El expresidente catalán Carles Puigdemont apareció en Barcelona, este jueves 8 de agosto, en un acto organizado por sus seguidores, tras haber permanecido casi siete años fuera de España. En su intento por reavivar el movimiento independentista retó de esta manera a la justicia frente a una orden de arresto que tiene pendiente en su contra. La Policía catalana lanzó una operación para encontrarlo y detenerlo. 

Al grito de “Independencia” y con banderas independentistas catalanas, los seguidores de Puigdemont recibieron a el exlíder separatista, quien llegó acompañado por dirigentes de su partido independentista Junts per-Catalunya, para hablar desde un escenario instalado frente al conocido Arco del Triunfo de Barcelona.

Cinco minutos duró su discurso allí, donde dijo: "¡Vine a recordarles que todavía estamos aquí! Todavía estamos aquí porque no tenemos derecho a rendirnos".

Luego miles de personas lo acompañaron en su intento de llegar al parlamento regional, donde estaba prevista la sesión de investidura del socialista Salvador Illa como nuevo presidente autónomo de Cataluña. 

Puigdemont habría afrontado su detención por un delito de malversación pendiente —que él niega— si hubiera intentado pasar el filtro de agentes de los Mossos d’Esquadra en la única entrada habilitada al Parlamento catalán, en el centro de Barcelona.

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En ese caso, el pleno habría sido aplazado o suspendido, lo que habría retrasado la investidura de un gobierno socialista en Cataluña y habría puesto en peligro la frágil alianza del gobierno nacional con Junts, de la que depende para el apoyo legislativo.

Sin embargo, Carles Puigdemont nunca estuvo frente a la puerta, desapareció entre la multitud, y la votación para investir al socialista Salvador Illa, que cuenta con el apoyo del partido separatista de izquierdas ERC (antiguos socios de Puigdemont), tras un acuerdo bilateral la semana pasada, comenzó a las 10 de la mañana (0800 GMT).

De esta manera, los socialistas buscan tomar el control en Cataluña tras una década de gobierno separatista.

El debate para jurar al socialista Salvador Illa como nuevo presidente de Cataluña comenzó en medio de confusión y especulaciones sobre el paradero de Puigdemont y cómo pudo haber desaparecido a plena vista.

"Teníamos que ver cómo el Estado permitió que este delincuente celebrara una manifestación", dijo Ignacio Garriga, secretario general del partido de extrema derecha Vox, a los periodistas fuera del parlamento catalán. "No entendemos por qué no ha sido detenido todavía".

Una portavoz del Ministerio del Interior catalán confirmó que Puigdemont había eludido su captura. "Puedo confirmar que Puigdemont no ha sido detenido todavía", dijo. "Puedo confirmar que se han establecido controles de carretera para encontrarlo".

Esto puesto que la Policía catalana lanzó una operación para encontrar y detener al líder separatista tras su aparición en un mitin en el centro de Barcelona. 

El político, de 61 años, que huyó a Bélgica hace siete años tras fracasar su intento de secesión y desde entonces vive en el exilio, anunció el miércoles que había iniciado su "viaje de regreso", diciendo que seguía comprometido a asistir a la sesión del jueves del Parlamento regional, que tenía planeado reunirse para jurar al nuevo líder de la región tras las elecciones de mayo, en las que el partido Junts de Puigdemont quedó en segundo lugar.

"Que para hacerlo me arriesgue a una detención arbitraria e ilegal evidencia la anomalía democrática que tenemos el deber de denunciar y combatir", dijo en un vídeo publicado en las redes sociales.

Ante el riesgo de que Puigdemont pueda ser encarcelado, uno de sus seguidores, Xavier Vizcaíno, de 63 años, envuelto en una bandera independentista, dijo que confiaba en que su regreso fuera un impulso hacia la independencia.

La ultraderechista Vox tenía previsto celebrar una contra protesta a las puertas del Parlamento. Su secretario general, Ignacio Garriga, dijo en la X que "no toleraremos la humillación de ver entrar en el Parlamento a un delincuente y prófugo de la Justicia".

En mayo de 2024, el Parlamento español aprobó una ley de amnistía para indultar a los implicados en el fallido intento de secesión de 2017. Sin embargo, el Tribunal Supremo mantuvo las órdenes de detención contra Puigdemont y otras dos personas, que fueron acusadas de malversación, por lo que esta ley no se aplica a ellos.

Puigdemont insiste en que el referéndum no fue ilegal, por tanto, los cargos que se le imputan carecen de fundamento. 

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Con Reuters y EFE