El Gobierno de Chile anunció la presentación de un proyecto de ley al Congreso para ponerle fin al Crédito con Aval del Estado (CAE). Aunque miles de estudiantes celebran la promesa de Gabriel Boric de aliviar la carga de deudas impagables, el desafío ahora será implementar un sistema que garantice el acceso a la educación superior sin depender de la banca privada.
“Financiar la carrera universitaria con el CAE es la única opción para poder estudiar”, comenta con resignación Gonzalo Eyherregaray a France 24. Gonzalo cursó Ingeniería Mecánica en la Universidad de Santiago de Chile, pero no logró concluir sus estudios.
El Crédito con Aval del Estado, más conocido como CAE, fue instaurado en 2006 como una medida para democratizar el acceso a la educación universitaria en Chile, pero terminó atando a generaciones de estudiantes y familias a largas décadas de pagos, intereses crecientes y pocas posibilidades de escape.
“Por mi situación económica no tuve más opción (…) Sabía que me estaba comprometiendo a una deuda grande y duradera”, relata Javiera Ramírez.
Ramírez solicitó el crédito en su primer año de estudios para poder cursar la carrera de Trabajo Social en la Universidad Santo Tomás.
En este contexto, el presidente chileno, Gabriel Boric, anunció el 7 de octubre, en cadena nacional, una de sus principales promesas de campaña: el fin del CAE.
“Hoy el CAE es un problema para todo Chile: para quienes con mucho esfuerzo mes a mes lo pagan, para quienes no han podido hacerlo, para aquellos que ni siquiera pudieron terminar sus estudios y aun así están endeudados y, también, lo es para las arcas fiscales”, señaló Boric.
Entre 2006 y 2023, más de 1,2 millones de chilenos recurrieron al CAE para financiar su educación superior. Según datos oficiales del Gobierno, alrededor del 27% de estos beneficiarios aún se encuentra en etapa de estudios o en período de gracia, mientras que el 73% ya comenzó a pagar su deuda, lo que implica que cientos de miles de personas están actualmente lidiando con este sistema.
La deuda acumulada total asciende a aproximadamente 11.700 millones de dólares, de los cuales el 58,3% es financiado por el Estado, y el 41,7% restante por la banca privada, de acuerdo con la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores, hasta el 31 de diciembre de 2023.
El mandatario anunció la presentación de un proyecto de ley -que deberá ser aprobado por ambas cámaras del Congreso de Chile-, que busca eliminar este controvertido modelo de financiamiento estudiantil, proponiendo como reemplazo el Fondo de Educación Superior (FES), un nuevo sistema público destinado a garantizar el acceso a la educación sin recurrir a la banca privada. Con esta propuesta, el Gobierno chileno pretende aliviar la carga financiera de miles de estudiantes y transformar la manera en que se financia la educación superior en el país suramericano.
“Lo hacemos conscientes de que el proyecto, tal como lo imaginábamos, ha ido sufriendo modificaciones y nos alegramos de que así sea”, expresó Boric en cadena nacional. Y ante las críticas de la oposición, agregó:
“Hay algunos quienes dicen ‘esto no es lo que ustedes dijeron en un comienzo’. Bueno, pero si las cosas cambian justamente es porque uno es capaz de incorporar argumentos de otras personas”.
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Con la presentación del Fondo de Educación Superior (FES) se abre un nuevo debate sobre la sostenibilidad de este modelo y las implicaciones para las generaciones futuras. ¿Será el fin del endeudamiento o un nuevo reto para el sistema educativo chileno?
El CAE y el endeudamiento estudiantil en Chile
Tras dos años de pagos, Javiera Ramírez reflexionó sobre el impacto del CAE en su vida. Aunque actualmente puede cubrir los pagos porque tiene trabajo, vivió un episodio que le generó un gran estrés financiero. En 2022, recibió una notificación de un abogado que la informaba de una deuda en cobranza, con el riesgo de un embargo. “Me enteré de manera muy abrupta, porque no estaba al tanto de cuándo debía comenzar a pagar”, explicó.
La deuda alcanzaba los 500.000 pesos chilenos (aproximadamente 535 dólares), de los cuales solo 150.000 (160 dólares) correspondían al monto original; el resto eran intereses. “Pagué los 500.000 para evitar una cobranza judicial, pero fue un golpe financiero importante”, relató. Aunque ahora se encuentra al día con los pagos, este episodio impactó negativamente su estabilidad económica.
