La Policía de Brasil detuvo a cuatro militares y un policía por su supuesta implicación en un complot que buscaba derrocar al Gobierno tras las elecciones de 2022 y atentar contra la vida del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La trama, según los investigadores, habría sido urdida en la casa de Walter Braga Netto. exministro de Defensa del exmandatario Jair Bolsonaro.
La Policía Federal de Brasil desmanteló una organización criminal, compuesta en su mayoría por militares entrenados por las Fuerzas Especiales, que planeaba el asesinato del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, para evitar la toma de posesión luego de su victoria en las elecciones de 2022.
El presunto plan para asesinar en 2022 al entonces presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al ministro de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, fue presuntamente debatido en la residencia del general Walter Souza Braga Netto, de acuerdo con la investigación de la Policía Federal brasileña.
Braga Netto, había sido compañero de fórmula del ultraderechista Jair Bolsonaro en las elecciones de 2022 y ocupó previamente los cargos de ministro de la Casa Civil y de Defensa durante su Gobierno.
Según el informe policial, la reunión tuvo lugar el 12 de noviembre de 2022, cuando Braga Netto ya no ocupaba un cargo en el Ejecutivo. En ese encuentro se presentó y aprobó el "plan operativo" para la actuación de los llamados “kids pretos” o 'niños negros'.
La investigación también reveló que los conspiradores planeaban asesinar al vicepresidente Geraldo Alckmin y al magistrado de la Corte Suprema Alexandre de Moraes. Según medios locales, entre los detenidos figuran cuatro militares y un oficial de policía.
La conspiración contra Moraes incluyó un intento de asesinato utilizando un artefacto explosivo o veneno, según un comunicado de la policía.
El Ejército confirmó la detención del general de brigada retirado Mario Fernandes, ex viceministro en el gabinete de Jair Bolsonaro, junto a los tenientes coroneles Helio Ferreira Lima, Rodrigo Bezerra de Azevedo y Rafael Martins de Oliveira.
La operación fue autorizada por el juez Alexandre de Moraes.
Fernandes, quien fue secretario ejecutivo de la Secretaría General de la Presidencia durante el gobierno de Bolsonaro, también se desempeñó como asesor del diputado Eduardo Pazuello. Sin embargo, dejó el cargo tras una orden del Tribunal Supremo.
Aunque los oficiales se encontraban en Río de Janeiro, no formaban parte del operativo de seguridad para la cumbre del G20, que se desarrolla en la ciudad, aclaró el Ejército.
La investigación señala que la mayoría de los implicados en el presunto complot golpista de 2022 son militares con entrenamiento en Fuerzas Especiales o colaboradores cercanos de Bolsonaro, el exmandatario de extrema derecha que asumió la Presidencia en 2018.
“Se identificó un plan operativo detallado denominado ‘Puñal Verde y Amarillo’, que se ejecutaría el 15 de diciembre de 2022, orientado al asesinato de los candidatos electos a presidente y vicepresidente”, indicó la policía en un comunicado.
Según la investigación, las cinco personas detenidas —cuatro militares y un agente de la policía federal— discutían en 2022 a través de una aplicación de mensajería los planes.
"Para la ejecución del presidente Lula", al que se dirigen bajo la denominación 'Jeca', se pensaba la utilización de un veneno o químicos "para causar un colapso orgánico", considerando "sus vulnerabilidades de salud e ingresos frecuentes al hospital", cuenta la investigación.
El martes, la Policía Federal, además de ejecutar las cinco órdenes de captura, realizó tres órdenes de allanamiento y 15 medidas cautelares adicionales.
Entre estas restricciones, se prohibió a los sospechosos comunicarse entre sí y se les impidió salir del país.
“Las investigaciones indican que la organización criminal utilizó un alto nivel de conocimiento técnico-militar para planificar, coordinar y ejecutar acciones ilícitas en los meses de noviembre y diciembre de 2022”, reveló la policía.
Los eventos del martes ocurren tras las declaraciones de dos altos mandos militares brasileños, quienes revelaron a la Policía a inicios de este año que el expresidente Jair Bolsonaro les propuso un plan para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022.
Ambos habrían rechazado la propuesta y advirtieron a Bolsonaro que lo detendrían si intentaba llevarla a cabo, según documentos judiciales divulgados en marzo.
Estos testimonios agravan la situación legal del exmandatario, mientras los fiscales intentan establecer vínculos entre él y los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando manifestantes radicales atacaron edificios gubernamentales en Brasilia, apenas una semana después de la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva.
Leer tambiénEl Supremo de Brasil autoriza investigar a Bolsonaro en relación a la toma de edificios estatales
Según medios locales, Lula fue informado de las órdenes de arresto en la madrugada del martes, aunque no ha comentado públicamente sobre la operación policial.
El presidente brasileño, anfitrión de la cumbre del G20 en Río de Janeiro, tiene previsto mantener reuniones bilaterales con líderes como Joe Biden. Durante su discurso inaugural en la cumbre, Lula no hizo mención a las detenciones.
El asalto a las sedes de los tres poderes en Brasil
El 8 de enero de 2023, miles de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro irrumpieron violentamente en las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia: el Congreso, el Palacio Presidencial de Planalto y la Corte Suprema.
Los manifestantes, inconformes con la victoria electoral del progresista Luiz Inácio Lula da Silva, reclamaban una intervención militar que revirtiera los resultados de las elecciones de 2022. Los atacantes rompieron ventanas, saquearon oficinas y destruyeron obras de arte.
El asalto fue un evento sin precedentes que puso a prueba la estabilidad institucional de Brasil. La respuesta de las fuerzas de seguridad inicialmente fue considerada lenta, permitiendo que los manifestantes ocuparan los edificios durante varias horas. Posteriormente, las autoridades lograron retomar el control y realizaron cientos de arrestos, mientras las investigaciones se enfocaban en identificar a los organizadores y financiadores del ataque.
Leer tambiénAsí se vivió la invasión a las sedes del Poder en Brasil por parte de partidarios de Bolsonaro
El incidente fue comparado con el ataque al Capitolio en Estados Unidos en 2021. La comunidad internacional condenó el ataque y expresó su apoyo al gobierno de Lula, quien prometió actuar con firmeza para proteger la democracia y llevar a los responsables ante la justicia.
El 13 de noviembre pasado, dos explosiones sacudieron la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia, provocando alerta en la capital brasileña. El atacante fue identificado como Francisco Wanderley Luiz, un excandidato a concejal vinculado al bolsonarismo.
Según las autoridades, Luiz llevó a cabo un ataque suicida, detonó los explosivos que portaba, lo que resultó en su propia muerte. Las autoridades locales reforzaron las medidas de seguridad, mientras se llevaban a cabo investigaciones sobre sus posibles vínculos con grupos extremistas.
Leer tambiénBrasil: exigen cárcel para atacantes a las sedes del poder tras dejar daños “incalculables”
Con AP y medios locales