La Cancillería argentina anunció este jueves 2 de enero una denuncia contra Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI) por “la detención arbitraria y desaparición forzada del ciudadano argentino Nahuel Gallo”, un miembro de su gendarmería arrestado el 8 de diciembre en la frontera con Colombia, cuando trataba de visitar a su pareja e hijo.

Un boletín oficial de la Cancillería de Argentina indicó este jueves 2 de enero que el caso de un gendarme argentino (fuerza militar) detenido por Venezuela será llevado a la Corte Penal Internacional (CPI).

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo el pasado domingo que el gendarme Nahuel Gallo ha sido imputado por los delitos de conspiración, terrorismo, financiación al terrorismo y asociación ilícita, y que disponían de "información de inteligencia que lo vincula con la planificación de acciones desestabilizadoras y terroristas en territorio venezolano".

El Gobierno argentino, encabezado por el ultraderechista Javier Milei, ha calificado la detención y posterior aislamiento de Gallo como "una violación grave y flagrante de los Derechos Humanos, evidenciando un patrón sistemático de crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo" en Venezuela, "los cuales se encuentran claramente bajo la jurisdicción de la CPI".

La Cancillería argentina agregó que el Gobierno de Milei “continuará utilizando todos los recursos legales y diplomáticos para garantizar los derechos” de Gallo.

El ministerio de Exteriores venezolano respondió catalogando de "espectáculo penoso" el recurso ante la CPI.

"Evocar el Estatuto de Roma, claramente desconocido por ellos, para alimentar su obsesión política enferma, es una muestra no solo de ignorancia, sino de una escandalosa falta de seriedad", aseguró el canciller venezolano Yván Gil en un mensaje publicado en Telegram.

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Historial de enfrentamientos 

El Gobierno de Nicolás Maduro es investigado por la CPI desde 2021, luego de que el fiscal Karim Khan anunciara la apertura oficial de un proceso, al cabo de un examen preliminar que se extendió desde 2017. La investigación busca establecer si en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad, y ha conducido a la apertura de una oficina de la CPI en Venezuela.

No es el único proceso que pone bajo la lupa el récord de Derechos Humanos del Gobierno de Maduro. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas designó una Misión Independiente de Determinación de Hechos, que concluyó en 2020 que las violaciones a las garantías individuales cometidas en el país constituían crímenes de lesa humanidad.

En 2023, el programa The Docket de la Fundación Clooney para la Justicia, encabezada por la abogada defensora de Derechos Humanos Amal Clooney, radicó una causa contra Maduro en un tribunal argentino, basada en el principio de jurisdicción universal, y en 2024 la Justicia argentina anunció que se declaraba competente para “reabrir la investigación por la responsabilidad del Gobierno de Nicolás Maduro en crímenes y violaciones de derechos humanos ocurridos en Venezuela”, según un boletín del Sistema Argentino de Información Jurídica.

En septiembre pasado, el enfrentamiento entre los Gobiernos de Milei y Maduro escaló aún más.

La Cancillería argentina exhortó a la CPI a emitir una orden de captura contra el mandatario venezolano, por el “agravamiento de la situación” luego de las elecciones del 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral declaró ganador a Maduro, a pesar de que la oposición ha mostrado actas obtenidas por sus testigos electorales que demostrarían el triunfo del opositor Edmundo González Urrutia y que han sido validadas por expertos independientes, incluyendo el Centro Carter, que actuó como observador en el proceso.

La Fiscalía venezolana respondió días después pidiendo a su vez una “orden de aprehensión” contra Milei, su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, por la entrega y posterior desmantelamiento de un avión de la línea venezolana de carga Emtrasur, a cargo de tripulación iraní, que se encontraba varado en Buenos Aires producto de un decomiso ordenado por el Departamento de Justicia estadounidense.

Caracas y Buenos Aires se han enfrentado también por el asilo otorgado por Argentina en marzo a seis dirigentes de la oposición venezolana, cinco de los cuales se encuentran todavía alojados en la residencia del embajador, que quedó bajo custodia brasileña luego de la ruptura de relaciones que siguió a las elecciones presidenciales.

Los asilados, todos miembros del equipo de trabajo de la líder opositora María Corina Machado, son acusados por el Gobierno de Maduro de realizar actividades terroristas y permanecen sin servicio eléctrico, agua ni internet.

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Entrada ilegal vs. visita familiar

De acuerdo con la Cancillería de su país, Nahuel Gallo, un suboficial de la gendarmería de 33 años, intentó ingresar a Venezuela por el puesto fronterizo del Puente Internacional Francisco de Paula Santander en Táchira para visitar a su compañera y al hijo de ambos, que cumple dos años en enero.

Los dos se encontraban desde hacía siete meses en Venezuela, por compromisos con su familia en ese país.

Sin embargo, el fiscal William Saab asegura que Gallo trató de entrar ilegalmente al país y ahora se le investiga "por su conexión con un grupo de personas que intentaron" desde Venezuela "y con el apoyo de grupos internacionales de extrema derecha llevar a cabo una serie de acciones desestabilizadoras y terroristas".

Desde su detención el 8 de diciembre, Gallo se encuentra incomunicado, sin acceso a abogados de su elección y, pese a que el comunicado de la Fiscalía en el que consta su imputación afirma que ha sido puesto a disposición de un juez, la compañera del suboficial, María Gómez, asegura que desconoce ante qué tribunal fue presentado o cuál es su centro de reclusión.

Más de 2.000 personas han sido encarceladas después de las elecciones presidenciales, acusadas de participar en protestas o de intentar cometer actos terroristas.

Aunque la Fiscalía asegura que se han producido 1.369 excarcelaciones en los últimos días, producto de un "proceso permanente de verificación de casos", la organización no gubernamental de defensa de los derechos humanos Foro Penal contabiliza aún 1.794 personas privadas de libertad en el marco de los eventos poselectorales.

Con EFE, AFP, Reuters y medios locales