Ramírez considera que, en retrospectiva, el CAE no fue una opción beneficiosa para ella. “Sinceramente, no fue beneficioso, y creo que para nadie lo es”, afirmó. Aunque el crédito le permitió continuar sus estudios, cuestiona si realmente valió la pena debido a los altos intereses y la duración del pago.
El impacto de este sistema no solo es financiero, sino también emocional y social.
Muchos estudiantes que confiaron en el CAE como su única vía para obtener una carrera profesional vieron cómo sus sueños de progreso se transformaron en una pesadilla de deudas impagables.
“Siento que he estado pagando este crédito toda mi vida, es agotador”, se lamenta Gonzalo, quien en marzo de este año decidió dejar de abonar las cuotas del préstamo que comenzó a pagar en 2018.
El anuncio del proyecto de ley fue recibido con entusiasmo por aquellos que llevan años atrapados en la deuda, pero también generó un profundo debate en el país. Las preguntas son muchas: ¿Cómo se implementará la condonación de las deudas ya existentes? ¿Qué implicaciones tendrá este nuevo sistema para los futuros estudiantes y para el erario público? Y, quizás lo más urgente, ¿podrá el Gobierno de Boric avanzar con esta reforma en un Congreso profundamente dividido, donde las fuerzas políticas no siempre convergen en torno a las prioridades educativas?
La diputada Karen Medina, integrante de la bancada independiente y miembro de la Comisión Permanente de Educación de la Cámara de Diputados de Chile, expresó en diálogo con France 24, que la propuesta del Gobierno de Gabriel Boric para abordar el tema del CAE generó expectativas que no se alinean completamente con las promesas de campaña.
“Esta no es la respuesta que los estudiantes o los deudores querían o tenían en su mente como expectativa, la promesa de campaña que hizo el presidente fue la condonación del CAE”, señaló la diputada y agregó:
“Todos pensaban que iban a caer en el saco de la condonación a secas, que era un perdonazo a la deuda".
La diputada subraya que, aunque el “perdonazo” era visto como inviable desde el principio, las expectativas sobre el proyecto aún eran muy altas.
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Un sistema con falencias
A lo largo de los años, el sistema mostró sus falencias. La acumulación de deudas impagables, las altas tasas de interés y los largos períodos de amortización generaron una creciente carga financiera para los estudiantes y sus familias. Muchos deudores, incluso después de egresar, continuaron pagando durante años sin ver una reducción significativa en su saldo. El impacto fue devastador para las clases media y baja, con familias que se vieron atrapadas en un ciclo interminable de deudas.
El CAE no es un caso aislado en América Latina. En países como Colombia, el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) sigue un modelo similar, con resultados igualmente problemáticos. Al igual que en Chile, muchos estudiantes colombianos denuncian las dificultades para saldar sus deudas y cómo estas afectan su calidad de vida.
En Chile, las críticas al CAE se acumularon rápidamente. Movimientos estudiantiles, como los de 2011, liderados por figuras como Gabriel Boric y Camila Vallejo -actual vocera del Gobierno-, exigieron una transformación profunda del sistema de financiamiento educativo. Los movimientos estudiantiles demandaban que la educación superior fuera un derecho garantizado por el Estado, en lugar de un negocio lucrativo para la banca privada.
Desde entonces, el CAE no solo pasó a ser visto como una pesada carga económica, sino también como un símbolo de la desigualdad en el acceso a la educación.
Con el paso de los años, diferentes gobiernos intentaron realizar modificaciones al sistema, pero ninguno había propuesto su eliminación total hasta ahora. El proyecto de Gabriel Boric marca un punto de inflexión en la política educativa chilena.
“Es un proyecto que se hace cargo de una sentida necesidad social sin afectar otras prioridades presupuestarias, como seguridad, salud y vivienda. El proyecto consagra una mayor eficiencia del gasto público, excluyendo a la banca del financiamiento de la educación superior, y el alivio a los deudores”, señaló a BBC Mundo Álvaro Elizalde, ministro de la Secretaría General de la Presidencia.
La anhelada condonación de las deudas
El aspecto más esperado del anuncio de Boric fue la condonación de las deudas del CAE, un punto crucial que podría traer alivio a miles de familias que, durante años, han soportado el peso de estos créditos estudiantiles.
Según el proyecto, el plan de condonación del CAE se dividirá en etapas, comenzando con una primera fase, en la cual se tendrá en cuenta la situación académica del deudor, el estado de pago y la cantidad de cuotas pagadas con relación al plazo total del crédito.
