En el primer mes de Gobierno de la sucesora de Andrés Manuel López Obrador, México ha visto una crisis de violencia al rojo vivo, con enfrentamientos entre grupos del crimen organizado y el asesinato de policías, de un sacerdote reconocido por su labor humanitaria y de dos periodistas. Mientras, la reforma judicial aprobada en el coletazo final del Gobierno AMLO sigue generando discordia.

México cambió de mandato, pero no ha dejado atrás, al menos de momento, la crisis de violencia. 

Esta ha aumentado en regiones como Sinaloa, en el occidente del país, donde ha castigado a la población, atrapada en enfrentamientos entre las facciones del antiguo Cartel de Sinaloa: por un lado, los hijos de ‘El Chapo’ Guzmán, del otro, a los seguidores de ‘El Mayo’, luego de que los llamados ‘Chapitos’ colaboraran con las autoridades estadounidenses para la detención de ‘El Mayo’ en julio pasado. 

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Los enfrentamientos dejan cientos de muertos y la situación de inseguridad ha recaído entre los habitantes del estado y afectado asimismo su economía. 

Entre tanto, en Chiapas, en el sur del país, el 19 de octubre fue asesinado el Padre Marcelo Pérez, reconocido entre la población por sus labores humanitarias. El líder religioso había recibido amenazas con anterioridad y su muerte evidenció la inseguridad en este estado sureño, colindante con Guatemala, donde diversos grupos armados se disputan el control territorial en la frontera. 

A nivel nacional, el número de miembros de la fuerza pública asesinados ha sido notorio. La organización civil Causa en Común informó este viernes que este mes de octubre, primero del mandato de Sheinbaum, registró los asesinatos de 31 policías. De acuerdo con la entidad, del 25 al 31 de octubre hubo nueve casos, que elevaron el número total de agentes asesinados en lo que va del 2024 a 257.

Reporteros sin Fronteras hace un llamado a proteger a los periodistas

Mientras tanto, la ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF) llamó este viernes al nuevo Gobierno a garantizar la seguridad de los periodistas en el país, luego del asesinato el pasado martes del periodista Mauricio Cruz Solís, en el estado de Michoacán (oeste).

El pedido de la organización llega en la víspera del Día Mundial para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas -establecido por Naciones Unidas-, que se conmemora cada 2 de noviembre.

"La lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos contra periodistas y el fortalecimiento de las políticas de protección deben ir de la mano si queremos hacer frente con eficacia a la crisis de violencia que amenaza cada día la libertad de prensa en México", dijo Artur Romeu, director de la oficina de RSF para América Latina. 

Cruz Solís, de 25 años y director del portal informativo 'Minuto x Minuto', también presentaba el noticiero ‘Enlace Informativo’, de la estación Radiorama. Solís había informado en directo en varias ocasiones haber recibido amenazas y había reportado incidentes de seguridad a las autoridades. 

La tarde del 30 de octubre, Patricia Ramírez González, que se desempeñó como periodista de espectáculos, también fue asesinada.

Estos casos se suman a los de otros cuatro periodistas asesinados en 2024: Alejandro Martínez Noguez, el 4 de agosto, en Guanajuato; Luis Fernando Cosgaya Herrera, el 14 de agosto, en Estado de México; Víctor Alfonso Culebro Morales, el 28 de junio, en Chiapas, y Roberto Carlos Figueroa Bustos, el 26 de abril, en Morelos, según datos de Naciones Unidas.

Por su parte, la ONG Artículo 19 indicó que desde el inicio del mandato del predecesor de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, en diciembre de 2018, 47 periodistas han sido asesinados en el país. El mismo número de trabajadores de la profesión fueron asesinados durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

La reforma judicial en México y un malestar que no cesó

Los primeros 31 días de mandato de Sheinbaum también estuvieron marcados por la reforma judicial impulsada por López Obrador en la recta final de su Gobierno. 

Un remezón a la Justicia en el país altamente criticado por la oposición y por el sector judicial, que aseguran que acabará con la división de poderes en el país. Hasta el momento, la presidenta de la Corte Suprema, Norma Piña, y otros siete magistrados del Alto Tribunal han renunciado en oposición a la medida. 

Con la reforma, se estableció un cambio radical: en el país los jueces pasarán de ser elegidos por su carrera dentro del Poder Judicial a serlo por voto popular, algo con lo que el Gobierno AMLO dijo que se aumentará la legitimidad de estos cargos, así como la transparencia en su elección. La medida fue apoyada por la actual mandataria. 

Tras su aprobación, los trabajadores del Poder Judicial se declararon en paro prolongado de sus funciones, lo que ha puesto en espera cerca de 13.000 casos judiciales en el país. Sheinbaum, por su parte, ha criticado que los trabajadores judiciales se mantengan en huelga y que sigan recibiendo sus salarios. 

La reforma aún enfrenta desafíos legales que podrían poner en pausa su implementación. 

Con EFE