Brasil cierra un 2024 marcado por retos económicos y de seguridad y la consolidación de su política exterior. En primer plano se ubicaron, además, la cumbre del G20 que acogió el país, los procesos judiciales del exmandatario Jair Bolsonaro, la salud del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y la situación fiscal. ¿Qué pasó este año y qué se avecina en el gigante suramericano?

Bolsonaro, Lula, la economía, el medio ambiente y la seguridad son los temas que han signado este 2024 a Brasil y que se prevé que planeen también el próximo año en el panorama del país.

En la arena positiva, el 2024 termina con al menos dos buenas noticias para el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Por un lado, el mandatario se recuperó satisfactoriamente de la operación por un hematoma intracraneal, consecuencia de la caída que sufrió en octubre pasado. Por el otro, el Congreso aprobó en la última sesión del año el paquete de recortes de gastos del Gobierno federal para equilibrar las cuentas públicas. Se trata un buen resultado en un escenario económico incierto, con el dólar batiendo todos los récords y alcanzando el mayor nivel de la historia y un nuevo incumplimiento de la meta de inflación, como reconoció el Banco Central. 

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G20 y Mercosur: goles de la política exterior 

En el campo internacional, Lula puede apuntarse varios éxitos. Consiguió el apoyo de las grandes potencias para lanzar la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza durante el G20, celebrado en noviembre en Río de Janeiro. Se trata de un mecanismo que pretende erradicar el hambre para el año 2030 y reducir las desigualdades en todo el mundo.

Además, el mandatario brasileño logró articular un amplio consenso en torno a la declaración final del G20, a pesar de la oposición inicial del presidente de Argentina, Javier Milei.

Finalmente, su contribución fue decisiva para llegar a la firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, tras una larga y difícil negociación que se extendió durante 25 años. Eso sí, para entrar en vigor, el acuerdo tendrá que ser ratificado por al menos 15 Estados miembros, que representan el 65% de la población del bloque de 27 países europeos. 

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Los líos de Bolsonaro 

La situación judicial del ultraderechista Jair Bolsonaro tuvo este año y tendrá el próximo, sin duda, una influencia significativa en la escena política brasileña.

El expresidente es acusado, entre otras cosas, de intento de golpe después de perder las elecciones en 2022 y de participar en la planificación del asesinato de Lula y de su número dos, Geraldo Alckmin. Varios juristas creen que podría ser imputado o incluso encarcelado en el primer semestre de 2025.  

Su situación se ha complicado tras el encarcelamiento del general Walter Braga Netto, que fue ministro de la Presidencia y  de Defensa durante su mandato e incluso concurrió a su lado para el cargo de vicepresidente, en 2022. El general ha escogido para su defensa al abogado José Luís de Oliveira Lima, que negoció la delación premiada de varios políticos procesados por el caso Lava-Jato. Para varios analistas, esto significa que Braga Netto podría intentar una reducción de pena a cambio de ofrecer a la Policía Federal información comprometedora para el exmandatario de extrema derecha. 

Bolsonaro, mientras tanto, ha pedido reiteradamente la amnistía en entrevistas concedidas recientemente a la prensa brasileña para, en sus palabras, “pacificar” el país.

Su apelación se dirige a Lula y al juez Alexandre de Moraes, que instruye el caso. Tampoco descarta refugiarse en una embajada, al considerarse “víctima de una persecución”. El exmandatario está inhabilitado políticamente y hasta 2030 no podrá presentarse a las elecciones. En varias ocasiones ha prometido revertir esta situación, aunque no ha detallado cómo piensa conseguir la anulación de la sentencia del Tribunal Superior Electoral.  

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2025, un punto de inflexión para Lula

Con este panorama, 2025 presenta varios desafíos a Lula, que el 1 de enero completa dos años en el poder. Es el ecuador de su mandato y también un momento delicado.

El tercer año suele representar un punto de inflexión. Desde la redemocratización de Brasil, todos los presidentes han enfrentado profundas crisis durante el tercer año en el cargo. Revisando  la historia reciente del gigante latinoamericano, la forma en que los mandatarios encararon los momentos de adversidad tuvo un impacto directo en sus Gobiernos a corto o largo plazo. 

Para citar dos ejemplos, a finales de los años 1980, Fernando Collor de Mello heredó de José Sarney una hiperinflación que le obligó a lidiar con una profunda crisis económica en su tercer año de mandato. El resultado fue su 'impeachment' (destitución) en 1992.

