Este 3 de febrero inició en la Audiencia Nacional española el juicio en el que el expresidente de la Federación de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, responde a los cargos de agresión sexual y coacción por el beso no consentido a Jenni Hermoso en la ceremonia de premiación del Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023, y las presiones posteriores para que ella declarara que había sido consensuado. A más de año y medio del episodio, el debate sobre el sexismo en el deporte sigue más vigente que nunca.
La polémica generada tras el beso que Luis Rubiales le estampó a la futbolista Jenni Hermoso en el estadio Accor de Sídney sirvió para visibilizar una situación que era normalizada incluso en muchos casos por las propias víctimas: el abuso hacia las mujeres deportistas por parte de figuras de poder en su entorno profesional.
Un caso que ha obligado a la FIFA a actuar incluso antes que otros organismos, pero no significa que el fútbol esté en vías de acabar con las prácticas injustas y sexistas contra sus atletas femeninas.
La FIFA suspendió a Rubiales antes de que el Tribunal de Arbitraje del Deporte y el Consejo Superior del Deporte de España tomaran acciones en su contra, y también ordenó a la Federación de Zambia apartar del cargo a Bruce Mwape, el entrenador que quedó bajo la mira en el Mundial de 2023 por las denuncias anónimas de varias jugadoras de la selección de que las había obligado a sostener relaciones sexuales o les había tocado de forma inapropiada a cambio de la convocatoria y/o permanencia en el equipo nacional.
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Pero también la FIFA incurrió en una larga demora en concretar sus propios objetivos en materia de protección de las mujeres jugadoras. La organización Sports & Right Alliance, que documenta y denuncia casos de abuso en el deporte, asegura que la entidad rectora del fútbol mundial prometió en 2021 crear una “red global” para combatir el abuso.
No fue hasta año y medio después, en junio de 2023, que la FIFA publicó las conclusiones de un estudio que ponía de relieve la necesidad de contar con una entidad independiente que garantizara la seguridad en el deporte, pero recién fue en diciembre pasado que se creó una unidad de fútbol seguro para dar soporte a las víctimas.
Camila García, vicepresidenta de la Asociación Mundial de Jugadoras, quien estuvo entre los expertos consultados para la creación de esa unidad, lamenta que haya sido "un esfuerzo poco ambicioso si lo comparamos con el reporte público de recomendaciones que se hizo".
"Por supuesto que es un paso importante, pero dada la magnitud del problema, creo que no es suficiente", considera García. "En Sudamérica, por ejemplo, tenemos un 73 % de jugadoras de primera división que declaran haber experimentado algún tipo de acoso sexual durante su carrera deportiva. Por ende, existe el deber de hacer mucho más”
Un movimiento que crece
A pesar de las deudas pendientes, la visibilidad del caso Rubiales ha dado trascendencia a situaciones que probablemente hubieran permanecido desatendidas de no haberse generado la ola de solidaridad que se desató en torno a Jenni Hermoso.
La más obvia de ellas fue la del equipo de Zambia. Las autoridades francesas negaron inicialmente la visa a Mwape, en ocasión de los Juegos Olímpicos de París 2024, alegando las previsiones reglamentarias contra criminales sexuales, y aunque posteriormente se la concedieron, pusieron como condición que no tuviera contacto directo de ningún tipo con las jugadoras.
Finalmente, Mwape fue separado del cargo, y en su lugar fue designada a principios de año la suiza Nora Häuptle, que en el pasado dirigió a la selección femenina de Ghana.
Mwape fue reasignado a una función de asesor en las divisiones menores, pero desde entonces no ha hecho sino crecer la presión sobre la Federación de Zambia (FAZ) para que se deshaga de él, antes de que termine perjudicando las opciones del presidente Andrew Kamanga en las elecciones de la entidad, previstas para marzo próximo.
El movimiento #SeAcabó, que en su momento se convirtió en el lema de la solidaridad con Jenni Hermoso en redes sociales, terminó detonando la revelación de otros episodios de acoso o agresión en el fútbol practicado por mujeres.
Antiguos casos fueron develados, como el de los abusos sufridos en los años 90 por jugadoras de la selección nacional de Irlanda, que relataron presiones por parte de entrenadores, en el documental 'Girls in Green' (Chicas de Verde), obligando a la Asociación de Fútbol de su país (FAI) a emitir una disculpa pública y poner en práctica un mecanismo de denuncia anónima a través de una firma independiente de manejo de quejas, y no de la propia entidad.
En Inglaterra, la excapitana del Fulham Ronnie Gibbons denunció los abusos del fallecido multimillonario Mohamed Al Fayed, dueño de los almacenes Harrods y propietario también del club entre 1997 y 2013, a quien acusó de intentar en dos ocasiones besarla y manosearla contra su voluntad.
En abril del año pasado, varios equipos femeninos de Brasil usaron el tiempo de presentación de partidos de primera división para protestar tapándose los oídos o la boca por la recontratación de Kleiton Lima, el entrenador del Santos, luego de estar siete meses separado del cargo por denuncias de acoso sexual y moral por parte de jugadoras.
Poco antes del regreso de Lima, la periodista brasileña Camila Alves había revelado los hallazgos de una investigación que la llevó a encuestar a 209 jugadoras de primera, segunda y tercera división en su país; según la cual el 52,1% reconoció haber sufrido algún tipo de acoso por parte de dirigentes, entrenadores, árbitros e incluso aficionados.
Alves explicó que más de la mitad de las jugadoras, que participaron en el estudio bajo condición de anonimato, habían sufrido alguna forma de acoso sexual, invitaciones inapropiadas y sanciones luego de denunciar a sus agresores. Solo 14,7% de las afectadas denunciaron, pero de los 113 casos que formaron parte de ese porcentaje, apenas hubo consecuencias en 17.
Nuevos recursos a disposición
Ese beso no consentido bajo los reflectores del estadio Accor encontró una respuesta en el contrato colectivo firmado a finales de enero en la Liga F de España, que ahora incluye un protocolo de acoso que garantiza asistencia psicológica a las afectadas, les da derecho a que los casos sean estudiados por una comisión independiente del club en el que se generaron y fija plazos para la instrucción y resolución.
Sin embargo, Camila García advierte que para generar estos cambios se ha invertido la carga de la responsabilidad, porque en muchos casos han sido respuestas reactivas a demandas de las jugadoras contra “sistemas deportivos que no necesariamente las protegen”.
Ha habido revictimización y nadie quiere ser expuesto de esa manera
La lucha de las jugadoras en todas las latitudes ha dado lugar, según García, a una frustración derivada de la falta de “normativas, protecciones y legislaciones necesarias” para responder en casos de acoso.
“Los mecanismos son débiles: no se ha protegido la confidencialidad en muchos casos, ha habido revictimización y nadie quiere ser expuesto de esa manera. De modo que me temo que si no se da una señal potente por parte de las entidades que gobiernan el fútbol se genere más miedo a denunciar, que es justamente lo que tenemos que evitar”.
García agradece, sin embargo, el “impacto simbólico” del caso Rubiales, porque “generó una conversación. Al poner la lupa nos dimos cuenta de que no son casos aislados, sino que tenemos un problema sistémico, con dinámicas que en otros ámbitos laborales no se cuestionarían. Pero una cosa es que se avance en el ámbito civil y otra es qué se está haciendo en el mundo deportivo para prevenir, atender, sancionar y remediar este tipo de casos”.