A pesar de la oposición de Estados Unidos y la advertencia del Consejo de Seguridad de la ONU, el Parlamento de Israel aprobó la prohibición de las actividades de la UNRWA en territorio israelí. Esta votación tiene consecuencias humanitarias y políticas de gran alcance, obligando a la comunidad internacional a replantearse toda la ayuda a los palestinos.
Por abrumadora mayoría (92 votos a favor, 10 en contra), la Knéset – el Parlamento israelí – aprobó el lunes 28 de octubre un proyecto de ley destinado a prohibir las actividades de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) en territorio israelí.
Esta decisión provocó inmediatamente una gran inquietud en la comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos y la ONU, que condenaron una decisión "intolerable" que tendrá "consecuencias devastadoras".
"Estos proyectos aumentan el sufrimiento de los palestinos y equivalen nada menos que a un castigo colectivo", lamentó el jefe de la UNRWA, Philippe Lazzarini.
Creada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1949, la agencia de la ONU gestiona centros de salud y escuelas en la Franja de Gaza y Cisjordania. Proporciona refugio, alimentos y atención sanitaria y se considera la "columna vertebral" de la ayuda en Gaza.
Aunque la agencia lleva mucho tiempo en el punto de mira del Estado hebreo, Israel intensificó la presión en febrero, acusando a algunos de sus empleados de estar implicados en los atentados del 7 de octubre de 2023 en su territorio.
"Hay un vínculo muy arraigado entre la organización terrorista (Hamás) y la UNRWA, e Israel no puede tolerarlo", insistió Yuli Edelstein, uno de los diputados impulsores de los dos proyectos de ley aprobados el lunes por la Knéset, el segundo de los cuales, aprobado por 89 votos a favor y 7 en contra, prohíbe a los funcionarios israelíes trabajar con la agencia de la ONU y sus empleados.
La mayoría de los votos contrarios a los textos proceden de los escasos diputados árabes israelíes o de representantes ultraminoritarios de la extrema izquierda. La gran mayoría de la oposición está en sintonía con el Gobierno en su rechazo a la UNRWA.
Según Elizabeth Sheppard Sellam, profesora de Relaciones Internacionales y Política en la Universidad de Tours, las leyes aprobadas por la Knéset son "una forma que tiene el Gobierno de asegurar a los israelíes que no permitirá que el 7 de octubre vuelva a ocurrir".
En su opinión, "se trata de la retórica simplista de un gobierno populista y este mensaje contundente se ha producido porque los israelíes sienten que no son escuchados por la comunidad internacional".
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"Borrar a la UNRWA es borrar la pertenencia de los palestinos"
Dentro del Gobierno israelí, pero también de forma más general entre la población israelí, "hay un problema con la UNRWA que no es bien recibido", explica Elizabeth Sheppard Sellam.
Esta especialista en política de seguridad y defensa añade que, si bien la ley en sí es muy debatida en el seno de la sociedad israelí – porque no se considera que sea la mejor forma de actuar, sobre todo de cara a la comunidad internacional –, no cabe duda de que la organización de la ONU en cuestión plantea un problema para la mayoría de los israelíes.
"Los israelíes, incluidos los que están en contra del Gobierno de Netanyahu y que piensan que esta ley es desafortunada, también creen que esta agencia es desafortunada", sostiene Sheppard-Sellam. "El reto final es encontrar una alternativa, algo que cumpla las mismas funciones que la UNRWA, pero que plantee menos problemas a los israelíes, y que además sea aceptado por la comunidad internacional".
Hay otras agencias sobre el terreno, "pero para hacer lo que hace la UNRWA se necesita algo más grande. Y para hacer eso, necesitas un plan. Y el Gobierno actual todavía no tiene uno", subraya la experta.
"La UNRWA es el principal medio por el que se proporciona asistencia esencial a los refugiados palestinos en los territorios palestinos ocupados", afirmó el jefe de la ONU, António Guterres, reaccionando a la votación de la Knéset.
"No hay alternativa a la UNRWA", afirma António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas.
Aunque aún no ha aportado pruebas, el Gobierno israelí afirma que alrededor del 10% de los empleados de la agencia (de los que hay 30.000 en total, 13.000 de ellos en Gaza) están afiliados a Hamás o a la Yihad Islámica Palestina. En agosto, una investigación de la ONU reveló que "nueve personas (de la UNRWA) podrían haber estado implicadas" en las masacres del 7 de octubre en Israel.
Pero, en abril, una auditoría estableció que los excesos de unos pocos individuos no podían provocar la caída de una agencia que sigue siendo "insustituible e indispensable". Por ello, Alemania y Francia han seguido financiando la UNRWA.
Por la parte palestina, la dimensión de esta ley va más allá de la cuestión humanitaria. "El objetivo de esta ley es pasar de la eliminación humanitaria a la política", declara Rami Abou Jamous, periodista palestino en Gaza, en France 24.
"Todo el mundo sabe que la UNRWA representa el derecho al retorno de los refugiados, el reconocimiento por parte de Naciones Unidas de que estos palestinos han sufrido injusticias y se han visto obligados a abandonar sus hogares", continuó. "La presencia de la organización es la presencia de este derecho al retorno. Borrar a la UNRWA es borrar la pertenencia (de los palestinos) a esta tierra".
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"Forzar el diálogo"
Mientras Jordania denunciaba un intento de "muerte política" de la UNRWA y varios países, como Irlanda, Noruega, Eslovenia y España – países que han reconocido al Estado de Palestina – "condenaban" el texto adoptado el lunes, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaraba que el Estado hebreo estaba "dispuesto" a "trabajar con socios (internacionales)" para seguir "facilitando ayuda humanitaria a Gaza de una forma que no amenace (su) seguridad".
Para Elizabeth Sheppard-Sellam, la aprobación de la ley por la Knéset permite al Gobierno israelí "forzar el diálogo diciendo: ’¿No quieren escucharnos? Ahora lo harán'".
En efecto, explica la investigadora, si hay incomprensión de esta ley por parte de la comunidad internacional, también la hay de las motivaciones que hay detrás de ella y de las preocupaciones compartidas por la población israelí sobre la implicación de ciertos empleados en los atentados que sumieron a Israel en el luto hace un año.
La adopción de esta ley representa "un dedo en el corazón de la ONU, que es vista como una organización hostil", prosigue Sheppard-Sellam, quien añade que una parte de la población israelí cree que el texto podría protegerles de una institución de la que desconfían.
"La gente tiene la sensación de que a la ONU le importa un bledo, y el Gobierno actual se lo está tomando más como un incentivo para decirle a la ONU 'ya basta'. No es la mejor manera de entablar un diálogo, pero se considera que es un mensaje fuerte que hay que enviar".
El hecho es que hoy en día, el ya muy débil sistema humanitario de Gaza se encuentra aún más amenazado. Aunque hay otras organizaciones humanitarias sobre el terreno, estas soluciones no son permanentes, según Sheppard-Sellam, que añade que una gran parte de la población israelí, aunque desconfía de la UNRWA, no quiere que cese toda la ayuda humanitaria.
Sin la UNRWA, por ejemplo, Unicef – el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – no podría distribuir suministros vitales en el enclave palestino, según declaró el lunes su portavoz, James Elder.
Así pues, concluye Elizabeth Sheppard-Sellam, "existe la obligación a largo plazo de encontrar una solución. Una solución que sea legítima tanto para los palestinos como para los israelíes".
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Adaptado de su original en francés