El TCE, órgano rector de la justicia electoral en Ecuador, entró en una crisis de poder tras la remoción de su presidente, Fernando Muñoz. El magistrado asegura que es una resolución ilegal y ha interpuesto una denuncia penal en contra de los jueces que apoyaron esta acción. Los sorpresivos cambios ocurren cuando esta entidad está por resolver una disputa entre el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, y su vicepresidenta, Verónica Abad. 

Desde su despacho, en Quito, Fernando Muñoz asegura que sigue siendo el presidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador, pese a que, el lunes 12 de agosto, tres de los cinco jueces que componen esta entidad se reunieron para destituirlo del cargo y designar a Ivonne Coloma, entonces vicepresidenta, como la nueva titular de la institución. Una acción ilegal, afirma Muñoz en declaraciones a France 24.

La pugna por la presidencia del ente electoral toma relevancia porque esta entidad es la destinada a zanjar una disputa entre el presidente del país, Daniel Noboa, y su vicepresidenta, Verónica Abad.

En la entidad se tramitan dos denuncias -una en contra de Noboa y otra en contra de Abad por supuestas infracciones electorales- que pueden definir el panorama político de cara a las elecciones presidenciales de febrero de 2025.

Muñoz explica que los tres jueces que sesionaron el lunes -Ivonne Coloma, Ángel Torres y Guillermo Ortega- no tienen competencia para removerlo del cargo de presidente, según el Código de la Democracia, ley que rige a las autoridades de esta función.

“No tienen competencias administrativas. Por ello, queda claro que esa reunión no tiene ningún valor y sus supuestas resoluciones tampoco son válidas”, agregó.

Los jueces alegaron errores en la gestión de la presidencia del organismo, que retrasaban su trabajo. Muñoz criticó que los argumentos expuestos en esa reunión no se detallen en un informe con pruebas en su contra para que él pueda ejercer su derecho a la defensa. “Todo organismo debe justificar por qué se toma una resolución. En este caso no la hay. Existen violaciones al debido proceso”, añadió.

Muñoz calificó como una “reunión de amigos” dicha sesión. “Un acto nulo”, insistió, al mencionar que incluso no contó con la presencia del secretario general, que renunció ese lunes.

‘Usurpación de funciones’

Muñoz presentó una acción de protección para que un juez constitucional deje sin efecto la resolución del lunes. “Para que se invaliden todas las actuaciones realizadas y las que realice Ivonne Coloma en su supuesta calidad de presidenta del organismo”, afirmó. 

Además, presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado (FGE) para que investiguen a los tres jueces por un delito penal: la usurpación de funciones.

“Si la ley dice que los jueces deben resolver sentencias y asistir a los plenos que convoca el presidente, no se puede hacer otra cosa. Cualquier actuación fuera de la ley es sancionado”, indicó.

Esa usurpación de funciones, dijo, se concretaría con la convocatoria a sesiones y otras decisiones que Coloma tome en estos días, alegando su cargo de presidenta.

Coloma ya convocó a dos sesiones. La primera, el 13 de agosto, para designar a Milton Paredes como secretario encargado, ante la renuncia del anterior funcionario. 

En dicha sesión ratificaron su resolución. Entre los argumentos de Coloma, para la destitución de Muñoz, según recoge el medio local Primicias, está que “no se ha gestionado aún con el Ministerio de Finanzas el presupuesto que el TCE requiere para las elecciones 2025, que asciende a unos 4 millones” de dólares, además de otros problemas administrativos, como el mantenimiento de vehículos. La segunda sesión la convocó para este miércoles 14 de agosto para continuar con el procesamiento de las causas pendientes.

La acción de protección en contra de los tres jueces ya fue sorteada. En un comunicado, quienes ahora lideran el TCE reclamaron que dicha acción carece de imparcialidad. “La jueza Clara Elizabeth Soria, que está a cargo de la acción de protección presentada por el doctor Fernando Muñoz, es pareja de su asesor”, señala un comunicado del TCE. Por ello, pidieron al Consejo de la Judicatura que la separe del caso y garantice un tribunal imparcial, además de investigar la transparencia del sorteo realizado.