Por su parte, la sucesora de Lula, Dilma Rousseff, enfrentó amplias manifestaciones y un profundo descontento social en 2013, en el tercer año de su primer mandato. La crisis económica galopante y la falta de apoyos en el Congreso minaron su poder y culminaron en 2016 con otro impeachment. Rousseff ni siquiera llegó al tercer año del segundo mandato.  

¿’Efecto Biden'?: las dudas sobre la salud de Lula 

Lula tendrá que lidiar con la maldición del tercer año, que suele ser el momento en el que un presidente necesita mostrar hacia dónde pretende llevar la acción del Ejecutivo.

La cirugía en la cabeza ha mermado la imagen que intenta proyectar de un político fuerte y carismático. A sus 79 años, Lula no consigue evitar una especie de ‘efecto Biden’ a la brasileña. A pesar de las fotos oficiales, en las que se muestra haciendo actividad deportiva y a pesar de su esposa Janja, 21 años más joven, es imposible obviar un detalle importante: en 2026, cuando se disputarán las próximas elecciones presidenciales, Lula tendrá 81 años. Si ganase de nuevo, acabaría un hipotético cuarto mandato con 85 años.  

En los bastidores, ya se empieza a hablar de sucesión, aunque todavía no haya un heredero a la vista. Incluso el expresidente de Uruguay, José Mujica, lamentó recientemente que Lula a sus casi 80 años no tenga un sucesor. “Esta es la desgracia de Brasil”, dijo en una entrevista concedida a finales de noviembre.

A partir de enero, Lula tiene la intención de centrar la acción de su Gobierno en la economía y la seguridad pública. Sin embargo, 2025 va a ser inevitablemente un año preelectoral, en el que tanto sus aliados como sus detractores intentarán descubrir si piensa ser candidato de nuevo en 2026. 

Además, Lula tendrá que enfrentar un Congreso cada vez más hostil en un escenario desfavorable, en el que el Partido de los Trabajadores no tiene la mayoría. Desde el 'impeachment' de Dilma Rousseff, el Congreso concentra cada vez más poder en sus manos, hasta el punto de que varios politólogos creen que Brasil avanza inexorablemente hacia el parlamentarismo. 

Mantener el gasto social vs. apretarse el cinturón

En el frente económico, 2025 es el año en el que el Gobierno espera poner orden en las cuentas públicas para recobrar la confianza de los mercados, asustados con el gasto social de Lula.

El instrumento principal será el paquete fiscal que el Gobierno lleva negociando desde hace meses con varias formaciones políticas. Presentado a finales de noviembre por el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, este conjunto de medidas prevé un significativo recorte de gastos que, en teoría, permitirá ahorrar hasta 70.000 millones de reales (11.130 millones de dólares) en 2025 y 2026.  

Los principales recortes afectarán el crecimiento anual del salario mínimo, que deberá permanecer por debajo del 2,5% y no será proporcional a la tasa de inflación, como pasaba hasta ahora. Además, se crean mecanismos de control para evitar fraudes con la Bolsa Familia, el programa de transferencia de renta creado por Lula en su primer mandato.

Los militares también serán afectados: la edad mínima para la jubilación, actualmente fijada en 50 años, debe aumentar y también se establecerá una edad mínima de reserva. En el campo fiscal, el Ejecutivo quiere eliminar los impuestos de los trabajadores que ganan menos de 5.000 reales por mes (822 dólares) y subirlos a quien gana más de 50.000 reales mensuales (8.228 dólares). 

El Congreso aprobó este paquete en la última sesión del año, aunque con modificaciones que han desvirtuado el proyecto original del ministro Haddad y que pueden reducir el monto de ahorro que el Gobierno esperaba conseguir hasta el final de la legislatura.

El Ejecutivo probablemente no conseguirá reducir los sueldos exorbitantes de algunos cargos en el sector público.  Además, la Prestación de Pago Continuo, un subsidio para las personas con discapacidad y de las personas mayores en situación de vulnerabilidad, será prácticamente mantenida sin grandes recortes. 

A pesar de este esfuerzo, la reacción del mercado no ha sido la esperada: la cotización del dólar se disparó hasta los 6,30 reales y el Banco Central se vio obligado a intervenir con subastas para contener la subida de la moneda. Cabe recordar que la Bolsa brasileña acumula la mayor fuga de capitales extranjeros en ocho años. Los inversores de otros países ya habían retirado 25.900 millones de reales (4.285 millones de dólares) de la Bolsa de Brasil para finales de noviembre, según datos de la consultora Elos Ayta. 

