El presidente electo Donald Trump ha dejado claras sus metas en materia de migración: llevar a cabo la deportación más grande de la historia con ayuda de la Guardia Nacional, eliminar los amparos y cerrar la frontera sur para impedir la llegada de más migrantes. Para ejecutarlas, se ha rodeado de figuras de línea dura en las dependencias del Estado que estarán a cargo de sortear las dificultades judiciales que enfrentó en su primer mandato.

En 2015, un empresario sin experiencia en política, pero conocido en las esferas de la industria inmobiliaria neoyorquina y en Hollywood por su participación en el reality 'The Apprentice' o sus cameos en 'Sex and The City' y 'Home Alone', anunciaba su intención de ser el candidato a la Presidencia por el Partido Republicano, argumentando que México enviaba a Estados Unidos “violadores y criminales”. Donald Trump lanzaba así su primera promesa de campaña: construir un muro que su vecino del sur iba a pagar.

Y cumplió… parcialmente. Según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, se levantaron alrededor de 737 kilómetros del muro, pero solo 79 kilómetros eran nuevos, el resto consistió en reparar mallas deterioradas o estructuradas dilapidadas. Una cifra pírrica para los más de 3.200 kilómetros que separan a México de Estados Unidos.

Para diciembre de 2020, poco antes de que Trump abandonara el cargo, el precio de la construcción del ‘nuevo’ muro ascendía a 15.000 millones de dólares, de los cuales, un tercio fue otorgado por el Congreso y el restante fue obtenido del presupuesto militar.

México no pagó, pero Trump sí presionó a su entonces homólogo, Enrique Peña Nieto, con la renegociación del Tratado de Libre Comercio, lo que despertó tensiones entre ambos países durante meses.

Pero la construcción del muro no fue la única prioridad de Trump durante su mandato, sino que también adoptó medidas extremas de control fronterizo y de reversión de amparos.

En sus primeros días de 2017 en la Casa Blanca, Trump emitió una orden ejecutiva que impedía el ingreso al país de migrantes de mayoría musulmana que, tras ser bloqueada por las cortes, tuvo una nueva versión que incluía a Venezuela. Asimismo, intentó eliminar el Estatus de Protección Temporal a los migrantes haitianos, decisión que fue bloqueada por un juez de Nueva York.

Además, el magnate republicano implementó una política de “tolerancia cero” en la frontera que separó a 2.575 niños de sus padres entre el 5 de mayo de 2018 y el 20 de junio del mismo año, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional.

Esto representa un promedio de 51 menores detenidos cada día durante los 50 días en los que estuvo vigente su orden ejecutiva, que posteriormente fue levantada ante la polémica que generaron las desgarradoras imágenes de niños recluidos en instalaciones distintas que sus padres, debido a que la ley establece que los menores de edad no pueden permanecer bajo custodia del Gobierno durante más de 20 días.

Hasta mayo de 2024, según el informe de la Fuerza de Reunificación creada por la Administración Biden, 1.400 niños seguían lejos de sus padres.

En su primer asalto, Trump también intentó noquear al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), impulsado por el expresidente Barack Obama y que protegió de la deportación al darles ciudadanía a alrededor de 800.000 jóvenes.

La Corte Suprema de Justicia, institución en donde Trump ahora cuenta con el apoyo de tres magistrados conservadores nombrados por él mismo en su primer mandato, dictaminó contra la iniciativa.

Segundo asalto: el equipo para ejecutar el plan

En Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia son las principales agencias federales a cargo de implementar las leyes de migración y de deportar personas. Bajo la custodia del primero está el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y del segundo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Para su segundo mandato, Trump viene más preparado para efectuar su ambiciosa agenda y se ha rodeado de figuras leales y con posturas verticales sobre la materia, como la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, a quien nominó para estar al mando del Departamento de Seguridad Nacional.

Como cabeza del estado, Noem envió a la Guardia Nacional de Dakota del Sur a Texas para apoyar las labores de control en la frontera, usando donaciones privadas.

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Continuando con el enfoque de línea dura, para fiscal general, es decir, para comandar el Departamento de Justicia, Trump eligió a Matt Gaetz, uno de los nombramientos más controversiales, pues se trata de uno de los congresistas que lo defendió después de que sus seguidores asaltaron el Capitolio el seis de enero de 2021.

Además, el Comité de Ética de la Cámara de Representantes inició una investigación en su contra porque presuntamente pagó para tener relaciones sexuales con una menor de edad. En medio de la investigación, Gaetz renunció al cargo para aceptar la nominación de Trump, mientras crece la presión para que se publiquen las conclusiones de la pesquisa.

En cuanto a su postura en materia migratoria, el representante por Florida visitó en julio El Salvador y alabó la megacárcel de Nayib Bukele, que ha sido cuestionada por organizaciones defensoras de los Derechos Humanos por no cumplir con los estándares internacionales.

