El Gobierno del primer ministro francés Michel Barnier presentará este jueves en el Consejo de Ministros su proyecto de Ley de Finanzas, con el objetivo de reducir el déficit público al 5% en 2025 y al 3% en 2029. Su presupuesto de 2025 es clave para la supervivencia del nuevo gobierno, que requiere recortes de gastos y aumentos de impuestos, medidas que son impopulares entre los partidos de izquierda y derecha, lo que aumenta la presión sobre la débil coalición centrista de Francia.

Un mes después de la toma de posesión de Michel Barnier en Matignon, el proyecto de Ley de Finanzas 2025 (PLF), que prevé 60.000 millones de euros de ahorro y subidas de impuestos, fue presentado el jueves 10 de octubre al Consejo de Ministros en un clima político incierto.

"No es un presupuesto de austeridad", repitieron a coro los ministros de Economía, Antoine Armand, y Cuentas Públicas, Laurent Saint-Martin, refiriéndose a un texto destinado a gravar a los franceses más ricos y a las grandes empresas.

Esta ruptura con la línea emprendida desde la llegada de Emmanuel Macron al Elíseo hace crujir el bando presidencial, frágil socio de un Gobierno dirigido por un tenor de Los Republicanos.

Entre la presión de los mercados, que no pierden de vista a una Francia sobreendeudada, cuyo déficit público alcanzará este año el 6,1% del Producto Interior Bruto (PIB), y la de la Asamblea Nacional (RN), en condiciones de derribar al Gobierno, el equipo en el poder tiene muy poco margen de maniobra. "Será un presupuesto difícil, serio y responsable", repitió Michel Barnier, que el martes sobrevivió a una primera moción de censura de los diputados de izquierda, a la que no votó el RN.

El objetivo del PLF es reducir el déficit público al 5% en 2025 y después al 3% en 2029, de acuerdo con las exigencias de Bruselas.

De los 60.000 millones de euros que hay que encontrar, 40.000 procederían de recortes del gasto público y 20.000 de subidas de impuestos. Se trata de un esfuerzo considerable que se suma a los 10.000 millones de ahorro decididos por el anterior Gobierno.

Las sugerencias de Gabriel Attal

Entre las propuestas figuran el aplazamiento de la indexación de las pensiones de enero a julio, fuente de unos 4.000 millones de euros de ahorro, la fusión de algunos servicios públicos y la reducción del número de funcionarios. También está sobre la mesa la idea de subir los impuestos sobre la electricidad, compensada en parte por una bajada de los precios de la energía en los mercados.

En el plano fiscal, 65.000 hogares ricos se verían gravados con 2.000 millones de euros suplementarios, advirtió Michel Barnier, que también mencionó que unas 300 empresas tendrían que pagar impuestos durante uno o dos años.

Opuesta a cualquier subida de impuestos, la antigua mayoría propuso otras ideas, como el ex Primer Ministro Gabriel Attal, que sugirió a su sucesor que firmara el decreto de reforma del seguro de desempleo que él había preparado.

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"Evidentemente, el Gobierno podrá contar con nuestro apoyo en la tormenta", declaró el miércoles a la prensa el que ahora dirige el grupo Juntos por la República en el Palacio Borbón. "Por otra parte, tenemos diferencias de opinión sobre una serie de cuestiones. Nuestro temor es que el presupuesto no incluya suficientes reformas y demasiados impuestos". 

El ex ministro del Interior Gérald Darmanin propone que los funcionarios trabajen 37 horas en lugar de 35 y que se suprima un día festivo.

En el lado de la oposición, la izquierda denuncia un presupuesto perjudicial para los servicios públicos, mientras que la Agrupación Nacional (RN) acusa al Gobierno de continuar la política seguida hasta ahora.

"Se trata de un ahorro inútil", ha declarado Philippe Ballard, diputado de RN.

El debate presupuestario, que comienza el viernes por la mañana en la Comisión de Finanzas, promete ser animado. "Asumir nuestras responsabilidades significa asumir el riesgo de ser impopulares", declaró a Reuters Marc Fesneau, presidente del grupo MoDem en la Asamblea.

En France 2, el 3 de octubre, Michel Barnier mencionó la posibilidad de recurrir al artículo 49.3 de la Constitución para adoptar el presupuesto a finales de año. "Me gustaría que fuera adoptado por la Asamblea Nacional", dijo. "Pero si no podemos, utilizaremos el 49.3, que es una herramienta de la Constitución".

Este artículo es una adaptación de su original en francés