Venezuela expulsó a las delegaciones diplomáticas de siete países latinoamericanos que pusieron en duda los resultados de los comicios presidenciales anunciados por la autoridad electoral y que daban como ganador de la contienda al actual presidente, Nicolás Maduro. Además, ordenó el cierre de embajadas y el consecuente retiro de sus funcionarios en estos países. Las medidas afectan a migrantes en el extranjero, muchos de los cuales se han volcado sobre las sedes diplomáticas para tramitar el retiro de documentos, como pasaportes y apurar trámites como permisos de viaje para menores. Al menos 7,7 millones de migrantes venezolanos viven en el extranjero, según organismos internacionales.
La escena se ha repetido por estos días en varias capitales de Latinoamérica: grupos de migrantes venezolanos se congregan en embajadas y sedes diplomáticas de ese país, sacudido ahora por una profunda crisis institucional y política tras la elección presidencial del pasado 28 de julio. En el centro de la crisis están también 7,7 millones de venezolanos que según organismos internacionales viven en el extranjero.
Buenos Aires, Lima, Santiago, Quito… la crisis postelectoral interna tras el boletín de resultados se ha extendido con la decisión del gobierno venezolano de ordenar el retiro de delegaciones, romper relaciones diplomáticas y cerrar sus embajadas en países que han mostrado cautela, rechazado o puesto en duda el boletín presentado el domingo 28 por la autoridad electoral -que la oposición denuncia está bajo control del oficialismo- y que dio la victoria para un tercer mandato a Nicolás Maduro.
El gobierno de Nicolás Maduro decidió expulsar al personal diplomático de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay y, a su vez, retiró a sus representantes en dichos países. El resultado es disputado por la oposición y cuestionado por buena parte de la comunidad internacional que pide la publicación de actas electorales.
El miércoles, miles de migrantes se agolparon en la Embajada de Venezuela en Lima para gestionar el retiro de pasaportes y documentos legales. La atención y prestación de servicios consulares en esta sede diplomática fueron suspendidos el martes, luego del anuncio del presidente Nicolás Maduro, cuyo período presidencial vence en enero.
En Santiago, Chile, los venezolanos se formaron en filas de varias cuadras para retirar pasaportes, permisos de viaje y otros documentos, mientras que en Ecuador se denunció la anulación de pasaportes sin notificaciones o explicaciones.
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Caos e indefensión: migrantes quedan en un limbo
Con el cierre de sedes diplomáticas, son millones los venezolanos en el exterior que quedan en un limbo legal. La entrega de pasaportes, con un costo de hasta USD 500 en algunos países, impone más restricciones a los migrantes y limita el libre movimiento hacia otros países.
A esto se suman también las denuncias esta semana de la anulación de estos documentos a periodistas y disidentes en el extranjero. También están afectadas la emisión de permisos de viaje de niños y adolescentes, la apostilla de documentos, entre otras diligencias.
“El lunes 5 tenía que retirarlo, tengo una hermana que es paciente oncológica, soy su donante de médula ósea, necesito mi pasaporte para viajar a España. Ella está en León y con esto me he quedado sin palabras”, expresó Elio Abreu, de 36 años, a la agencia EFE.
Abreu se encuentra en Lima. El gobierno de Perú desconoce el anunciado triunfo de Maduro y optó —como otros países, incluyendo Estados Unidos— por dar reconocimiento como ganador de la contienda a Edmundo González Urrutia, quien concursó bajo el amparo de una coalición de partidos de oposición.
Abreu afirma sentir “incertidumbre total, mucha rabia, tristeza” y asegura que necesita viajar lo antes posible para someterse él mismo a un tratamiento de preparación previo a la donación de médula a su hermana.
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Gobiernos buscan evitar recrudecimiento de la violencia y nueva ola migratoria
Los temores sobre una nueva oleada migratoria también están en la mente de los líderes y gobiernos de la región. Encuestas publicadas antes de la elección apuntaban a que al menos un tercio de los venezolanos aguardaban la elección y su resultado para tomar decisiones sobre si salir del país o permanecer en él.
En medio de la crisis regional y sus ecos en la región, hay países que están diseñando estrategias para buscar una salida negociada a la crisis. Los presidentes de Brasil, Colombia y México intentan mediar en una negociación que hasta ahora se enfoca en lograr transparencia y auditabilidad de los resultados anunciados por el CNE venezolano.
Este jueves, los cancilleres de los tres países publicaron un comunicado conjunto en el que llamaron nuevamente a que el CNE muestre "los resultados desglosados por mesa de votación" y reafirmaron "la conveniencia de que se permita la verificación imparcial de los resultados, respetando el principio fundamental de la soberanía popular".
Los despachos de los tres cancilleres dijeron que continuarían conversaciones "de alto nivel" con funcionarios venezolanos, reafirmaron su "respeto a la soberanía y a la voluntad del pueblo de Venezuela" y expresaron "convicción" de que las "soluciones a la crisis deben surgir de Venezuela", por lo que reiteraron su "voluntad de apoyar esfuerzos de diálogo".
Algunos analistas ven con dificultad que el gobierno de Maduro esté dispuesto a negociar una “transición pacífica” como ha instado la administración del presidente estadounidense, Joe Biden. Especialmente por la escalada represiva tras las elecciones: al menos 22 manifestantes han muerto entre denuncias de dura represión policial y el gobierno ha declarado la detención de más de 2.000 ciudadanos en el contexto de manifestaciones, a los que vincula a cargos de terrorismo, asociación para delinquir, conspiración, entre otros supuestos delitos.
La migración irregular reportada por el Gobierno de México casi alcanzó el récord de 782.176 durante el primer semestre de 2024, tres veces superior al mismo período en 2023, según datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob). El principal país de origen de los migrantes es Venezuela, con 200.289 registrados, lo que representa un aumento del 215 %.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, propuso el martes celebrar una cumbre con presidentes de la región para buscar salidas a la crisis. Mulino, que tomó posesión el pasado primero de julio, se sumó al reconocimiento del candidato opositor Edmundo González Urrutia. Pero su gobierno también ha anunciado el cierre de pasos fronterizos irregulares a través del Tapón del Darién, en la frontera con Colombia.
El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, dijo este martes que su gobierno extenderá la ayuda necesaria para quienes están en espera de trámites. “Es momento de reciprocar esa ayuda histórica", dijo, y recordó que en el pasado ya han facilitado permisos de trabajo sin que los residentes venezolanos tengan los documentos al día. "Si tenemos que hacerlo de nuevo, lo vamos a hacer", afirmó.
Mientras, la cancillería de Venezuela anunció el lunes en un comunicado que llegó a un acuerdo con Brasil para que asuma la custodia de las misiones diplomáticas de Argentina —donde están refugiados miembros del comando de campaña de la oposición— y de Perú, así como la representación de sus intereses y los de sus ciudadanos en territorio venezolano a partir del 5 de agosto.
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