Entre otras nominaciones en materia migratoria está la de Tom Homan, un policía retirado a quien denominó como el "zar de la frontera” y quien ya ejerció como director interino de ICE -que se encarga de la ejecución de las deportaciones- durante su primera administración (2017-2021).

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Lo acompañará también Stephen Miller como el jefe de Gabinete adjunto para políticas. Justamente entre las políticas que defendió en el primer mandato de Trump está la de la separación de niños de sus padres y en la campaña abogó ampliamente por realizar expulsiones masivas de migrantes.

“En esos días no nos andábamos con juegos”

Con esta frase, el presidente electo dejó ver en campaña su intención de invocar la ‘Ley de Enemigos Extranjeros’ de 1798 “para desmantelar cada red de migrantes que opere en territorio estadounidense”.

Esta ley, que solo ha sido activada tres veces en la historia, puede utilizarse cuando el país está en guerra con cualquier gobierno extranjero, cuando se lleve a cabo una invasión al territorio o “cuando el presidente haga una proclamación pública”.

Como presidente, Trump tendrá la autoridad para activarla. Una medida de ese tipo no requiere la aprobación del Congreso, y si la necesitara, el mandatario contará, a partir de 2025, con la mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes para sacarla adelante.

Esta, además, constituye la vía más rápida que tiene Trump, puesto que no es necesario que las personas pasen por un tribunal migratorio para apelar el caso. La medida afectaría a cualquiera que no haya nacido en Estados Unidos y no haya obtenido la nacionalidad, incluso si tiene una visa, si el presidente decide que su país de origen es un enemigo.

A través de su red social, Truth, Trump confirmó que planea utilizar a la Guardia Nacional en las deportaciones, detalle que marcaría un giro en las funciones del Ejército estadounidense, que tradicionalmente no se encargan de verificar la implementación de las leyes nacionales.

Johanna Kelley, abogada experta en derechos de los migrantes y que trabajó como supervisora en USCIS – entidad que supervisa la migración legal- explicó a France 24 que activar una medida de este tipo no es necesario: “Solo aplicando la ley que tenemos se pueden llevar (a cabo) deportaciones masivas. Solo que se necesita mucho dinero y recursos humanos para hacerlo”.

Hasta 2022, se calculaba que había alrededor de 11 millones de personas viviendo en Estados Unidos sin autorización legal. Entre enero de 2023 y abril de 2024 han ingresado irregularmente a la Unión Americana alrededor de 2,3 millones de personas, según el Departamento de Seguridad Nacional, lo que eleva la cifra a alrededor de 13 millones de personas.

En el año fiscal 2023, bajo la Administración Biden, ICE llevó a cabo 170.590 arrestos, más que en cualquiera de los años de la primera presidencia de Donald Trump.

Según el Pew Research Center, en 2019, bajo el gobierno de Trump, la agencia arrestó a 143.099 personas. Muy por debajo incluso de las deportaciones llevabas a cabo en la Administración de su antecesor, Barack Obama, que en 2009 alcanzaron la cifra de 297.898.

Los costos de dichas deportaciones, reportadas a la par por ICE, fueron de 11.000 dólares por persona, por lo que, al hacer un cálculo simple, es posible concluir que llevar a cabo el plan de Trump costaría más de 140.000 millones de dólares.

No obstante, un análisis del Consejo de Migración Estadounidense calcula que hacerlo en “el primer día”, como ha prometido Trump, elevaría el costo a más de 315.000 millones de dólares.

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La organización sin ánimo de lucro, financiada por asociaciones de abogados, justifica estos gastos en ítem como la contratación de más oficiales migratorios para llevar a cabo los arrestos, así como más jueces migratorios; ampliar y/o construir nuevos centros de detención y costear los vuelos de repatriación.

Una operación de tal despliegue requeriría adicionalmente que las autoridades de los estados colaboren con las deportaciones y algunos de ellos, como Nueva York y California, tienen leyes que prohíben dicha cooperación.

“Si las autoridades locales y estatales de alían con las federales, los resultados pueden ser trágicos porque sería más fácil hacer deportaciones masivas. Por ejemplo, en las paradas de tráfico, los policías podrían llevarse a quien no tenga documentos y llamar a ICE para procesamiento”, aclaró a France 24 la abogada Kelley.

Es aquí donde entra el Departamento de Seguridad Nacional, que financia el presupuesto asignado a ICE y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Con su aliada Noem al mando, Trump podría obtener luz verde fácilmente, pero para hacerlo “en el primer día”, tendría que tomar fondos de otros programas gubernamentales, desviar capital del presupuesto militar y/o utilizar donaciones privadas, como justamente lo hizo Noem a nivel estatal, lo que dificulta en la práctica su ejecución.

