Un total de 37 acusados, entre ellos tres estadounidenses, fueron condenados a muerte el viernes 13 de septiembre por un tribunal militar de Kinshasa en el juicio por el “intento de golpe de Estado” que el Ejército de la República Democrática del Congo (RDC) dijo haber frustrado en mayo.
Tres meses de juicio y una sentencia implacable. El viernes 13 de septiembre, 37 acusados en la República Democrática del Congo fueron condenados a muerte por un tribunal militar de Kinshasa, acusados de participar en un “intento de golpe de Estado” que el Ejército afirma haber frustrado en mayo.
“El tribunal pronuncia la sentencia más firme: la pena de muerte”, declaró el comandante Freddy Ehume, presidente de la corte reunida en la prisión militar de Ndolo, al leer el veredicto para cada uno de los acusados. El juicio se celebra desde principios de junio en ese penal, donde están encarcelados los acusados.
Los condenados a muerte fueron declarados culpables de conspiración criminal y atentado terrorista, así como de terrorismo, salvo uno de ellos.
De los 37 condenados a muerte, seis son extranjeros: tres ciudadanos nacidos en Estados Unidos, así como un belga, un británico y un canadiense, los tres nacionalizados congoleños.
Al pronunciarse el veredicto, la sala se puso en pie antes de permanecer en silencio mientras se anunciaban una tras otra las penas de muerte. Los acusados, vestidos con uniformes de prisión azules y amarillos, que llevaban horas sentados en sillas de plástico tras unas barricadas, mantenían una expresión seria en sus rostros.
Los abogados defensores anunciaron que apelarán, para lo cual disponen de cinco días para presentar el recurso.
De un total de 51 acusados, 14 fueron absueltos: la investigación demostró que no tenían “ninguna relación” con el caso, indicó el tribunal.
El anuncio fue seguido de un clamor de los asistentes, entre los que había familiares que escucharon la lectura del fallo, que duró más de cuatro horas, en la gran carpa instalada en uno de los patios de la prisión que hace las veces de tribunal.
La Fiscalía había solicitado la pena de muerte para 50 acusados, uno de los cuales padece "trastornos psicológicos", según un informe médico.
Al final, el juicio arrojó poca luz sobre los motivos de los miembros de la operación, claramente mal preparada para derrocar a un régimen, y sobre sus posibles patrocinadores.
Intento de golpe de Estado “cortado de raíz”
El 19 de mayo por la noche, en el barrio de Gombe, en Kinshasa, varias decenas de hombres armados y de uniforme atacaron el domicilio del ministro Vital Kamerhe. Dos policías que custodiaban el domicilio resultaron muertos.
A continuación, los asaltantes irrumpieron en el cercano Palacio de la Nación, un edificio histórico que alberga las oficinas del presidente Félix Tshisekedi. Situado cerca del río Congo, la edificación permanece vacía por la noche.
Los miembros del comando se filmaron ondeando la bandera del Zaire, antiguo nombre de la República Democrática del Congo (RDC) en tiempos de Mobutu, el dictador derrocado en 1997, y declarando el fin del régimen del actual jefe de Estado, en el poder desde 2019 y ampliamente reelegido el pasado diciembre.
La bandera en cuestión y varias decenas de fusiles de asalto, desplegados ante la mesa de los jueces, fueron presentados como pruebas durante el juicio.
El periplo de la banda terminó con la intervención de las fuerzas de seguridad, que, según el Ejército, detuvieron a unos 40 asaltantes y mataron a otros cuatro, entre ellos su líder, Christian Malanga, un congoleño de 41 años residente en Estados Unidos.
El Ejército habló rápidamente de un “intento de golpe de Estado cortado de raíz” y el Gobierno se refirió más tarde a un “intento de desestabilizar las instituciones”.
Los partidarios de Vital Kamerhe hablaron de intento de asesinato. Los defensores de los Derechos Humanos denunciaron la “falta de transparencia” en el interrogatorio de los presuntos golpistas.
A lo largo del juicio, los acusados se limitaron a culpar al presunto líder del comando. Todos se declararon inocentes y sus abogados pidieron la absolución.
En marzo, el Gobierno congoleño levantó una moratoria sobre la ejecución de la pena de muerte que estaba en vigor desde 2003, alegando que iba dirigida en particular a los soldados acusados de traición, en un contexto de rebelión armada en el este del país apoyada por Ruanda.
Con AFP