El TCE, en el ojo del huracán 

¿Por qué ha levantado alertas la sorpresiva destitución de Muñoz? El TCE es la última instancia en materia electoral en Ecuador y, en este momento, tramita dos polémicas causas. 

El partido oficialista ADN resolvió que el presidente Daniel Noboa será su candidato a la reelección presidencial en las elecciones de febrero de 2025. Él deberá pedir una licencia y entregar el poder en enero para iniciar la campaña electoral, pero ha sido enfático en que no lo dejará a su vicepresidenta, Verónica Abad, con quien mantiene una disputa desde que asumieron el cargo en noviembre de 2023.

Noboa decidió enviarla a Israel para que medie en el conflicto de Medio Oriente y sea la embajadora en ese país. Esto fue calificado como abuso de poder por parte de Abad. Desde entonces, ha habido varios intentos para sacarla del cargo.

El Poder Judicial impulsó una investigación penal en contra de Abad, pero no prosperó porque la Asamblea Nacional de Ecuador (AN, Parlamento) no levantó la inmunidad de la vicepresidenta. Por lo que el caso se paralizó. 

Causa Verónica Abad: infracción electoral

Luego, Esteban Guarderas, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, presentó otra denuncia en contra de Abad, ante el TCE, por una supuesta infracción electoral por hacer campaña anticipada, cuando fue candidata a la alcaldía de Cuenca en 2023. La causa fue archivada por el juez Fernando Muñoz, el juez que removieron como presidente del TCE.

Guarderas presentó una segunda denuncia en contra de Abad, que ahora recayó en el despacho de Ivonne Coloma, quien asumió la presidencia del TCE. Este proceso podría derivar en una sanción en contra de Abad, que va desde una multa económica hasta la pérdida de sus derechos políticos por dos años, por lo que no podría asumir ningún cargo de elección popular.

Coloma había convocado para este 15 de agosto para tratar la causa de la vicepresidenta, pero decidió posponerlo, alegando que otorgará más tiempo para que Abad pueda defenderse. En caso de que Coloma falle en contra de Abad y emita una sanción, la vicepresidenta puede apelar esta sentencia y serán los cinco jueces del TCE los que decidan sobre el caso.

Todo el proceso toma menos tiempo que un caso penal y podría allanar el camino de Noboa para no encargar la presidencia a Abad y dejarla a otra persona. El Gobierno ha dicho que espera la resolución de este caso para tomar una decisión. 

Causa Daniel Noboa: violencia política de género

La vicepresidenta Verónica Abad ha denunciado, desde que fue enviada a Israel, una persecución en su contra para forzarla a dejar el cargo. Actos que ha calificado de "machismo", mientras describe al presidente como un "autoritario en el poder", en el que "no se puede confiar".

“Ha sido claro el abuso de poder, el abuso a las normas. Si quiere ser candidato, tiene que renunciar y quien asume es la vicepresidenta, en este caso soy yo. No es un capricho mío. Es lo que dice la Ley”, dijo Abad, en mayo pasado, en el espacio de La Entrevista, de France 24 en Español.

Este 13 de agosto, Abad también recurrió al TCE y presentó una denuncia en contra del presidente Daniel Noboa por violencia política en su contra. Esta infracción electoral es calificada de muy grave. 

La queja también incluye a la canciller, Gabriela Sommerfeld, el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, y la asesora presidencial Diana Jácome. La vicepresidenta pide una sanción económica, la destitución del cargo del presidente y los otros tres funcionarios y la suspensión de sus derechos políticos por cuatro años. 

La causa fue sorteada y recayó en el despacho de Muñoz, un día después (13 de agosto) de que fuera removido como presidente del TCE. El magistrado tendrá, primero, que decidir si admite o no la denuncia electoral. Luego vendrá el proceso de sustanciación, antes de tomar una decisión. En caso de que falle a favor de Abad, Noboa podría perder el cargo de presidente y tampoco podría ser candidato para una reelección. En este caso, las partes también podrán apelar y será el pleno del TCE quien decida sobre esta causa. 

Finalmente, la disputa entre Daniel Noboa y Verónica Abad se resolverá en el TCE.