John Coughenour, juez de distrito en Seattle, firmó una orden legislativa que bloquea por 14 días el ordenamiento de Donald Trump que daría fin al derecho de nacionalidad para los bebés nacidos en suelo estadounidense, pero con padres extranjeros. El presidente estadounidense dijo que su equipo apelará la decisión.

El primer desafío legal para una de las órdenes ejecutivas más controvertidas de la segunda presidencia trumpista.

Apenas tres días después de ser emitida, la orden presidencial que busca negarle la nacionalidad a los bebés de padres inmigrantes no ciudadano, o con residencia permanente en el país, que nazcan en suelo estadounidense es bloqueada, después de que estados como Washington, Arizona, Illinois y Oregón, acudieran a los tribunales para contestar la polémica medida del republicano.

"Llevo en el banquillo más de cuatro décadas. No recuerdo otro caso en el que la cuestión planteada sea tan clara como éste. Se trata de una orden manifiestamente inconstitucional", dijo Coughenour, antes de emitir una orden temporal que evita que la política trumpista tenga efecto durante 14 días, mientras el juez estudia si dicta una medida cautelar más larga.

La medida, que el juez calificó como "imposible de comprender", va en contra de lo impuesto por la decimocuarta enmienda constitucional estadounidense, misma que garantiza el derecho de nacionalidad a cualquier persona que nazca dentro de territorio nacional, independientemente del origen de sus padres, o su estatus migratorio.

La orden de Trump pretende que, a partir del 19 de febrero, cualquier bebé nacido en territorio estadounidense que venga de padres extranjeros sin ciudadanía o residencia permanente, no obtenga la nacionalidad estadounidense, lo que los haría sujetos de deportación e impediría que les fuera expedido un número de seguridad social, necesarios para recibir apoyos gubernamentales o encontrar trabajo formal en el futuro.

"Obviamente vamos a apelar": Trump

En respuesta a la resolución del juez Coughenour, nombrado hace cuarenta años por el expresidente republicano Ronald Reagan, Trump confirmó que su Gobierno apelará la decisión, aunque no dio detalles sobre los argumentos que usaría para defender su controvertida orden. 

Por su parte, un vocero del nuevo departamento de Justicia hizo eco de la actitud presidencial, añadiendo que los miembros del Gobierno trumpista "defenderán vigorosamente" la política del republicano. 

"Esperamos presentar una argumentación completa sobre el fondo de la cuestión ante el tribunal y ante el pueblo estadounidense, que está desesperado porque se apliquen las leyes de nuestra nación", sentenció el portavoz. 

La medida, que privaría de su nacionalidad a unos 150.000 recién nacidos al año según estimaciones del Partido Demócrata, fue respondida por seis demandas casi inmediatamente después de ser anunciada. 

A los fiscales de Washington, Arizona, Illinois y Oregón, se les sumaron más de una decena de estados gobernados por los demócratas, quedando con un bloque de 22 territorios que buscan dar marcha atrás a la decisión del presidente. Además, organizaciones defensoras de los derechos civiles, como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, también se han sumado a las querellas. 

Con Reuters y medios locales