Desde el pasado mes de julio, el recrudecimiento de un conflicto agrario que data desde hace más de un siglo causa un reguero de sangre en el Estado brasileño Mato Grosso do Sul. Varios indígenas de la etnia Guaraní Kaiowá han resultado heridos en ataques violentos que tienen como origen siete intentos de ocupación de las tierras indígenas Panambi Lagoa Rica. Se trata de un área de 12.000 hectáreas, localizada a 192 kilómetros de Campo Grande, la capital de este Estado, y que estos indígenas reivindican desde hace décadas. En 2011, la Fundación Nacional de Pueblos Indígenas (Funai) demarcó este territorio a su favor, pero el proceso de reapropiación acabó en los tribunales, después de que productores rurales de la zona presentaran un pedido de nulidad del estudio de demarcación.

La reciente escalada violenta comenzó el 14 de julio, cuando al menos ocho indígenas invadieron una propiedad cerca de la ciudad de Douradina, que consideran suya por historia y por derecho. Como respuesta, un grupo armado que los indígenas identifican como "productores rurales" utilizó bombas y fuegos artificiales para expulsarlos de este territorio en disputa. Un indígena fue baleado en la pierna.

La tensión aumentó en los días siguientes con enfrentamientos armados en otras localidades ocupadas y culminó el 3 de agosto.

De nuevo, los indígenas de la etnia Guaraní Kaiowá fueron atacados violentamente en Douradina por hombres armados y atrincherados en camionetas y tractores. Este nuevo incidente dejó al menos 10 heridos, entre ellos una anciana y dos adolescentes. Dos indígenas quedaron en estado grave: uno fue baleado en la cabeza y otro en el cuello. La presencia de agentes especiales de la Fuerza Nacional en la región no consiguió evitar las agresiones.

“Cuando hablamos de retoma de tierras por parte de los Guaraní Kaiowá, no hay que imaginarse un movimiento organizado. Son familias con niños, personas mayores, mujeres y hombres comunes y corrientes que no tienen armas, ni medios para enfrentar la situación, ni siquiera guadañas. Simplemente ponen sus cuerpos a disposición de sus seres queridos porque ya no pueden permanecer alejados de su tierra”, señala Matias Benno Rempel, portavoz del Consejo Misionero Indígena (CIMI), una organización religiosa que apoya la causa indígena desde los años 70.

Los Guaraní Kaiowá son el segundo pueblo indígena más numeroso de Brasil, con cerca de 60.000 integrantes y representan la mayor comunidad sin tierra del gigante latinoamericano.

El reciente ataque en Douradina es el último capítulo de un largo conflicto que se remonta a principios del siglo pasado. Este territorio pertenecía originalmente a Paraguay y fue colonizado por Brasil tras la guerra que enfrentó a estos dos países. Fue un proceso violento que culminó con la segregación de los Guaraní Kaiowá en pequeños territorios, alejados de sus tierras ancestrales, que ellos consideran sagradas.

Hoy Mato Grosso do Sul es el Estado brasileño con la mayor concentración agraria. Según el Atlas Agrícola de 2017, las tierras privadas representan el 92% de este enorme territorio. En su mayoría, están en manos de terratenientes y poderosas empresas agrícolas que implantaron la monocultura de la soja, la caña de azúcar y el maíz.

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Desde entonces, los Guaraní Kaiowá luchan por recuperar lo que llaman de ‘tekoha’, el lugar físico, que puede ser tierra, selva, campo, pero también agua, animales y plantas, donde se realiza el ‘teko’, es decir, el modo de vida guaraní.

“Es un concepto muy importante para estos indígenas, que no ven la tierra como una unidad productiva que se pueda medir en hectáreas, sino que es el lugar que garantiza la tradición y la espiritualidad. Ellos creen que en cada tierra hay un ‘xiru’, que es el punto que conecta la materialidad de la vida y el territorio con la cuestión espiritual y tridimensional. Entonces, cada planta que allí crece, cada animal, cada ser vivo tiene un encantamiento que los Guaraní Kaiowá ayudan a armonizar con sus cantos y danzas para que la tierra crezca”, comparte Benno Rempel a France 24.

Un conflicto a tiro de cañón 

En la última década, la lucha de estos indígenas por sus tierras ancestrales se ha teñido de sangre en varias ocasiones. En 2015, el asesinato del líder indígena Simão Vilhalva con un tiro en la cabeza fue el detonante para un intenso confronto entre indígenas y terratenientes de la región. Ocurrió en la frontera de Mato Grosso do Sul con Paraguay, después de la invasión de propiedades que estaban a la espera de un proceso para transformarlas en áreas indígenas.

Un año después, en 2016, un joven indígena de 26 años, Clodiode Aquileu Rodrigues de Souza, falleció tras un enfrentamiento en la localidad de Caarapó. Otras seis personas resultaron heridas, entre ellos un niño de 12 años.

