Después de un mes de la peor catástrofe natural que ha sufrido España en su historia contemporánea, las calles de la Comunidad Valenciana siguen sin ver luz al final del túnel y el lodo sigue instalado en cada estamento de la sociedad. Por otra parte, la disputa política sigue su curso, con conservadores y socialistas acusándose mutuamente de haber errado en la toma de decisiones el día de las fuertes lluvias que casuaron las devastadoras inundaciones.

Un mes después, las calles de los pueblos que sufrieron la mayor virulencia por la DANA en España siguen embarradas. La región española más afectada, la Comunidad Valenciana, registra la mayoría de las 222 víctimas mortales confirmadas hasta el momento. Al menos cinco personas siguen desaparecidas.

La mayoría de los muertos fueron localizados en sus casas o en garajes y sótanos, entre ellos siete menores de 10 años y 26 víctimas de otras once nacionalidades.

Según la Generalitat, el Gobierno regional de la zona, miles de personas de 75 municipios lo perdieron todo en el desastre natural, para cuya reconstrucción serán necesarios al menos 31.000 millones de euros, según las primeras estimaciones.

Montañas de vehículos, lodo y aguas fecales siguen invadiendo la denominada zona cero de la catástrofe, de donde se han retirado hasta 250.000 toneladas de residuos.

En cuanto a la ayuda, hasta 20.000 profesionales siguen desplegados en las áreas afectadas, donde los trabajos ahora están centrados en extraer el lodo de los garajes y retirar los 120.000 vehículos destrozados.

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Impacto económico

Las inundaciones han causado daños directos en los municipios afectados de 13.314 millones de euros en los sectores de la construcción, la industria, el transporte, la agricultura, el comercio minorista y otros servicios y actividades urbanas, según la Cámara de Comercio de Valencia.

De hecho, allí es donde vive el 40% de la población de la provincia, conviven el 36% de las empresas y generan el 31% del empleo, en datos de la entidad cameral.

En cuanto a los más jóvenes, casi 11.000 estudiantes de 22 centros educativos siguen sin poder ir a clase, según la Conselleria de Educación. Y las predicciones no son buenas: hay 13 centros que no podrán abrir en los próximos meses, ya que tienen problemas en sus estructuras.

De forma provisional, en algunos se instalarán barracones. Otros incluso tendrán que construirse de nuevo.

Por suerte, no es la norma. Han vuelto a las aulas casi 37.000 estudiantes y han abierto sus puertas o se han reubicado 93 centros educativos desde el día 11 de noviembre.

En total, las riadas afectaron a 115 colegios e institutos y la mayoría de ellos aguantaron el paso del agua, pero hay miles de estudiantes reubicados en escuelas de acogida.

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Disputa política

Tras el paso de la tormenta, no llegó la calma. Y a la vista de los hechos, no lo hizo ni en el ámbito social, ni en el político. Ahora, la mayor disputa se produce en los despachos y en los hemiciclos, donde priman los reproches.

El Gobierno de España, liderado por los socialistas y Pedro Sánchez, insiste en que las competencias en este caso son de la Administración regional y ha denunciado que el presidente conservador de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, estuvo ausente durante las horas críticas

Mazón, por su parte, culpa al Estado de olvidarse de sus funciones. Es por ello que las peticiones de dimisiones también son recíprocas.

Mientras, el Gobierno español ha aprobado un tercer paquete de ayudas para los damnificados valorado en 2.274 millones de euros. En total, son 16.600 millones de euros los que el Gobierno español ha prometido y 400 millones han sido activados por la Administración regional en ayudas urgentes.

En los paquetes hay ayudas directas para los que han perdido familiares, sufrido daños en sus viviendas o se han visto obligados a parar su actividad laboral o empresarial, así como créditos y medidas fiscales.

A pesar de que las ayudas son medidas muy demandadas, han sido objeto de disputa política, debido a que el Gobierno regional considera que son insuficientes y el estatal denuncia que la Generalitat está difundiendo mentiras al respecto.

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Con EFE y medios locales