Bajo una profunda tensión y fuerte militarización se cierne el inicio de un nuevo período presidencial en Venezuela el viernes 10 de enero. ¿Cómo llegó el país a este punto? Si bien la nación enfrenta años de crisis múltiples, esta investidura llega tras una nueva etapa de represión, cruces de acusaciones entre el chavismo y la oposición, pronunciamientos internacionales y acciones judiciales y políticas. Ponemos en contexto la posesión presidencial más disputada en América Latina.
Venezuela vive horas cruciales. Por un lado, Nicolás Maduro, y por el otro, Edmundo González Urrutia.
Ambos prometen posesionarse como presidente, en medio de ecos de “fraude”, “dictadura” y “usurpación”, según el lado que lo señale, tras las elecciones del pasado 28 de julio.
Si bien las tensiones políticas en Venezuela llevan años, esta apunta a ser una peculiar investidura. A la juramentación la anteceden las negociaciones con mediación internacional, iniciadas en 2021, entre el oficialismo-con cerca de 26 años en el poder-y la oposición para la realización de los pasados comicios.
Pero tras la inhabilitación, en enero de 2024, por parte del Tribunal Supremo de quien fuera elegida candidata de la oposición en elecciones primarias, María Corina Machado, un nuevo nombre entró en escena: Edmundo González Urrutia, un exdiplomático hasta entonces poco conocido fuera de su país. El excandidato-que inició recientemente una gira por varios países de América-promete regresar a su nación para juramentar como el nuevo jefe de Estado de Venezuela.
¿Juan Guaidó 2.0?, preguntan algunos, en referencia al líder venezolano que se proclamó presidente en 2019 y que fue reconocido por más de 50 países, en su calidad de representante de la Asamblea Nacional, considerada entonces el único órgano del país elegido democráticamente. Sin embargo, la oposición remarca una amplia diferencia con Edmundo González al señalar que en este caso se trata de un líder que, afirman, fue elegido en las urnas y con amplio respaldo.
Esta posesión llega rodeada de detenciones, amenazas, rupturas diplomáticas e, incluso, orden de captura y recompensa para quien entregue al excandidato presidencial. Sin duda, una inusual investidura en la región, mientras el mundo observa con preocupación.
A continuación, un repaso a las fechas clave que subrayan por qué esta es una cuestionada e inédita jornada de posesión presidencial:
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28 de julio de 2024:
Más de 20 millones de venezolanos estuvieron llamados a votar para elegir a su presidente por los próximos seis años. Tras horas de retraso e incertidumbre, el Consejo Nacional Electoral declaró ganador al actual mandatario, Nicolás Maduro, con 51,2% de los votos, seguido del opositor Edmundo González, con el 44,2%, con el 80% de lo escrutado. Sin embargo, la oposición no reconoció ese dictamen al indicar que las proyecciones mostraban un triunfo de su candidato, aunque pedía esperar el completo escrutinio de los votos.
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29 de julio de 2024:
Menos de 24 horas después de los comicios, la oposición publicó la mayor parte de las actas electorales, que asegura recabó en los centros de votación. Y según las cuales, insiste, su candidato ganó con alrededor del 70% de los sufragios. Los documentos fueron expuestos en un sitio web al que todo ciudadano venezolano puede ingresar con su número de identificación para corroborar los resultados de cada mesa de votación. Maduro respondió que las acusaciones de fraude eran un intento de “golpe de Estado”.
Desde entonces, detonaron masivas protestas, cacerolazos, jornadas de represión y cientos de detenciones, incluidas las de cuatro periodistas acusados de “terrorismo”; así como el derribo de estatuas del fallecido presidente Hugo Chávez, quien poco antes de morir cedió el cargo a Maduro. Los venezolanos en el exterior, que representan uno de los mayores éxodos del mundo, también se movilizaron en multitudinarias marchas. El oficialismo también convocó a sus simpatizantes para manifestarse en las calles venezolanas.
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30 de julio de 2024:
La Fiscalía abrió una investigación contra los líderes opositores María Corina Machado, Leopoldo López y Lester Toledo al vincularlos en un supuesto hackeo al sistema electoral que, sostuvo, fue responsable de retrasar la emisión de resultados durante varias horas.
En simultáneo, la OEA, el Centro Carter, Estados Unidos y distintos países de América Latina, incluidos aquellos con gobiernos de izquierda, como Colombia y Brasil, exigían a Caracas la publicación de las actas electorales para comprobar el alegado triunfo de Maduro, algo que incluso ahora, a puertas de la investidura, aún no ha ocurrido.
