El presidente del Gobierno español se acogió a su derecho a no declarar como testigo en el caso que afecta a su esposa, Begoña Gómez. El juez encargado, Juan Carlos Peinado, insistió en grabar su declaración e incluso rechazó que el mandatario la hiciera por escrito, personándose en el Palacio de la Moncloa, para tomarla. Tras esto Sánchez se querelló por prevaricación contra el magistrado.

España vivió un martes intenso en el panorama judicial. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se acogió este 30 de julio a su derecho de no declarar como testigo en el caso en el que el juez Peinado investiga a su esposa, Begoña Gómez.

La citación a declaración ha traído mucha polémica porque tanto la defensa como la Fiscalía no encuentran la justificación por la que tenía que hacerlo. 

El juez Peinado rechazó la petición de Sánchez de declarar por escrito como testigo, una posibilidad abierta y habitual en el marco jurídico español, e insistió en tomar declaración al mandatario en el Palacio de La Moncloa, la sede presidencial. Hecho que no había ocurrido en todas las décadas de democracia en el país ibérico. 

Esta toma de declaraciones ha generado mucha expectativa y, junto al juez, ingresó en Moncloa la acusación popular, liderada por el pseudosindicato Manos Limpias y miembros del partido Vox, ambas organizaciones de extrema derecha, y la asociación ultracatólica Hazte Oír.

Sin embargo, según el abogado de la propia Begoña Gómez, apenas ha durado dos minutos, en los que Sánchez se ha negado a contestar las preguntas. 

Begoña Gómez tiene una causa abierta desde el 16 de abril por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, aunque desde ese momento también se ha negado a declarar como imputada. Los detalles de la causa todavía no se conocen con exactitud, pero se presume que se está investigando la relación de Gómez con el empresario Juan Carlos Barrabés y con la Universidad Complutense de Madrid, donde codirigió una cátedra. 

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Pedro Sánchez ha sido muy duro contra esta investigación, llegando a amagar con la dimisión a finales de abril este año ante lo que ha calificado como motivaciones políticas dentro del aparato judicial, también conocido como lawfare.

Sánchez se querella contra el juez Peinado

Pocos minutos después de que el magistrado saliera de la residencia presidencial la abogacía del Estado publicó una querella de Pedro Sánchez contra el juez peinado por prevaricación. 

En el escrito, en el que la Abogacía -organismo que presta asistencia jurídica al Estado- solicita que se practiquen diversas diligencias, se subraya que la querella no supone un ataque al poder judicial, sino "el intento de alejamiento del ejercicio puntual" de un juez que ha actuado con "arbitrariedad" y un "injusto proceder" contra el "máximo representante de otro de los poderes estatales".

Desde el Gobierno defienden que el rechazo a que Sánchez preste declaración por escrito tiene motivaciones para creer en la prevaricación, aunque Peinado defendió que el motivo para ir a Moncloa era porque quería "hacer preguntas a Sánchez fuera de su cargo, basadas en su relación como esposo de la investigada".

Lo publicado por la Abogacía del Estado tiene una gran dureza contra el magistrado. “(Peinado) no dedicó ni una sola línea a motivar o justificar por qué la declaración no ha de hacerse por escrito (…) Hay una larga historia de cómo resoluciones judiciales pueden influir en el devenir político de un país, tanto en España como en el extranjero. Es evidente por tanto que la forma de toma de declaración tiene una repercusión a la que no es insensible el legislador, cuando distingue su realización escrita o verbal, en sede judicial o fuera de ella. Nada de esto ha sido respetado”.

Fuentes cercanas a Moncloa señalan que Sánchez estaba en dudas sobre si querellarse o no contra el juez Peinado durante la semana previa a su visita a la sede presidencial, pero tras esta tomó la decisión.