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Como de costumbre, el presidente de izquierda se muestra optimista. “Todo lo que planeamos hacer hasta ahora se ha cumplido. Creamos el nuevo Programa de aceleración del crecimiento (PAC) y lanzamos todos los programas que había que lanzar. Yo vengo diciendo a mis ministros: ya hemos sembrado. Ahora, en 2025, es año de cosecha. Empecemos a cosechar lo que sembramos. Es un compromiso de honor de mi parte”, asegura.  

Los retos medioambientales en un país megadiverso 

A lo largo de 2024, la deforestación de la Amazonía ha bajado 30% y en el Cerrado un 25%, según datos oficiales. El Ejecutivo destaca que, “como resultado, hubo una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de 400,8 millones de toneladas de CO2e por deforestación en la Amazonía y en el Cerrado con relación al ciclo 2021/22”.  Paralelamente, se agudizaron fenómenos climatológicos extremos como sequía e inundaciones. Muchos expertos señalan que son causados por el cambio climático y que se han convertido en un problema crónico para Brasil. 

En 2024, el Pantanal y la Amazonía registraron los peores incendios de las últimas dos décadas, según datos del Observatorio Europeo Copernicus. Esta agencia calcula que, entre el 1 de enero y el 19 de septiembre de 2024, Brasil emitió 183 megatones de carbono a la atmósfera. 

Para el Instituto del Hombre y del Medio Ambiente de la Amazonía (Imazon), la degradación forestal en la Amazonía alcanzó cifras récord en 2024. Entre enero y septiembre de este año se perdieron 26.246 kilómetros cuadrados de bosque, una superficie equivalente a todo Haití.  

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La declaración final de la Cumbre de Líderes del G20 reafirmó el compromiso de los países del grupo de intensificar los esfuerzos para garantizar la sostenibilidad ambiental y climática y afrontar los “desafíos derivados del cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la desertificación, la degradación de océanos y suelos, las sequías y la contaminación”.

Al margen de estas declaraciones de principios, no queda claro cómo el Gobierno de Lula pretende luchar contra los crímenes ambientales que amenazan los biomas brasileños. La plataforma de inteligencia artificial PrevisIA, del instituto de investigación Imazon, prevé que en 2025 serán destruidos 6.531 kilómetros cuadrados de bosques si no se protegen las zonas con mayor riesgo de deforestación de la Amazonía. 

En más de una ocasión, Lula ha sido criticado por la discrepancia entre su discurso a favor del medio ambiente y su empecinamiento en explotar petróleo y gas en la desembocadura del río Amazonas, en el llamado ‘margen ecuatorial’. En septiembre de este año, advirtió que, sin nuevos frentes de explotación petrolífera, Brasil dejaría de recaudar unos tres billones de reales (unos 490.000 millones de dólares) en impuestos y royalties en el período entre 2032 y 2055.

“Esta es la mayor incoherencia del Gobierno actual. Lula se posiciona en la arena internacional como un líder climático y, de hecho, ha asumido un papel de liderazgo en este ámbito. Al mismo tiempo, una parte de su Gobierno habla abiertamente de convertirse en el cuarto mayor explotador de petróleo del mundo y quiere abrir explotaciones petrolíferas en lugares sensibles, como el margen ecuatorial de la Amazonía. Son dos papeles incompatibles: o eres un líder climático o eres el cuarto explotador de petróleo más grande del mundo”, señala Stella Hershman, experta en política climática del Observatorio del Clima.  

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Seguridad pública, la crisis sin solucionar

Río de Janeiro, la ciudad más turística de Brasil, tiene 10 tiroteos por día o, lo que es lo mismo, fueron contabilizados 4.000 embates armados en lo que va de año. A nivel nacional, Brasil registró más de 26.000 homicidios dolosos de enero a noviembre de 2024, según datos del Gobierno federal. Paralelamente, la letalidad policial aumentó un 98% en el estado de São Paulo, donde gobierna un aliado de Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, favorable a usar la mano dura contra el crimen a cualquier precio. 

Desde finales de 2023, varios ministros de Lula le advirtieron sobre el riesgo de no dar prioridad a la cuestión de la seguridad pública.

En octubre, Lula se reunió con los gobernadores brasileños y propuso un gran pacto sobre seguridad pública, que deberá ser acompañado de diferentes medidas para estimular una mayor integración entre las fuerzas de seguridad para luchar contra la violencia.

 Junto a la economía, la seguridad es considerada por los asesores gubernamentales un tema crucial para mejorar la aprobación de Lula. Habrá que ver cómo Lula piensa tirar del papel el pacto sobre seguridad y, sobre todo, con qué presupuesto, en año marcado por los recortes. 

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