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31 de julio de 2024:
Nicolás Maduro acudió al Consejo Nacional Electoral (CNE), el mismo órgano que lo proclamó presidente, para pedirle que auditara los resultados de las elecciones. El CNE, al igual que todas las instituciones en el país, es fuertemente cuestionado por la falta de independencia del poder Ejecutivo. Está encabezado por Caryslia Rodríguez, quien militó en el oficialista Partido Socialista de Venezuela (PSUV).
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1 de agosto de 2024:
Estados Unidos reconoce a Edmundo González Urrutia como el ganador de las elecciones presidenciales, una postura a la que posteriormente se fueron sumando otros gobiernos y el Parlamento Europeo.
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22 de agosto de 2024:
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ratificó la proclamada victoria de Nicolás Maduro, sellando el respaldo institucional al partido gobernante, pese a no mostrar las actas electorales.
Al mismo tiempo, la corte señaló que las actas publicadas por la oposición eran “falsas”. Sin embargo, la oposición destaca que cada mesa está dotada de una máquina que imprime un acta prácticamente imposible de replicar. Un día después, el 23 de agosto, 11 países de América firmaron un comunicado conjunto en el que rechazaron el fallo del Supremo: Chile, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá́, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
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24 de agosto de 2024:
La Fiscalía venezolana cita a Edmundo González, para el 26 de agosto, investigado por supuesta “conspiración, usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración". Los cargos fueron relacionados con el sitio web creado para difundir las actas que lo declararon ganador de las elecciones presidenciales.
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2 de septiembre de 2024:
Después de no acudir a tres citaciones de la Fiscalía, tras argumentar falta de garantías, un tribunal especializado en delitos relacionados con terrorismo emitió una orden de captura contra Edmundo González.
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8 de agosto de 2024:
González Urrutia llega a España como solicitante de asilo político, luego de que, según la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, se le concediera un salvoconducto para “conservar la paz” del país. Un día después el excandidato presidencial declaró que tomó la decisión “pensando en Venezuela”, por su familia y para construir "una nueva etapa" que beneficie a su nación.
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2 de octubre de 2024:
La jefa de la misión del Centro Carter que estuvo en Venezuela para las elecciones del 28 de julio, Jennie Lincoln, presentó ante la OEA unas actas electorales que aseguró eran “originales”, las cuales demuestran que Edmundo González ganó las elecciones, con un 67% de los votos, frente a un 31% de Maduro.
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5 de noviembre de 2024:
El Tribunal Supremo venezolano rechazó un recurso que pedía mostrar los resultados electorales. Además, impuso una multa contra la abogada que asistió a la solicitud, María Alejandra Díaz, y pidió al Colegio de Abogados abrir un “procedimiento disciplinario” en su contra.
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8 de noviembre de 2024:
Venezuela pide a la Interpol una orden de captura internacional contra Edmundo González, bajo las mismas acusaciones de la Fiscalía que lo llevaron a exiliarse en España.
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20 de diciembre de 2024:
España confirma la concesión de asilo a González Urrutia.
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3 de enero de 2025:
El excandidato presidencial inicia una gira por el continente americano, cuya primera parada fue Argentina, como antesala a lo que anunció sería su retorno a Venezuela para juramentar como presidente el 10 de enero. Su gira también ha incluido a Uruguay, Panamá, Estados Unidos, donde se reunió con el presidente Joe Biden, y República Dominicana.
Ese mismo día, la Fiscalía venezolana ofrece 100.000 dólares de recompensa a quien brinde información que conduzca a la captura de Edmundo González.
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6 de enero de 2025:
Caracas rompe relaciones con Paraguay, luego de que el presidente de ese país, Santiago Peña, reconociera a Edmundo González como el ganador de los comicios del pasado 28 de julio. Un día después, Chile retiró a su embajador en la capital venezolana por el “fraude electoral”, una reprimenda diplomática que se suma a las tensiones entre Caracas y Washington, mientras gran parte de la comunidad internacional sigue cuestionando la proclamada victoria de Maduro.
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7 de enero de 2025:
Edmundo González denuncia que el esposo de su hija, Rafael Tudares, fue detenido en Caracas por hombres encapuchados mientras se dirigía a llevar a sus hijos a la escuela. Su familia lo reporta como desaparecido.
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8 de enero de 2025:
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien en el pasado se mostró afín al fallecido Hugo Chávez y a su sucesor, anunció que no asistirá a la posesión de Nicolás Maduro al indicar que su Gobierno no puede reconocer “elecciones que no fueron libres”.
Mientras la escalada de tensiones aumenta dentro y fuera de Venezuela, Caracas advierte que no hay posibilidad de que Edmundo González vuelva a su país sin ser arrestado. Un signo de “miedo” por parte del chavismo, subraya la oposición. Pero aún es incierto qué alcance tendría una posesión del exdiplomático en caso de lograrlo sin ser capturado.
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Con Reuters, AP, EFE y medios locales