Un tribunal de Hong Kong condenó este martes 19 de noviembre a 45 activistas prodemocracia por “conspiración para subvertir el poder del Estado" por haber participado en la organización de elecciones primarias no oficiales en 2020. Las penas van de entre cuatro a diez años de prisión. Este juicio suscitó críticas internacionales, especialmente por parte de Estados Unidos y de la ONU.

Se cierra un juicio histórico en Hong Kong. Este martes 19 de noviembre, 45 activistas prodemocráticos fueron condenados a hasta 10 años de cárcel bajo la ley de seguridad nacional impuesta por Beijing.

Estos activistas fueron considerados culpables de haber participado en la organización de elecciones primarias no oficiales en 2020 con el objetivo de elegir a candidatos de partidos democráticos para unas elecciones legislativas. Fueron detenidos en 2021 y acusados de conspiración para cometer actos de subversión y de querer paralizar el Gobierno.

Entre los condenados está Benny Tai, un exprofesor de derecho considerado como el “cerebro” de estas operaciones. Fue condenado a diez años de cárcel, la pena más larga impuesta hasta ahora bajo la ley de seguridad nacional.

Au Nok-hin, Andrew Chiu, Ben Chung y Gordon Ng, son otros de los detenidos, que fueron condenados a penas de seis años y nueve meses, siete años, seis años y un mes y siete años y tres meses, respectivamente, por ser considerados organizadores de esas elecciones.

Por otra parte, Kwok Ka-ki, Jeremy Tam, Claudia Mo, Andy Chui y Gary Fan han recibido las penas más bajas, de cuatro años y dos meses.

Largo y polémico juicio

En 2020, se organizaron elecciones primarias en Hong Kong de forma no oficial por el campo prodemocrático en las que más de 600.000 votantes eligieron a candidatos para las elecciones legislativas.

Sin embargo, en virtud de la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Beijing en junio de 2020, 47 activistas fueron acusados de haber participado en la organización de estas elecciones y de haber planeado bloquear proyectos y paralizar el Gobierno en caso de ser elegidos y de eventualmente planear la dimisión de la entonces jefa del Ejecutivo, Carrie Lam.

Tres jueces del Tribunal Superior, elegidos por el dirigente municipal para instruir casos relacionados a la seguridad nacional denunciaron un complot para “socavar, destruir o derrocar” el Gobierno municipal con el riesgo de provocar una crisis constitucional tras las elecciones legislativas. En total, fueron 47 los activistas implicados en el proceso, pero dos acusados fueron absueltos.

Hong Kong es una Región Administrativa Especial de la República Popular China desde 1997 y goza de una cierta autonomía, tiene su propio sistema judicial, legislativo y ejecutivo. Su estatus está definido por el principio de "un país, dos sistemas".

Sin embargo, Beijing impuso una Ley de Seguridad el 30 de junio de 2020, en respuesta, en parte, a las grandes manifestaciones prodemocráticas que sacudieron Hong Kong en 2019. El objetivo de esa ley es reprimir los actos de “secesión, subversión, terrorismo y connivencia con fuerzas exteriores” y cualquier amenaza a la “seguridad nacional”. Además, el 19 de marzo de 2024, el Consejo Legislativo de Hong Kong votó a favor de un nuevo texto que completa esta ley.

Según las organizaciones internacionales y especialmente Amnistía Internacional, esta ley permite el “desmantelamiento de los derechos humanos” con el aumento de los poderes de la policía, el enfrentamiento de hasta diez años de cárcel si se critica al Gobierno, el riesgo de cárcel si no se denuncia a terceros y la prohibición de injerencia extranjera, con una definición muy amplia de lo que esto significa.

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Crítica internacional

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación este martes, pero explicó que no tenía planes de cortar su diálogo en curso con China.

“Estamos profundamente preocupados por el uso de estas leyes de seguridad (…) Seguiremos dialogando con las autoridades chinas, como hemos hecho en el pasado. Nada cambia a este respecto”, declaró Jeremy Laurence, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Estados Unidos también denunció este juicio. “El Gobierno de Estados Unidos condena la continua persecución de individuos aquí en Hong Kong que expresan sus opiniones políticas… ejerciendo su libertad de expresión”, dijo Roxie Houge, jefa de asuntos políticos en el consulado estadounidense de Hong Kong.

Además, Reino Unido acusó a Beijing de querer impedir la oposición política.

“La imposición por China de la Ley de Seguridad Nacional en Hong Kong ha erosionado los derechos y libertades de los hongkoneses (…), la condena de hoy es una clara demostración del uso que hacen las autoridades de Hong Kong de la NSL para criminalizar la disidencia política”, declaró la ministra británica para el Indo-Pacífico, Catherine West.

En Australia, también se elevaron las voces en contra de esta condena. 

"Pedimos a China que ponga fin a la supresión de las libertades de expresión, reunión, medios de comunicación y sociedad civil, en consonancia con las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos y del Procedimiento Especial, incluida la derogación de la Ley de Seguridad Nacional en Hong Kong", expresó el Ministerio de Asuntos Exteriores. 

Por su parte, Beijing apoyó a Hong Kong “en la salvaguarda de la seguridad nacional”, como declaró Lin Jian, portavoz de Exteriores de China, en una rueda de prensa.

 

Con EFE y Reuters