De nuevo, la violencia se produjo en circunstancias similares a las actuales: un grupo de productores rurales rodeó una finca que había sido ocupada dos días antes por indígenas Guaraní Kaiowá que reclamaban la titularidad de aquella área y abrió fuego. Algunas semanas después, la Policía arrestó a cinco ‘fazendeiros’, pero esto no impidió que las agresiones se repitieran.

Se trata de una cuestión estructural y de una masacre, porque aquí no hay dos partes disputando un territorio en condición de igualdad

En junio de 2022 se registró otro capítulo de este conflicto armado por la tierra. Esta vez ocurrió en la localidad de Amambai y dejó dos muertos y siete heridos, según la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB).

“Estas agresiones vienen sucediendo desde hace mucho tiempo. Lo que acaba de pasar en Douradina no es un hecho aislado. Se trata de una cuestión estructural y de una masacre, porque aquí no hay dos partes disputando un territorio en condición de igualdad”, destaca Benno Rempel del Cimi.

Tras los últimos acontecimientos, los indígenas temen caminar por las calles de Douradina.

Esta ciudad de 6.000 habitantes se ha convertido en un lugar hostil para los Guaraní Kaiowá. Varias oenegés denuncian que estos indígenas no consiguen comprar alimentos porque los comerciantes se niegan a vendérselos y que en algunos casos llegan a pasar hambre, lo que tildan de “estrategia”.

El Gobierno de Lula se mueve, los indígenas exigen mayor compromiso 

A principios de agosto, la ministra de los Pueblo Indígenas, Sonia Guajajara visitó la región para tomar conocimiento de la situación y adoptar medidas que pongan fin al ciclo de violencia que asola a estos indígenas.

Una de las acciones concretas fue triplicar el efectivo de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública que opera en la región y realizar una reunión con los agentes que acudieron a reforzar el operativo de seguridad para acercarlos a la cultura indígena y ofrecerles una mayor comprensión del estilo de vida Guaraní Kaiowá.

Sin embargo, cada vez más líderes indígenas exigen al presidente Luiz Inácio Lula da Silva un mayor compromiso en la reanudación de la demarcación de los territorios indígenas.

Se trata de un proceso de reparación histórica que comenzó con la promulgación de la actual Constitución, en 1988. La nueva Carta Magna estableció el derecho de los indígenas a la tierra y que la demarcación y protección de sus reservas es una obligación del Estado brasileño.

Inicialmente fue previsto un período de cinco años para la regularización de todas las tierras indígenas de Brasil, un plazo que no se cumplió. Aun así, desde su aprobación, todos los gobiernos han demarcado y ratificado tierras indígenas. Esta práctica solo fue interrumpida durante los mandatos de los expresidentes Michel Temer y Jair Bolsonaro.

Hay una connivencia y una falta de valor del Gobierno Federal a la hora de enfrentar al agronegocio

La vuelta al poder de Lula marcó una reversión de tendencia, o al menos fue lo que esperaban los casi 1,7 millones de indígenas que viven en Brasil.

El 1 de enero de 2023, el día de su investidura, Lula subió la rampa del Palacio del Planalto junto al cacique indígena Raoni Metuktire, máximo representante del pueblo Kayapó. También creó por primera vez en la historia de Brasil un ministerio dedicado a los pueblos indígenas.

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Durante el primer año de su tercer mandato, el presidente progresista ratificó la demarcación de ocho tierras indígenas y se espera que este año homologue otros seis territorios. Pero estas providencias son consideradas insuficientes para muchos indígenas, que empiezan a levantar voces cada vez más críticas.

“Hay que cobrar más del Gobierno Federal, que asumió el año pasado con la promesa de retomar la demarcación de las tierras indígenas. Para eso se creó el Ministerio de los Pueblos Indígenas, pero este asunto volvió a la jurisdicción del Ministerio de Justicia. Hay una connivencia y una falta de valor del Gobierno Federal a la hora de enfrentar al agronegocio y el modo de actuar de los ‘fazendeiros’”, señala Judite Stronzake, profesora de la Universidad Federal da Grande Dourados.

No es una tarea fácil, teniendo en cuenta que el sector agropecuario es clave para la economía brasileña y representa el 24% del PIB, según el Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA).

Los ruralistas, además, controlan la mitad de los escaños del Congreso Nacional, a través de 251 diputados federales y 31 senadores. No es de extrañar, por lo tanto, que el Gobierno Federal aprobó este año una línea de crédito por valor de 400.590 millones de reales (72.900 millones de dólares) destinada al agronegocio.

