Un tribunal de Corea del Sur aprobó este 18 de enero una prórroga en la detención del destituido presidente Yoon Suk-yeol, actualmente bajo arresto preventivo. Horas antes, Seúl volvió a ser escenario de manifestaciones, mientras Yoon declaraba en una audiencia en la que se opuso a un arresto formal. El mandatario apartado del cargo por el Parlamento está siendo investigado por  insurrección y abuso de poder, tras su breve imposición de la ley marcial que desató un caos político el pasado diciembre.

Negada la petición del destituido presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, de ser liberado.

Su petición fue hecha este sábado 18 de enero, durante una audiencia en un tribunal de Seúl tras haber sido detenido el pasado miércoles 15 de enero, en su residencia, en el segundo intento de las autoridades. Sin embargo, los investigadores solicitaron extender su detención preventiva por 20 días, algo que fue condedido en las últimas horas por la corte.

Yoon es investigado por presunta insurrección y abuso de poder tras haber declarado durante unas horas la ley marcial, el pasado 3 de diciembre.  Una medida que desató un caos político y social en el país.

La Oficina de Investigación de la Corrupción para Funcionarios de Alto Rango, que está llevando a cabo una investigación conjunta con la Policía y el Ejército por lo ocurrido, solicitó al Tribunal del Distrito Oeste de Seúl que conceda una orden de arresto formal contra Yoon.

Después de la audiencia, Yoon regresó al Centro de Detención de Seúl para esperar la decisión del tribunal.

La audiencia en el Tribunal del Distrito Oeste de Seúl duró alrededor de cinco horas, mientras decenas de personas protestaban a favor y en contra de Yoon en las calles de la capital surcoreana.

El suspendido presidente habló durante unos 40 minutos durante la audiencia, señaló su abogado, citado por la agencia de noticias Yonhap. Los abogados de la defensa y las agencias anticorrupción presentaron argumentos opuestos sobre si Yoon debería permanecer detenido.

"(Yoon) explicó y respondió con sinceridad las preguntas sobre las relaciones fácticas, las pruebas y los principios legales (…) Esperaremos tranquilamente a que el tribunal decida", afirmó el jurista de la defensa Yoon Kab-keun.

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Los argumentos en el caso de Yoon

El abogado del destituido presidente había anticipado que Yoon debía argumentar que su decreto de ley marcial fue un ejercicio legítimo de sus poderes y que las acusaciones de rebelión no se sostendrían ante un tribunal penal o el Tribunal Constitucional, que está revisando si lo destituirá formalmente de su cargo o lo restituirá.

La defensa del mandatario apartado del cargo también ha argumentado que no hay necesidad de detenerlo durante la investigación, al señalar que no representa una amenaza para huir o destruir evidencias.

Pero los investigadores responden que Yoon ignoró varias solicitudes para comparecer para ser interrogado y que el servicio de seguridad presidencial bloqueó un intento de detenerlo el pasado 3 de enero. Su desafío ha suscitado inquietudes sobre si cumpliría con los procedimientos del tribunal penal si no está bajo arresto.

La crisis comenzó cuando Yoon, en un intento de romper el bloqueo legislativo, impuso el régimen militar y envió tropas a la Asamblea Nacional y las oficinas electorales. El impasse duró solo horas después de que los legisladores que lograron superar un bloqueo votaran a favor de levantar la medida. El Legislativo, dominado por la oposición, votó a favor de destituirlo el pasado 14 de diciembre.

Nueve personas, incluido el ministro de Defensa de Yoon, el jefe de la Policía y varios altos comandantes militares ya han sido arrestados y acusados por su papel en la aplicación de la ley marcial.

Si Yoon es arrestado formalmente, podría marcar el comienzo de un período prolongado en prisión preventiva para él, que duraría meses o más.

Y es que si los fiscales acusan al destituido mandatario de rebelión y abuso de poder, las acusaciones que están siendo examinadas ahora por los investigadores, las autoridades podrían mantenerlo bajo custodia hasta seis meses antes del juicio.

Según la ley surcoreana, orquestar una rebelión se castiga con cadena perpetua o la pena de muerte.

En paralelo, la Corte Constitucional evalúa si lo destituye definitivamente o si lo restituye en el Ejecutivo.

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Con AP y Reuters