De acuerdo con el anuncio realizado por el Gobierno, “la condición académica y la situación de pago serán las bases sobre las cuales, al sumar el número de cuotas abonadas respecto del total pactado, se determinará la condonación inicial”.
Una vez realizado este cálculo, los deudores podrán acceder a una segunda fase de condonación, que se ajustará mensualmente. En esta etapa, los pagos se calcularán en un rango que oscilará entre el 1% y el 8% del ingreso mensual del deudor, con un tramo exento de 500.000 pesos chilenos (equivalentes a unos 535 dólares). Esto significa que aquellos que perciban un salario inferior a esa cantidad, equivalente al sueldo mínimo en Chile, quedarán exonerados de cualquier pago.
Además, la propuesta contempla la posibilidad de que los deudores actuales liquiden la totalidad de su deuda en un solo pago. Aquellos que opten por esta vía recibirán una condonación adicional del 25% sobre el saldo restante tras la aplicación de la condonación inicial.
Finalmente, se introduce un beneficio tributario relacionado con el Impuesto Global Complementario, que se aplica según la renta personal. Este beneficio estará disponible para quienes ya hayan cancelado su deuda del CAE y se extenderá durante un período de 20 años, como una forma de reconocimiento a quienes cumplieron con sus obligaciones financieras.
“Hoy día, el Gobierno viene a confirmar efectivamente, y después de mucho trabajo, que había que buscar distintos tipos de deudores y apuntar las medidas hacia esos distintos tipos. Yo creo que la medida es hoy en día viable”, explicó a France 24 la parlamentaria Karen Medina.
Sin embargo, Medina advirtió que el financiamiento de este proyecto es una de las mayores preocupaciones, ya que el Ejecutivo plantea que no se necesitarán recursos adicionales. En este sentido, la diputada subrayó que "todos tienen dudas" y consideran "que no va a ser así”, sugiriendo que la discusión tendrá que abordarse “con calculadora en mano” para evitar dejar un problema financiero a futuros gobiernos.
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Un nuevo modelo de financiamiento a la educación superior en Chile
El proyecto presentado por el Ejecutivo plantea reemplazar el CAE por el Fondo de Educación Superior (FES), una alternativa pública que busca garantizar el acceso universal a la educación superior sin la intermediación de la banca privada, una de las mayores críticas al CAE. Bajo este nuevo sistema, el Estado asumiría el rol de principal financiador de los estudios universitarios, lo que significa una desvinculación casi completa del sector financiero privado del ámbito educativo superior.
Este modelo representa un giro en la estructura del sistema de financiamiento, ya que, hasta ahora, los bancos son actores fundamentales en la concesión de créditos.
En este punto, la diputada Medina resaltó que la exclusión de la banca privada en el nuevo esquema de financiamiento, en su opinión, puede ser problemática.
“Que no esté metida la banca es lo que a nosotros no nos cuadra matemáticamente”, afirmó.
Aunque ve con buenos ojos la posibilidad de un sistema solidario donde los fondos recaudados se destinen a futuros estudiantes, la diputada expresó dudas sobre su viabilidad: “No sé si ese sistema pudiera funcionar realmente, porque también pasa otra cosa: cuando las personas saben que es una deuda con el Estado y no con los bancos… muchos no pagan”.
El proyecto de ley contempla que los estudiantes puedan acceder a financiamiento estatal sin recurrir a deudas con intereses desmedidos, estableciendo un esquema de pagos mucho más flexible y acorde a la realidad económica de las familias chilenas.
El proyecto de Boric también tiene implicaciones políticas profundas. Al cortar lazos con la banca privada, el Gobierno busca posicionarse como un defensor de la educación como un derecho social y no como un bien de consumo.
Ante este proyecto, Javiera Ramírez se mostró cautelosa. “Sé que hay ciertas restricciones. Entiendo que no es algo inmediato, por lo que tendré que seguir pagando mi deuda por ahora”, comentó. Aun así, la idea de que miles de estudiantes puedan ser liberados de sus deudas le genera esperanza. “Siempre he creído que el CAE será condonado en algún momento, y parece que ese proceso ya está bastante avanzado”.
En cuanto a cómo le afectaría personalmente la condonación, la considera como un alivio significativo. “La condonación sería algo muy positivo para mí”, afirmó, y espera que el nuevo modelo educativo que surja sea más justo y accesible para todos los estudiantes.