El Congreso de El Salvador, a solicitud del presidente Nayib Bukele reformó una ley y dio su aval para enviar a menores detenidos y vinculados a pandillas a cárceles de adultos, donde estarán separados en pabellones hasta que cumplan 18 años.
El Congreso de El Salvador votó a favor de permitir que menores condenados por delitos vinculados con el crimen organizado sean alojados en las mismas cárceles que los adultos, aunque en áreas separadas.
La reforma a la Ley Penal Juvenil establece que los menores de edad que han cometido delitos relacionados con el crimen organizado o agrupaciones ilícitas pasen a la jurisdicción de la Dirección de Centros Penales que administra las cárceles de adultos.
En las cárceles los menores estarán separados de "en pabellones" hasta cuando cumplan 18 años y pasen al "régimen general de adultos", subraya la reforma.
Lo que se busca es "evitar" es que los menores vinculados al crimen organizado "reciban el mismo tratamiento que aquellos que han cometido delitos de menor gravedad o de manera aislada", consigna la iniciativa leída por el diputado Walter Cotto.
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No libertad condicional a condenados por delitos de crimen organizado
En el caso de los adolescentes con pena de internamiento procesados por delitos comunes continuarán en centros administrados por el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de La niñez y La Adolescencia (ISNA) para "cumplir fines de la reintegración social".
También el miércoles, el Parlamento aprobó otra reforma que niega la libertad condicional a condenados por delitos de crimen organizado.
"No se aplicarán los beneficios de la libertad condicional, ni la libertad anticipada a las personas condenadas por delitos cometidos en la modalidad de crimen organizado", consigna la legislación.
La reforma enfatiza que "es necesario limitar" el acceso a figuras que pretendan sustituir la ejecución de las penas impuestas a los integrantes de grupos del crimen organizado "por ser el principal flagelo que ha afectado el desarrollo, los derechos humanos y las libertades de toda una nación".
Desde marzo de 2022, el presidente Bukele libra una "guerra" contra las pandillas amparado en un régimen de excepción, bajo el cual ha habido más de 83.000 detenidos. Unos 8.000 fueron liberados, según fuentes oficiales.
Unicef expresa preocupación
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), junto con otras organizaciones, expresó este jueves su preocupación por las reformas.
Según Unicef, "si bien el decreto es claro en mencionar que los adolescentes estarían en pabellones separados, la administración de los centros pasaría a manos de una entidad que no cuenta con especialización en niñez y adolescencia, y las medidas serían cumplidas en centros originalmente diseñados para personas adultas".
Para el organismo, "las reformas contravienen instrumentos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), así como otros instrumentos internacionales, en cuanto al trato y las condiciones a observar para la privación de libertad de personas menores de edad, incluida la detención preventiva y la prisión posterior a la sentencia".
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Con AFP y EFE.