladado de su residencia, donde guardaba prisión domiciliaria desde agosto pasado, al Sistema Penitenciario Nacional, conocido como la cárcel modelo de Nicaragua.
Nicaragua despoja de su nacionalidad a los 222
Las autoridades de Nicaragua despojaron este viernes de la nacionalidad nicaragüense a los 222 presos políticos que fueron excarcelados y expulsados hacia Estados Unidos el jueves, según una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Managua.
"Hemos ordenado la pérdida de la nacionalidad nicaragüense a 222 personas que fueron declarados traidores a la patria", según detalla la sentencia del Tribunal de Apelaciones de Managua.
La resolución leída por el presidente de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, el magistrado Octavio Rothschuh, señala que tomaron esa decisión con la base a la "Ley especial que regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense", que fue aprobada en la víspera de forma expedita y publicada este viernes en el Diario Oficial La Gaceta.
"De allí que la pérdida de la nacionalidad a 222 personas traidoras a la patria fue en estricto cumplimiento de la Ley 1145 (Ley especial que regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense), la que seguiremos aplicando en todo su vigor", precisó el Tribunal de Apelaciones en su fallo.
Previo a esa Ley especial, la Asamblea Nacional de Nicaragua (Parlamento) aprobó en primera legislatura una reforma a la Constitución para despojar de la nacionalidad a los nicaragüenses sentenciados por delitos considerados "traición a la patria".
Ese artículo constitucional reformado, el 21, debe ser aprobado en una segunda legislatura para que entre en vigor, es decir el próximo año, explicó este viernes el titular del Parlamento, el sandinista Gustavo Porras, a través del Canal 4 de la televisión nicaragüense.
LEY FUE APROBADA DE FORMA EXPEDITA
Esa enmienda establece que "la adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad serán reguladas por las leyes. Los traidores a la patria pierden la calidad de nacional nicaragüense".
Esas leyes es la Ley especial que regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense, la cual establece que "las personas sentenciadas al tenor de lo dispuesto en la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz, publicada el 22 de diciembre de 2020, perderán la nacionalidad nicaragüense".
También que la autoridad judicial será la competente para aplicar la presente Ley, debiendo notificar al Consejo Supremo Electoral, de acuerdo a la norma aprobada.
La enmienda constitucional y la ley especial fueron aprobadas el mismo día en que fueron excarcelados y expulsados a Estados Unidos los 222 presos nicaragüenses, entre líderes opositores, sacerdotes y críticos al Gobierno del presidente Daniel Ortega.
Esos 222 prisioneros nicaragüenses, entre ellos 7 que intentaron disputar la Presidencia al actual mandatario, fueron inhabilitados de forma perpetua para ejercer la función pública, cargos de elección popular, y se les suspendió sus derechos ciudadanos de por vida, según la sentencia emitida el jueves por el Tribunal de Apelaciones de Managua.
LO QUE DICE LA CONSTITUCIÓN
La Constitución Política de Nicaragua establece en su artículo 20, que no ha sido reformado, que "ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad. La calidad de nacional nicaragüense no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad".
La Organización de los Estados Americanos (OEA) ha exigido al Gobierno de Ortega en Nicaragua que restituya los derechos de los 222 presos políticos expulsados a Estados Unidos.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
(CON INFORMACIONES DE EFE Y EUROPA PRESS)