La falta de resultados, la dilatación de procesos y una “investigación insuficiente” por parte del Gobierno de Nicolás Maduro, referente a las denuncias de violaciones en las protestas antigubernamentales de 2017, fue lo que movió a la Corte Penal Internacional a tomar las riendas de las pesquisas de Caracas.

Para la Corte Penal Internacional, el régimen de Nicolás Maduro no ha hecho los esfuerzos necesarios para identificar los delitos cometidos durante las manifestaciones de 2017 en contra del Gobierno. 

En las protestas, entidades internacionales de derechos humanos denunciaron la fuerte represión de la marcha contra el Gobierno que dejó un centenar de muertos, acusaciones que la administración de Maduro no negó, pero que han sido señaladas por carecer de rigurosidad. 

El tribunal había suspendido la investigación sobre presuntos delitos, incluido el uso excesivo de la fuerza y la tortura, después de que Venezuela solicitó hacerse cargo del caso por medio de su justicia nacional en 2022.

Siete meses después, el fiscal Karim Khan intentó reabrir su investigación, diciendo que los esfuerzos venezolanos para impartir justicia "siguen siendo insuficientes en su alcance o aún no han tenido ningún impacto concreto en los procedimientos potencialmente relevantes".

Este martes 27 de junio la CPI reconoció que los procesos judiciales internos de Venezuela, respecto a este aspecto, se han enfocado en los autores materiales de los crímenes, pero sin ningún enfoque para castigar a los autores intelectuales de los delitos.

“Las investigaciones internas parecen no abordar suficientemente las formas de criminalidad que la Fiscalía pretende investigar, refiriéndose en particular a la intención discriminatoria que subyace al presunto delito de persecución y la investigación aparentemente insuficiente de los delitos de naturaleza sexual”, señaló la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI. 

Bajo este argumento, el tribunal internacional delegó a su fiscal, Karim Khan, para la retoma de las pesquisas, precisando que con este anuncio “no se le impide a Caracas proporcionar material que determine la inadmisibilidad sobre la base de la complementariedad”. 

En otras palabras, el camino todavía queda abierto para que el país sudamericano demuestre que su poder judicial tiene en estado avanzado sus investigaciones y que no es necesaria la intervención de la CPI. El Estado venezolano también puede apelar la decisión del gran tribunal.

Sin embargo, la decisión de la Corte se basó en informes de los fiscales que han revisado muchos de los casos denunciados, sumados a los formularios entregados por más de 8.000 víctimas en la represión.

Con el fallo de este martes llegó el aplauso de Human Rights Watch: "Con la decisión de hoy, los jueces de la CPI han dado luz verde al único camino creíble hacia la justicia para las víctimas de abusos por parte del gobierno de Nicolás Maduro", dijo Juanita Goebertus, directora de la entidad para el continente americano.

 "La decisión confirma que Venezuela no está actuando para hacer justicia por los crímenes que probablemente estén dentro de la investigación de la CPI. La impunidad sigue siendo la norma", agregó. 

Los antecedentes del caso

Un año después de las masivas protestas en las que se denunciaron los presuntos casos de crímenes de lesa humanidad, miembros de Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, adelantaron indagaciones que no solo se remontaron a las manifestaciones antigubernamentales, sino que se escalaron hasta principios de 2014, un año después que Maduro asumió el poder. 

La CPI es una alta Corte internacional en la que llegan los casos de última instancia en los que presuntamente hayan ocurrido crímenes de lesa humanidad y otros delitos graves.

Los procesos judiciales llegan hasta este punto solo cuando los países implicados no han podido llevar a cabo las investigaciones o cuando simplemente no quieren hacerlo.

Para el caso de Venezuela, las pesquisas quedaron inicialmente a cargo de la predecesora de Khan, la fiscal Fatou Bensouda. 

Ella realizó una investigación preliminar y en 2020 su hallazgo sirvió de base para concluir que se habían cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, por lo menos desde abril de 2017.

La investigación de Bensouda se centró principalmente en las denuncias de uso excesivo de la fuerza, detención arbitraria y tortura por parte de las fuerzas de seguridad durante la represión de las protestas antigubernamentales en 2017 y no se conocieron resultados de posibles casos cometidos desde 2014. 

Los jueces también señalaron que "Venezuela parece haber tomado medidas de investigación limitadas y que, en muchos casos, parece haber períodos de inactividad investigativa inexplicable", dijo el tribunal en su declaración.

Con Reuters y AP