Vimos redadas en nuestras comunidades, en nuestros vecindarios, en los Centros de Supervisión con ICE

No obstante, “la amenaza de deportación no es una promesa de campaña”, dijo a France 24 Maria Bilbao, Coordinadora de Campaña del American Friends Service Committee en Florida.

“Lo hemos presenciado en la última Administración de Trump. Vimos redadas en nuestras comunidades, en nuestros vecindarios, en los Centros de Supervisión con ICE”, agregó.

Es por esto por lo que las organizaciones, como para la que trabaja Bilbao, están pidiendo al presidente Joe Biden que en los dos meses que le quedan en la Casa Blanca proteja a las poblaciones vulnerables.

“Él puede dar nuevos Estatus de Protección Temporal para países calificados, como Nicaragua. Durante más de dos años, desde el sur de la Florida, hemos abogado por este cambio, que podría proteger a más de 400.000 nicaragüenses de la deportación”, sumó Bilbao.

También recomienda explorar con abogados las posibilidades que tiene cada individuo de permanecer en el país y que conozcan sus derechos. Justamente, en la oficina de Kelley, “las llamadas y los mensajes por redes se han duplicado. La comunidad está muy angustiada. Y no solo las personas sin documentos sino sus familiares y los residentes permanentes que tienen miedo de perder sus papeles”.

El miedo tiene su origen también en que Trump ha prometido que eliminará los estatutos de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés), así como DACA y el programa para Mantener a las Familias Unidas (Parole in Place, en inglés) que anunció Joe Biden en junio y que beneficia a alrededor de 500.000 cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses, cuya implementación está paralizada por un juez de Texas.

Kelley explicó en el diálogo con France 24 que Trump tiene potestad para hacerlo, pero todos estos procesos tendrán que pasar por los tribunales y probablemente, terminarán en la Corte Suprema de Justicia.

“Estados Unidos se convirtió en el basurero de los problemas de los demás”

En diciembre de 2023,la Patrulla Fronteriza arrestó, al menos temporalmente, a 301.981 migrantes, el récord histórico, según sus propios reportes.

Este dramático incremento se reflejó en las imágenes ampliamente difundidas por los medios de comunicación de personas apiñadas en aeropuertos o estaciones de tren y otras siendo trasladadas en autobuses a ciudades “santuario” como Nueva York y Chicago, cuyas leyes les exigen que deben proporcionar un techo a los migrantes.

El desbordamiento de los refugios en ambas ciudades obligó a las autoridades locales a ofrecerles hoteles. Ante la imposibilidad de acoger a todos, muchos terminaron viviendo en la calle en campamentos improvisados.

Al tiempo, la Policía de Nueva York vinculó la aparición de robos con el uso de motocicletas en las calles, propiedades y tiendas “a métodos utilizados en el exterior” y a una red criminal de “personas que viven en centros de refugio”.

La situación alentó duras críticas hacia el presidente Joe Biden: según un sondeo del Pew Research Center, 74% de los estadounidenses consideró que se trataba de una crisis. En palabras de Bilbao, esto se debe a que las personas están molestas por los altos costos de la vivienda, los alimentos y los bajos salarios.

“Entonces aparece un demagogo que les dice que los inmigrantes son los culpables de todo, que les quitan sus trabajos y son los culpables de todas sus desgracias, y la gente lo vota”, explica.

El disgusto con la situación se materializó en las urnas y voces como la de Charles Warner, un empresario californiano, dejan en evidencia que no solo la crisis migratoria es tema de debate, sino que también lo es la eficacia de las políticas en general.

Warner, que ha apoyado a Trump en sus tres campañas, considera que debería recaer mayor responsabilidad en los empleadores: “Deberían ser responsables de verificar (el estatus migratorio) y si son atrapados contratando ‘ilegales’ debería haber consecuencias serias y multas. En Francia les cerrarían el negocio. Quisiera que los multaran duramente y si no pueden pagar (la multa), que (les) cierren el negocio. Eso daría un camino a la ciudadanía y ayudaría a Estados Unidos”.

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Mientras la Casa Blanca se prepara para recibir a Donald Trump y él para ejecutar sus medidas, los migrantes se enfrentan a un futuro cada vez más incierto. El cambio que está sobre la mesa podría reconfigurar de fondo a la nación pese a las dificultades económicas y legales y trae implícito el riesgo de exacerbar la polarización.

Si el mandatario electo logra solucionar la carga que ha impuesto la migración masiva al sistema, respondiendo al reclamo de los votantes, podría al tiempo precipitar a la Unión Americana a ir en contra de los valores que la establecieron como “una nación de migrantes” en nombre del ‘America First’.