"El Marco Temporal es una burla, es algo perverso"

La situación ha quedado aún más complicada tras la aprobación en el Congreso de los Diputados del llamado 'Marco Temporal', una ley que establece que los pueblos indígenas sólo tienen derecho a la demarcación de las tierras que ocupaban el 5 de octubre de 1988, cuando fue promulgada la Constitución. Esta tesis es defendida por los ruralistas y rechazada por los pueblos originarios y los movimientos sociales, que la consideran una amenaza a los derechos indígenas.

“Fue recién en 1988 que los indígenas ganaron el derecho de regresar a las tierras de las que fueron expulsados a la fuerza. Antes de esta fecha, no estaban en su territorio. Entonces el Marco Temporal es una burla, es algo perverso. Es un asunto político, no técnico. Es casi un golpe político que el agronegocio intenta imponer como criterio objetivo de demarcación. Y cuando los ruralistas lo ponen encima de la mesa, la respuesta en los territorios indígenas es la violencia, porque los agricultores se sienten empoderados por esta ley. Sienten que deben impedir a toda costa que los indígenas recuperen cualquier posesión de sus territorios con la esperanza de que el Marco Temporal entre en vigor y no haya más demarcaciones”, expone Benno Rempel del Cimi.

En septiembre de 2023, el Supremo Tribunal Federal anuló la aplicación del Marco Temporal. La decisión de esta corte fue utilizada por el equipo jurídico del Gobierno brasileño para justificar el veto del presidente Lula a esta ley. Sin embargo, en diciembre del año pasado, el lobby ruralista se tomó la revancha y consiguió que el Congreso Nacional anulase el veto presidencial. Pocos días después, la ley fue promulgada.

Pero el asunto no quedó zanjado en un país donde las cuestiones de máxima importancia se deciden a golpe de recurso en los tribunales y en el que hay una lucha permanente entre el poder legislativo y el judicial.

Ante este escenario, varios partidos políticos y entidades defensoras de los derechos de los pueblos indígenas pidieron una nueva intervención de la Corte Suprema. En abril de este año, el juez Gilmar Mendes ordenó la suspensión en todo Brasil de los procesos judiciales que discuten la constitucionalidad de la ley del Marco Temporal hasta que el máximo tribunal se pronuncie definitivamente sobre el asunto.

Mendes también instauró un proceso de mediación y conciliación en el ámbito del Supremo, que cuenta con 13 miembros, designados por el Congreso, el Ejecutivo federal y los poderes locales. Su misión es buscar una solución para el reconocimiento, la demarcación y el uso de las tierras indígenas.

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La primera reunión fue celebrada el 5 de agosto, dos días después de las agresiones en Douradina, pero su actividad debe continuar al menos hasta diciembre. En aquella ocasión, Gilmar Mendes habló de “heridas abiertas que no se resuelven” y afirmó: “Se necesita voluntad política y disposición para reabrir los flancos de la negociación, despidiéndose de las certezas estratificadas, por lo que es imperativa una nueva mirada”.

Por su parte, la Comisión de Constitución y Justicia del Senado votará una propuesta de reforma a la Constitución sobre el Marco Temporal a finales de octubre, después de las elecciones municipales. Con esta votación, se espera poner fin a la disputa entre el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial sobre el tema.

Mientras tanto el Ministerio de Justicia, responsable de la demarcación de las tierras indígenas, está paralizado debido a la incertidumbre sobre el Marco Temporal. La cartera atribuye el retraso en las nuevas demarcaciones a “cambios sucesivos en el marco legal de demarcación”.

Es el mismo argumento que la ministra de los Pueblo Indígenas, Sonia Guajajara, esgrimió para explicar el impase sobre la demarcación de la tierra indígena Panambi Lagoa Rica, que alimenta los últimos conflictos en el Estado de Mato Grosso do Sul. “No tenemos ninguna duda de que el intento de recuperar los territorios es consecuencia de la nueva discusión del marco temporal”, señala la ministra, en referencia a la ocupación por parte de los pueblos indígenas de regiones reivindicadas como territorios tradicionales y controlados por los ‘fazendeiros’.

En abril, Lula propuso al gobernador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, comprar tierras y entregarlas a los Guaraní Kaiowá como forma de reparación. “Quiero decirles que si encuentran terrenos para que podamos recuperar la dignidad de esas personas, el Gobierno federal será un socio en la compra y el cuidado de ellos para que puedan volver a vivir con dignidad. No es posible que se queden viviendo al borde de la carretera”, dijo el mandatario.

Tras los últimos disturbios, el presidente Lula se reunió el 19 de agosto con varios ministros para discutir la cuestión indígena y buscar una solución. La reunión abordó, en particular, a los grupos étnicos Yanomami y Guaraní Kaiowá, pero hasta la fecha no han sido anunciadas medidas concretas, ni la reanudación de la demarcación de estas reservas indígenas, la única solución que esperan los Guaraní Kaiowá.