Un magistrado federal eliminó un obstáculo legal clave que paralizaba el plan del presidente Donald Trump de reducir la fuerza laboral federal con un programa de renuncia diferida. La acción permitirá al republicano seguir con su plan de indemnizar a los empleados de agencias del Gobierno para que dimitan, mientras se desconoce si los sindicatos apelarán en los tribunales.
Victoria legal significativa para Donald Trump tras algunos reveses en los tribunales.
Decenas de miles de funcionarios públicos estadounidenses recibieron autorización el miércoles 12 de febrero para aceptar una indemnización por parte del Gobierno de Donald Trump, después de que el juez federal, George O’Toole,dictaminara que el esfuerzo de reducción sin precedentes puede continuar.
La orden del juez con sede en Boston es la respuesta a la impugnación presentada por un grupo de sindicatos contra la medida de Trump, impulsada bajo el recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), encabezado por el CEO de X y Tesla, Elon Musk.
Los sindicatos que representan a los trabajadores federales habían presentado una demanda para detener el programa y lo habían retrasado durante seis días mientras el juez George O’Toole consideraba el asunto.
Pero finalmente levanta la restricción que había bloqueado la continuidad del controvertido programa, al alegar que la demanda no puede prosperar debido a que los sindicatos no tienen legitimidad para denunciar y a que su tribunal carece de la jurisdicción necesaria, reportó el diario ‘The Washington Post’. El juez señaló que el asunto debería abordarse en otros ámbitos antes de llegar a los tribunales.
“Esto demuestra que la guerra jurídica no prevalecerá en última instancia sobre la voluntad de los 77 millones de estadounidenses que apoyaron al presidente Trump y sus prioridades”, afirmó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al recibir con beneplácito la medida del juez.
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¿Cuáles son los lineamientos del programa “Dimisión diferida”?
A finales de enero, la Administración de Donald Trump anunció el denominado programa de “Dimisión diferida” para reducir drásticamente el tamaño del Gobierno federal, a una velocidad vertiginosa.
Para ello, el Gobierno ofreció a alrededor de dos millones de empleados de las distintas agencias federales indemnizaciones con ocho meses de salario, lo que les permitiría permanecer en la nómina hasta el 30 de septiembre de 2025, pero sin tener que trabajar de forma presencial y, entretanto, posiblemente ver reducidas o eliminadas sus funciones, según un correo electrónico enviado entonces a los trabajadores, citado por las agencias de noticias AP y Reuters.
Sin embargo, los sindicatos advirtieron que la oferta no es confiable y muchos denunciaron ser forzados a renunciar a sus empleos.
El memorando dio a todos los empleados federales hasta el pasado 6 de febrero plazo para decidir si optaban por ese ofrecimiento.
Alrededor de 75.000 trabajadores federales se han apuntado a ese programa, señaló un portavoz de la Oficina de Gestión de Personal de Estados Unidos, lo que equivale al 3% de la fuerza laboral civil.
La Administración de Trump indicó que el programa ahora está cerrado para nuevos solicitantes.
"La decisión de hoy es un revés en la lucha por la dignidad y la justicia de los funcionarios públicos, pero no es el final de esa lucha"
No está claro aún qué ocurrirá con esos empleados que no optaron previamente a la oferta. Y los sindicatos involucrados en la disputa no informaron de inmediato si apelarían la decisión del magistrado o si buscarían otras opciones.
"Ya no hay ninguna duda: el Programa de Renuncia Diferida era legal y una opción valiosa para los empleados federales", indicó la Oficina de Administración de Personal en un comunicado tras conocer la decisión del juez.
Pero para muchos, la decisión del magistrado con la que ampara el plan de Trump para despedir a miles de trabajadores, en una magnitud sin precedentes en el Gobierno estadounidense, socava los derechos laborales.
"La decisión de hoy es un revés en la lucha por la dignidad y la justicia de los funcionarios públicos, pero no es el final de esa lucha", sostuvo Everett Kelly, presidente de la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno, que representa a 800.000 trabajadores federales.
La oferta estuvo dirigida a los empleados civiles, excepto aquellos en puestos relacionados con la inmigración y la seguridad nacional y las personas que trabajan para el Servicio Postal de Estados Unidos.
Esta es una de las muchas estrategias que Trump está adoptando para recortar una fuerza laboral civil de 2,3 millones de empleados que ha criticado por ser supuestamente “ineficaz” y “parcializada” en su contra.
El mandatario también ha ordenado a las agencias gubernamentales que se preparen para amplios recortes de empleos y varias ya han comenzado a despedir a empleados recientemente contratados que carecen de plena seguridad laboral.
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Con Reuters, AP y medios locales