Este martes 9 de julio fue archivado el denominado caso ‘Tsunami Democràtic’ que se seguía en contra del expresidente catalán Carles Puigdemont y Rubén Wagensberg por supuesto terrorismo. El Tribunal Supremo de España anunció el cierre de la polémica investigación contra Puigdemont, el expresidente catalán que ha vivido en el exilio en Bélgica desde 2017, debido a un error procesal que ha sacudido el sistema judicial. 

“Una alegría sin matices”, así calificó Carles Puigdemont la decisión del Tribunal Supremo de España de archivar la causa en su contra por supuesto terrorismo dentro del caso ‘Tsunami Democràtic’. 

Ocurre pocas horas después de que el juez Manuel García-Castellón, instructor de la Audiencia Nacional, decidiera lo mismo para 10 investigados. Esto lo hizo debido al auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que aceptó el recurso presentado por la defensa de Marta Molina, secretaria de Movimientos Sociales de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y una de las procesadas en esta causa.

La sala anuló las diligencias hechas por orden de García-Castellón desde el 29 de julio de 2021 porque, según el auto, el juez prorrogó la investigación fuera del plazo correspondiente. La prórroga se aprobó el 30 de julio, cuando el plazo acabó el 29 de ese mes. Por ello, todo lo recabado después de esa fecha fue anulado. La sala ordenó también a García-Castellón que, a partir de lo que haya indagado hasta el 29 de julio de 2021, resuelva si hay elementos para procesar a los investigados o, de lo contrario, debería archivar la investigación. 

García-Castellón desistió y cerró la investigación en contra de Molina y los otros nueve procesados en esta instancia judicial. Mientras que el caso en contra de Puigdemont, exiliado en Bélgica, y Rubén Wagensberg, exiliado en Suiza, sobre esta misma investigación, que estaba en manos del Tribunal Supremo, tuvo la misma suerte.

La jueza Susana Polo, instructora del alto tribunal, adoptó la misma decisión de García-Castellón debido a que el Tribunal Supremo asumió la competencia de la causa en contra de los dos diputados sobre informes que ocurrieron en el ahora invalidado periodo de investigaciones; es decir, con indagaciones después de julio de 2021.

“Sabían que la acusación de terrorismo era delirante, pero eso les importaba poco, y menos si eran ellos quienes tenían el resorte para poder descarrilarlo cuando les conviniera”, dijo Puigdemont, tras conocer el fallo a favor de él y el resto de los procesados. 

“Buscaban embadurnar durante años, intimidar a personas clave, ensuciar la narrativa sobre el independentismo y todos nosotros”, agregó. Mientras que la formación Esquerra Republicana, en un comunicado, dijo que el “error” del juez “es solo una de las irregularidades cometidas por García-Castellón en este caso”, en el cual siempre ha mostrado una clara intencionalidad política”.

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El caso ‘Tsunami Democràtic’

'Tsunami Democràtic' es una plataforma de movilización ciudadana que surgió en 2019, luego de que el Tribunal Supremo condenó, en octubre de ese año, a varios líderes independentistas catalanes por el caso ‘procés’ y su tentativa de secesión de 2017, que fue declarada ilegal por el Tribunal Constitucional de España

’Tsunami Democràtic', por medio de las redes sociales, organizó masivas manifestaciones en Barcelona y otras ciudades catalanas, que resultaron en enfrentamientos con la Policía.  Uno de los actos fue el intento de bloqueo del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, que provocó la cancelación de más de 100 vuelos. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, condenó estos actos y anunció investigaciones para dar con los responsables de organizar esas protestas. 

García-Castellón decidió vincular a Puigdemont y Wagensberg por supuestamente liderar esta organización. En noviembre de 2023 pidió al Supremo que iniciara las indagaciones debido a que ambos están aforados. El juez insistió en que existen todos los indicios para procesar al expresidente catalán por su participación en el nacimiento y planificación de las manifestaciones convocadas por ‘Tsunami Democràtic’.

Varios de los elementos se basan en mensajes que habían intercambiado Puigdemont con Josep Lluís Alay y Jesús Rodríguez. Incluso, incluye una publicación que hizo en Twitter, ahora X, Puigdemont sobre esta plataforma. 

Su vinculación por supuesto terrorismo ocurrió cuando el oficialista PSOE negociaba con ERC y Junts una ley de amnistía aplicable a los condenados por el ‘procés’, tras las elecciones parlamentarias que dejaron si mayoría al socialista Pedro Sánchez. 

Puigdemont, aún con orden de arresto

El expresidente catalán aún debe afrontar otro caso judicial que aún frena su posible regreso a España. Dentro del caso ‘procés’, a Puigdemont se lo investiga por la supuesta injerencia de Rusia durante el proceso fallido de independencia de Cataluña. 

En mayo de este año, el parlamento español aprobó una Ley de Amnistía para los activistas involucrados en el ‘procés’. “En política, como en la vida, el perdón es más poderoso que el rencor", escribió el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tras celebrar esta medida que beneficiaría a decenas de condenados, tanto en los procesos de 2014 y 2019, ya sea por su preparación o sus consecuencias, siempre que hubiesen sido realizados entre los días 1 de noviembre de 2011 y 13 de noviembre de 2023.

"Hoy ha tenido lugar un acontecimiento histórico en la larga e irresuelta lucha entre Cataluña y el Estado español", dijo Puigdemont, tras conocer la aprobación de la ley.

Sin embargo, este martes 9 de julio el juez Joaquín Aguirre, que lleva el caso en un juzgado de la ciudad española de Barcelona, considera que no es posible aplicar la amnistía a Puigdemont y otros investigados.

Aguirre es instructor del conocido caso como ‘Volhov’, que surgió a raíz de una operación de la Guardia Civil en 2020 para investigar un supuesto desvío de fondos públicos para financiar el proceso independentista, donde se habrían encontrado conexiones entre altos cargos de Cataluña con representantes del Gobierno ruso.

El caso pasó al Supremo, donde existe otra causa en su contra por supuesta malversación de fondos. El juez Pablo Llarena, el 1 de julio, dispuso mantener la orden de arresto en contra de Puigdemont y dio un plazo para que las partes defiendan si es o no aplicable la ley aprobada en mayo de este año.

Llarena considera que sí será amnistiado por el delito de desobediencia, por el que también está siendo procesado, pero no considera que se pueda aplicar esa ley al delito de malversación de fondos públicos porque su causa estaría dentro de las excepciones que prevé la ley para amnistiar este tipo de delitos: que se cometieron con la intención de obtener un beneficio económico personal o que afectaron a los intereses financieros de la Unión Europea.

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Puigdemont considera una actuación discrecional de los jueces el aplicar una ley aprobada por el Parlamento.

“España no es un Estado de derecho desde el momento en que hay jueces que llevan años instruyendo una causa ilegalmente (sabiéndolo, por cierto), que deciden no aplicar una ley del Parlamento porque no les gusta y que llenan las sus resoluciones judiciales con un montón de consideraciones (y desconsideraciones) políticas”, criticó en sus redes sociales.

Con EFE y medios locales.