Véronica Abad, vicepresidenta de Ecuador, asiste este miércoles 13 de noviembre de manera virtual a una sesión del Legislativo ecuatoriano que atenderá una solicitud de la funcionaria para que el pleno actúe frente a la suspensión de su cargo por parte del presidente Daniel Noboa. Un capítulo más de la crisis entre el poder político del país, protagonizada por Abad y Noboa.
Nuevo capítulo de la crisis al interior del Ejecutivo ecuatoriano.
Este miércoles 13 de noviembre, la vicepresidenta del país, Verónica Abad, asiste de manera virtual a una sesión de la Asamblea Nacional, el Legislativo unicameral de la nación, que busca resolver una petición hecha por la funcionaria para que el pleno actúe frente a la orden de suspensión de sus funciones por parte del presidente Daniel Noboa.
El pasado 9 de noviembre, la Administración de Noboa suspendió por un término de 150 días -y sin remuneración- a la vicepresidenta, al alegar “abandono injustificado” de su cargo.
Arbitraria, inconstitucional e ilegal
Pero Abad rechazas las acusaciones y pide al Legislativo de su país que se revise los hechos y tome cartas en el asunto.
De acuerdo con un comunicado escrito por la funcionaria, dirigido a la Asamblea ecuatoriana, la decisión del mandatario es “arbitraria, inconstitucional e ilegal”.
La suspendida número dos del Ejecutivo añade que el Gobierno se ha saltado el marco jurídico. La situación demuestra “una vez más que a este Gobierno y a las entidades que han figurado en este acto poco les importó lo que disponen la ley y el orden constitucionalmente establecido”.
Se espera que los 137 asambleístas que conforman el Legislativo emitan su concepto sobre el asunto este miércoles.
La prensa local apunta que, con el apoyo de la mayoría de los legisladores, es previsible que el pleno genere una resolución de rechazo y el anuncio de un juicio político a la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, directora de la cartera que emitió la orden de suspensión.
Por otro lado, el martes 12 de noviembre, la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, anunció que le pedirá a la Corte Constitucional un dictamen interpretativo sobre las competencias de Núñez para la inhabilitación de la vicepresidenta.
En medio de las tensiones, el pasado 11 de noviembre el Gobierno de Noboa designó a Sariha Moya-quien se desempeñaba como secretaria nacional de Planificación-como la vicepresidenta encargada durante la inhabilitación de Abad.
En una intervención de la vicepresidenta Abad, difundida en redes sociales, la funcionaria sentenció: "pretenden inhabilitarme por cinco meses por una falta no cometida y sin prueba alguna, con el solo objetivo de que no asuma la Presidencia de la República, cuando el presidente candidato entre en su campaña, en la que se encuentran ya abiertamente desde el inicio de su Gobierno".
El actual jefe de Estado ecuatoriano es uno de los 15 aspirantes al próximo periodo presidencial y, para la campaña que se avecina debe pedir licencia y delegar la Presidencia de manera temporal a Abad, con quien mantiene constantes enfrentamientos desde incluso antes de su mandato.
La sesión ante el pleno de este 13 noviembre marcará el rumbo de esta ruptura dentro del Ejecutivo ecuatoriano; síntoma de una enemistad que siempre ha estado presente durante de estos dos funcionarios.
Esta falta de homogeneidad en el poder ecuatoriano le agrega un dilema más al país que está sumido en una crisis energética y de seguridad.
La crisis energética, presente desde el Gobierno anterior de Guillermo Lasso, se agudizó en la Administración de Noboa con cortes de hasta 14 horas diarias. Mientras que la crisis de inseguridad, también un problema heredado, tuvo como respuesta la militarización del país, pero no contuvo la violencia en cárceles, registrando una nueva masacre este 12 de noviembre, por ejemplo.
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¿Cuál es la razón de la suspensión?
Según medios locales, Ruth Espinoza, directora de Recursos y Sumarios Administrativos del Servicio Público del Ministerio del Trabajo ecuatoriano, “probó” que Abad incurrió en una falta grave establecida en el artículo 48 de la Ley Orgánica de Servicio Público y, por ello la acusó de haber abandonado injustificadamente su puesto de trabajo por tres o más días laborales consecutivos.
El abandono hace referencia a que la vicepresidenta -quien también es la embajadora ecuatoriana en Israel- no se trasladó desde suelo israelí a Turquía, a donde según una disposición presidencial debía viajar para cumplir su única función de “embajadora de Ecuador por la paz para evitar el escalamiento del conflicto entre Israel y Palestina”, tal y como reza el Decreto Ejecutivo 27, suscrito el 24 de noviembre de 2023.
Por su parte, Abad argumentó que no estaba “debidamente preparada” para el viaje a Turquía, y que su traslado allí no se debía a motivos de seguridad -como había señalado el Gobierno de Noboa- sino que buscaba silenciarla y forzar su renuncia.
Abad denuncia presunta violencia política de género contra Noboa y su Gobierno
El pasado viernes, 8 de noviembre, la vicepresidenta sustentó ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) con ocho presuntas “agresiones” la denuncia por supuesta violencia política de género que interpuso contra el jefe de Estado, y otros miembros de su Gobierno.
Abad pidió al TCE que sancione a Noboa, a la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, a la asesora presidencial Diana Jácome y al exviceministro de Gobierno Esteban Torres por la violencia política que denuncia.
De acuerdo a la defensa de la vicepresidente, mediante su abogado, Damián Armijos, la diligencia busca la tutela de los derechos políticos de la vicepresidenta y embajadora, ya que, por medio de las presuntas agresiones, el presidente y los miembros de su gabinete han buscado “a toda costa” impedir su ejercicio de la función pública”.
Adicionalmente, Armijos señaló que han buscado amedrentar, intimidar y hostigar a Abad con la finalidad de “provocar su renuncia y evitar así la sucesión presidencial, como manda la Constitución".
Con medios locales y EFE