Los transportistas en Colombia llevan tres días en una paralización de sus actividades que, hasta este miércoles 4 de septiembre, aún es indefinida. Exigen al presidente Gustavo Petro que derogue el decreto que incrementó el precio del diésel. ¿Cuáles son los argumentos del Gobierno para sostener esta medida? Aquí te lo explicamos. 

El Gobierno de Gustavo Petro decidió incrementar el precio del diésel o también conocido como Aceite Combustible para Motores (ACPM) para grandes consumidores. La medida ya se había planteado meses atrás, cuando se emitió el decreto 0763 del 18 de junio.

Los Ministerios de Minas y Energía y Hacienda y Crédito Público fueron los encargados de fijar los nuevos precios y emitieron las resoluciones para ajustar en 1.904 pesos colombianos el precio de venta al público del galón de ACPM, desde el 31 de agosto de 2024. El diésel por galón pasó de costar, en promedio, 9.456 pesos (2,30 dólares) a 11.360 pesos (2,70 dólares). Es decir, un incremento de 0.50 centavos. 

El Gobierno decidió que se realicen tres incrementos a este combustible. Según el Ministerio de Hacienda, este primer ajuste generaría un ahorro fiscal de 1,6 billones de pesos colombianos (unos 380 millones de dólares) en lo que resta de 2024 y produciría un impacto en la inflación de tan solo 0,3 puntos porcentuales para el cierre de este año. 

Los otros dos ajustes vendrían en 2025. Sin embargo, este primero provocó la molestia del gremio de los transportistas y derivó en una paralización de las principales ciudades del país, incluida su capital, Bogotá.

¿Por qué tomó esta decisión Gustavo Petro? 

El principal factor: aliviar la presión fiscal en el pago de los subsidios a las gasolinas. En Colombia, el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC) matiza la diferencia entre los precios internacionales y los precios nacionales, pagando a los productores e importadores la diferencia, el subsidio, para atenuar el impacto de las fluctuaciones de los precios del petróleo.

Desde entonces, se ha ido acumulando un déficit que, según estimaciones del Ministerio de Hacienda, ha representado acumuladamente, en pesos de 2024, cerca de 115 billones de pesos. Un ‘hueco fiscal’ que, según Gustavo Petro, se agudizó con la decisión del expresidente Iván Duque de congelar los precios de todos los combustibles en 2019.

“Desde el año 2019 el país no sube el diésel porque se congelaron los precios sin tener en cuenta que estos suben y que Ecopetrol, por ley, usa el precio internacional del petróleo para producir el diésel y la gasolina”, publicó este martes 3 de septiembre el presidente Gustavo Petro.

Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, en declaraciones para France24, explicó que Colombia tiene un importante subsidio a los combustibles. El costo fiscal de esos subsidios en 2022, dijo, “fue cerca de 36 billones de pesos, que son cerca de 12 mil millones de dólares anuales”.

Para aliviar la presión fiscal en este rubro, Mejía comentó que Petro decidió aumentar el precio de la gasolina y lo ha hecho en un periodo de 16 meses, con un aumento de casi el 63%. 

“Petro resuelve el problema asociado con el costo fiscal al subsidio a la gasolina, pero quedaba pendiente el subsidio del ACPM. Por lo que ahora el gobierno aumentó en 0,50 centavos el precio del diésel y anunció que el aumento total será de 1.50 dólares (cerca de 6.000 pesos) y esto resuelve un problema de 12 billones de pesos, que son cerca de 3 mil millones dólares”, afirmó. 

Petro explicó que decidieron subir, en un primer momento, solo la gasolina “para no afectar los precios de la comida que estaban en ascenso y que se transporta sobre todo en camiones”. 

Ahora, comentó Petro, es “conveniente disminuir la deuda pública para que se pueda financiar la salud y la educación de los colombianos”, una vez que “controlamos la inflación”. Además, aclaró que tapar el hueco fiscal deja sin recursos para la inversión pública, principalmente en salud y educación. 

Para Mejía, el aumento en el precio del diésel debió ser como el caso de la gasolina, que su aumento fue más gradual y en más tiempo.

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¿Qué exigen los transportistas?

Unidos, que es la agrupación de nueve gremios del transporte, han trabajado dos años en mesas de diálogos para encontrar una nueva fórmula de precios del ACPM. Ya en marzo de este año, en una carta enviada al presidente, señalaron su descontento por las declaraciones del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sobre la propuesta de incrementar el precio del diésel. 

Con el ajuste de la tarifa, los representantes gremiales expresaron su molestia porque nunca se acordó dicho incremento. Jorge García, presidente de la Confederación colombiana de transportadores, en declaraciones para un medio local, dijo que se llega a este “extremo”, en referencia a su medida de hecho, “por la negligencia del Estado de no atender todas las peticiones”.

Son 31 peticiones que han hecho los gremios de los transportistas para levantar el paro. La principal es la derogación del decreto que ajusta el precio del combustible. También piden a Petro que se reúna con las bases de los transportadores; reclaman un régimen laboral específico; que el Sistema de Información de Costos Eficientes (SICETAC), que publica los costos mínimos de acuerdo con las características propias de cada viaje, se actualice en tiempo real; además de garantías para la seguridad de los conductores, entre otros.

“La población transportadora no ha visto resultados”, reclamó García, al resaltar que están abiertos al diálogo y esperan lograr un gran acuerdo por el transporte en Colombia. 

¿Cuál ha sido la respuesta del Gobierno?

En medio de la tensión por el paro de los transportistas, a lo que se sumaron este miércoles motociclistas, bloqueando varias vías en Bogotá, la ministra de Transporte, María Constanza, dijo que el Gobierno se mantiene firme en el incremento del precio al diésel. Sin embargo, propuso la suspensión de los otros dos ajustes planificados para el próximo año, mientras continúan los diálogos con los líderes gremiales.

Lo que sí ha pedido el Gobierno es que retiren los bloqueos que están en varios puntos del país. “Es una decisión inevitable, es una decisión dolorosa. Es una decisión que obviamente este Gobierno no hubiera querido tomar, pero se hace absolutamente necesaria debido a la actual situación fiscal de Colombia", manifestó el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

El Gobierno también ha pedido que se permita el tránsito de personas que necesitan atención urgente, ambulancias y otros vehículos que garanticen la seguridad alimentaria en las ciudades, así como el abastecimiento de combustible. 

Según Jorge García, el presidente de la Confederación colombiana de transportadores, hubo un llamado de atención a sus socios para que permitan el paso de este tipo de vehículos. Sin embargo, admitió que se salió de las manos “el control de la población transportadora”. En Bogotá, dijo, “no es que los camiones están bloqueando las vías. Eso no es cierto”. Según el líder gremial, son “volquetas, camiones y todo tipo de vehículos, pero en sí, es la comunidad, la misma ciudadanía que se encarga de que no se mueva ningún vehículo”.

Ecopetrol, la empresa petrolera del país, alertó de posibles restricciones en la distribución de los combustibles por diversas razones: atentados contra los oleoductos Caño Limón Coveñas y Bicentenario, los bloqueos por el paro de transportadores y la toma de la planta de gas de Gibraltar.

Esto podría impactar en la producción de crudo y gas, el cumplimiento de las dietas de las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena, así como el abastecimiento de combustibles en distintos puntos del país.