Los fiscales franceses presentaron este miércoles 12 de noviembre su propuesta de sentencia en el juicio por malversación de fondos de la UE contra la líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen. En medio del caso,  las ambiciones presidenciales de la dirigente política están en juego.

Durante semanas, Marine Le Pen ha dedicado toda su energía a luchar contra lo que ella llama acusaciones injustas de que su partido malversó fondos del Parlamento Europeo.

La principal figura de extrema derecha de Francia se enfrenta ahora a un momento crucial en un juicio de alto perfil en el que está en juego su elegibilidad para postularse a la Presidencia en 2027.

Le Pen espera un veredicto de culpabilidad, mientras los fiscales concluyen su caso este miércoles 12 de noviembre y presentan su propuesta de sentencia. Está previsto que el juicio termine por completo el próximo 27 de noviembre, con un veredicto en una fecha posterior.

El partido de Ultraderecha Agrupación Nacional y 25 de sus funcionarios, incluida Le Pen, están acusados ​​de haber utilizado dinero destinado a los asistentes parlamentarios de la UE para pagar al personal que trabajó para el partido entre 2004 y 2016, en violación de las regulaciones del bloque de 27 países. Para entonces, la bancada de la ultraderecha francesa se llamaba Frente Nacional.

La semana pasada, cuando se dirigía a la sala del tribunal de París, Le Pen le deseó a Donald Trump “mucho éxito” en un mensaje en la plataforma X. En medio de su situación ante la justicia, la líder de extrema derecha, que ha prometido postularse a la Presidencia por cuarta vez en 2027, puede tener en mente la condena por delito grave de Trump a principios de este año, que finalmente no desvió su camino de la Casa Blanca.

Desde el inicio del extenso y complejo juicio, Le Pen ha tenido una presencia contundente, sentada en primera fila, permaneciendo allí durante largas horas hasta la noche y expresando su irritación por las acusaciones que, según ella, son erróneas.

Abogada de formación, sigue los procedimientos con extrema atención, a veces inflando las mejillas, haciendo saber su desacuerdo con enérgicos movimientos de cabeza y acercándose a grandes zancadas para consultar con sus abogados, haciendo sonar sus tacones sobre el duro suelo de madera de la sala del tribunal.

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La posible inhabilitación, la mayor preocupación de Le Pen

Si son hallados culpables, Le Pen y sus coacusados ​​podrían enfrentarse a hasta 10 años de prisión y multas de hasta 1 millón de euros cada uno. 

Pero en los últimos días, la mayor preocupación de Le Pen se ha centrado en la capacidad del tribunal para imponer un período de inelegibilidad para postularse a un cargo público. Un caso similar que involucraba a un partido centrista francés terminó con multas y sentencias de prisión suspendidas a principios de este año.

Se la pudo ver discutiendo con sus abogados las complejidades legales de un escenario de este tipo que podría obstaculizar, o incluso destruir, su objetivo de presentar otra candidatura presidencial. Le Pen quedó segunda en las elecciones presidenciales de 2017 y 2022, después del presidente Emmanuel Macron, y el apoyo electoral de su partido ha crecido en los últimos años.

En declaraciones a los periodistas fuera de la sala del tribunal, Le Pen pareció preparar el terreno para una posible condena con comentarios sobre un veredicto de culpabilidad que describió como previsible, pero dijo que no se trataba de renunciar o reducir sus ambiciones políticas.

"Creo que no logramos convencerlos", dijo Le Pen al panel de tres jueces la semana pasada, mientras detallaba sus argumentos en un discurso de una hora y media salpicado de comentarios políticos que aparentemente estaban destinados a ser escuchados por los numerosos periodistas en la sala del tribunal.

Le Pen negó las acusaciones de que había estado al frente de "un sistema" destinado a desviar el dinero del Parlamento Europeo en beneficio de su partido, que dirigió de 2011 a 2021.

En cambio, argumentó que las misiones de los asistentes debían adaptarse a las diversas actividades de los eurodiputados, incluidas algunas misiones altamente políticas relacionadas con el partido.

El asistente parlamentario "es un estatus", dijo. "No dice nada sobre el trabajo, nada sobre el trabajo requerido, desde el secretario hasta el redactor de discursos, desde el abogado hasta el diseñador gráfico, desde el guardaespaldas hasta el empleado de la oficina del eurodiputado".

Los coacusados ​​​​de Le Pen, la mayoría de los cuales le deben su carrera política o profesional, testificaron bajo su estrecha vigilancia.

Algunos de los asistentes dieron explicaciones embarazosas y confusas, ante la falta de pruebas de que su trabajo estuviera relacionado con el Parlamento Europeo.

A menudo, se podía oírla aportar precisiones o rectificaciones, incluso, cuando no era su turno para dirigirse al tribunal. A veces, Le Pen  enfatizaba un punto que ellos planteaban con un fuerte "voilà" ("eso es todo").

Le Pen insistió en que el partido "nunca recibió la más mínima protesta del Parlamento" hasta una alerta de 2015 lanzada por Martin Schulz, entonces presidente del organismo europeo, a las autoridades francesas sobre un posible uso fraudulento de fondos de la UE por parte de miembros del entonces Frente Nacional.

"Retrocedamos en el tiempo. Las reglas o no existían o eran mucho más flexibles", subrayó.

Le Pen teme que el tribunal sacara conclusiones erróneas de las prácticas ordinarias del partido que ella dijo que eran legítimas.

"Es injusto", repitió. "Cuando uno está convencido de que el tomate significa cocaína, ¡toda la lista de la compra se vuelve sospechosa!", describió.

La presidenta del tribunal, Bénédicte de Perthuis, aseguró que independientemente de las cuestiones políticas que estén en juego, el tribunal debe ceñirse a un razonamiento jurídico.

"Al final, la única cuestión que importa (…) Es determinar, basándose en el conjunto de pruebas, si los asistentes parlamentarios trabajaban para el eurodiputado al que estaban vinculados o para Agrupación Nacional", sostuvo de Perthuis.

Patrick Maisonneuve, abogado del Parlamento Europeo, afirmó que el costo de la presunta malversación se estima en 4,5 millones de euros. "En las últimas semanas, ha quedado muy claro que el fraude está, creo, ampliamente establecido", remarcó ante la prensa el martes 12 de noviembre.

Maisonneuve agregó que algunos de los acusados ​​parecían tener instrucciones "de dar las mismas respuestas colectivas, como buenos soldados, para el partido y para salvar al jefe".

En su última audiencia antes de que hablen los fiscales este miércoles, Le Pen pidió a los jueces que vean "pruebas de (su) inocencia".

“El tribunal puede decir que somos desordenados, a veces desorganizados (…) No es un delito”, remarcó.

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Con AP

Este artículo fue adaptado de su versión original en inglés