El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció una nueva suspensión de las negociaciones de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), después del recrudecimiento de la violencia en el departamento del Catatumbo, en el norte del país, donde al menos 30 personas han sido asesinadas, entre ellas, firmantes del acuerdo de paz.

Los enfrentamientos del ELN con disidencias de las FARC en el Catatumbo pone entre las cuerdas, nuevamente, la 'paz total' de Petro. En su perfil de X, el mandatario colombiano expresó públicamente su decisión de suspender los diálogos de paz de su Gobierno con la guerrilla, señalando que las acciones del ELN en el Catatumbo representan "crímenes de guerra".

"Lo que ha cometido el ELN en el Catatumbo son crímenes de guerra. Se suspende el proceso de diálogo con este grupo, el ELN no tiene ninguna voluntad de paz", escribió Petro en sus redes sociales, momentos antes de emprender un viaje a las zonas afectadas por la violencia.

Además, el Ejército colombiano reveló que emprenderá el despliegue de 300 elementos de las fuerzas especiales castrenses para "neutralizar" los enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las extintas FARC en el Catatumbo, al norte del departamento de Santander y colindante con la frontera venezolana.

El nuevo desencuentro entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN se dio horas después de una violenta jornada de enfrentamientos armados entre dicho grupo y una disidencia del frente 33 de las extintas FARC. El hecho condujo a la muerte de más de 30 personas, hiriendo a unas 20, según confirmó el gobernador de Santander, William Villamizar, en una entrevista con la radio local.

Nuevos asesinatos de los firmantes de paz enlutan a Colombia

Entre los fallecidos se encuentran al menos cinco excombatientes firmantes de los acuerdos de paz con el Gobierno colombiano, según reveló el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. Petro también confirmó que otros firmantes del acuerdo han sido evacuados de la zona en las últimas horas.

Aunque el Gobierno de Petro ha tenido como prioridad reiterar sus peticiones a las diversas facciones guerrilleras aún activas en territorio colombiano de que cesen las hostilidades para poder avanzar en los diálogos de paz, sus llamados no han gozado de la efectividad deseada.

Desde el pasado 16 de enero, miembros del ELN protagonizaron intensos intercambios de fuego en contra del Frente 33 en los municipios de Tibú y el corregimiento de La Gabarra, ambos ubicados dentro del Catatumbo.

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) reveló que efectivos pertenecientes al ELN sacaron de sus viviendas a cuatro excombatientes, para después ser ejecutados.

Más tarde, Indepaz elevó a cinco la cuenta de exguerrilleros adheridos a los acuerdos de paz asesinados y publicó sus nombres: Pedro Rodríguez Mejía, Jhon Carlos Carvajalino, Albeiro Díaz Franco, Yurgen Martínez Delgado y John Freddy Carrascal García.

Otro obstáculo para la 'paz total'

Después de que Petro anunciara la suspensión de los diálogos con el ELN en reacción a los enfrentamientos en el Catatumbo, la jefa de la delegación del Gobierno en las conversaciones de paz, Vera Grabe, confirmó la decisión presidencial en torno a las negociaciones. En una rueda de prensa añadió que no se retomarán "hasta que el ELN definitivamente decida caminar hacia la paz".

Los diálogos se reabrieron en 2022 tras la llegada del izquierdista a la Casa de Nariño. Sin embargo, estas negociaciones entre el Gobierno colombiano y el ELN han sufrido de múltiples crisis, suspensiones y estancamientos, haciendo a estas conversaciones bilaterales unas de las más complicadas dentro de la estrategia de paz impulsada por el mandatario.

El ciclo de negociaciones de la Administración de Petro con el ELN inició de manera alentadora, consiguiendo un cese al fuego de 180 días que comenzó a implementarse el 3 de agosto de 2023 y duró hasta el 29 de enero de 2024.

Los esfuerzos negociadores parecían avanzar de manera fluida, aunque el ELN continuó emprendiendo atentados y demás actividades ilícitas, como el secuestro del padre del futbolista colombiano, Luis Díaz. Un punto que encendió la polémica sobre la estrategia del Gobierno dentro y fuera de Colombia. 

Terminado el periodo del primer cese al fuego, el 6 de febrero de 2024, ambas partes llegaron a un acuerdo para extender el armisticio por otros seis meses, tras semanas de negociaciones en La Habana, Cuba. Así se cerró un acuerdo que congeló, al menos en papel, las hostilidades entre el ELN y el Ejército colombiano por un año.

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Sin embargo, semanas después del pacto de tregua, el ELN denunció que el Gobierno colombiano estaba violando su parte del acuerdo. Además, reclamó a la delegación de Petro estar negociando con Comuneros del Sur, una disidencia del ELN que actúa en el departamento de Nariño, en el sur del país.

Después de que el segundo cese al fuego terminara, el 3 de agosto, las conversaciones se estancaron, y la tensión llegó a su punto máximo después de que la guerrilla emprendiera un atentado en contra de una base militar en septiembre del año pasado, donde murieron tres soldados y más de 30 personas fueron heridas.

Tras el ataque, Petro anunció la suspensión de los diálogos con el ELN, afirmando que el atentado se trataba "prácticamente de una acción que cierra un proceso de paz con sangre".

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Las conversaciones quedaron congeladas desde entonces, aunque un acercamiento entre la representante del gobierno y el jefe negociador del ELN, alías 'Pablo Beltrán', había aligerado las tensiones, con vísperas a regresar a la mesa de negociación a principios del 2025.

Por el momento, la violencia en el Catatumbo descarta esa posibilidad.

De nuevo, la ansiada paz en el país y uno de los mayores objetivos de Petro —que prometió dialogar con todos los actores del conflicto armado— vuelve a tambalear y se enfrenta a un nuevo obstáculo para conseguir que la guerrilla activa más longeva del país deje las armas.

Así, el presidente izquierdista se enfrenta a un escenario complejo: unas negociaciones de paz suspendidas, a la que se suman las críticas —cada vez más fuertes— de un sector de la población que prefiere otro enfoque para terminar con el conflicto armado. Petro tendrá poco más de un año para revertir esta situación.

Con EFE, Reuters y medios locales