La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó este viernes 14 de junio al Estado argentino por su responsabilidad y falta de investigación en el atentado terrorista cometido contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) el 18 de julio de 1994, que dejó 85 muertos y cientos de heridos. El ataque es considerado el atentado más grave y mortífero contra intereses judíos en Latinoamérica. El caso fue llevado a la CorteIDH por una asociación de víctimas llamada Memoria Activa.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó este viernes 14 de junio a Argentina en el caso llevado por la Asociación Memoria Activa, integrada por demandantes argentinos y víctimas del ataque terrorista a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido en julio de 1994.
La Corte Interamericana halló culpable al Estado argentino de no prevenir y "no haber cumplido con su deber de investigar con la debida diligencia y dentro del plazo razonable el atentado y su encubrimiento", señaló el dictamen.
La sentencia ha sido acogida en medio de celebraciones por los miembros de Memoria Activa, que ahora aseguran que llevarán la sentencia al Supremo argentino, para exigir avances en el resto de causas abiertas sobre el atentado contra la AMIA y en la desclasificación de "todos los archivos secretos de todas las fuerzas de seguridad e inteligencia".
El fallo de la corte con sede en Costa Rica, encargada de aplicar e interpretar de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, "refleja una triste historia de nuestro país (…) y demuestra que la historia oficial que nos vendieron las instituciones del Estado era una mentira", añadió la agrupación, que acusó al Estado argentino de aparecer solo para "encubrir". Además, la agrupación también pide "una investigación seria" y "reparatoria para las víctimas".
El ataque contra la AMIA, que promueve la vida y el bienestar de la comunidad judía en Argentina, ocurrió el 18 de julio de 1994, en Buenos Aires, cuando un coche bomba explotó frente al edificio de la AMIA, causando la muerte de 85 personas y heridas a más de 300. Es considerado uno de los ataques terroristas más graves en la historia de Argentina y de América Latina.
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Según la CorteIDH, el Estado "conocía de una situación de riesgo real e inmediata sobre los sitios identificados con la comunidad judía y no adoptó las medidas razonables para evitar dicho riesgo", dice la resolución leída por su presidenta, Nancy Hernández.
Después de 30 años "no se tiene claridad sobre lo acontecido, sus responsables, ni las razones por las cuales el Estado utilizó su aparato judicial para encubrir y obstaculizar la investigación", agregó la sentencia. El tribunal consideró al Estado como "responsable de la violación a los derechos a la vida y a la integridad personal en perjuicio de las víctimas".
El ataque no solo tuvo un impacto devastador en pérdidas humanas y materiales, sino que también dejó una profunda huella en la sociedad argentina y en la comunidad judía en particular.
Durante décadas, la investigación del atentado ha estado signada por controversias y acusaciones de encubrimiento, y hasta la fecha, los responsables directos del ataque no han sido llevados ante la Justicia. Este caso ha sido pieza central de interminables debates y es considerado un símbolo de la lucha contra la impunidad en Argentina.
La investigación se ha enredado a lo largo de los años por acusaciones de encubrimiento y falta de cooperación de varios Gobiernos, incluido el de Irán, considerado sospechoso de haber planeado y perpetrado el ataque, en represalia con Israel, un Estado que considera enemigo. Las relaciones diplomáticas entre Argentina y esta República Islámica han estado marcadas por la tensión causada por las acusaciones contra ciudadanos iraníes y la falta de colaboración de Teherán en las investigaciones.
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Uno de los hechos más importantes vinculados al caso fue la muerte del fiscal argentino Alberto Nisman, encargado de la investigación durante diez años y que fue hallado en su casa de Buenos Aires con un disparo en la cabeza el 18 de enero de 2015, un día antes de que presentara los resultados de su investigación, en los que señalaba a la entonces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, de encubrir a ciudadanos iraníes vinculados con el ataque.
Según Nisman, Fernández habría firmado un acuerdo con Irán para acercar relaciones comerciales a cambio, supuestamente, de disminuir la carga judicial contra los principales sospechosos, que ocupaban altos cargos en Irán y en la organización terrorista chií libanesa Hezbolá.
Con Reuters, EFE y AFP.