El Triángulo Norte de Centroamérica ha sido históricamente una región expulsora de migrantes y un corredor para otras nacionalidades en su afán de alcanzar la frontera sur de Estados Unidos. Los esfuerzos de la Administración de Joe Biden por contener este fenómeno desbordado han sido en vano, por lo que el tema se ha vuelto crucial en la carrera hacia la Casa Blanca. Más allá de las promesas de Harris y Trump, ¿cómo está el panorama migratorio en Honduras, El Salvador y Guatemala?

 

Contratar un ‘coyote’ en Centroamérica puede costar entre 7.000 y 15.000 dólares. Los traficantes de personas ofrecen a cambio hasta tres oportunidades para entrar con éxito a Estados Unidos. A diferencia de los venezolanos y los haitianos que viajan por su cuenta y se destacan por ser mayoría, los centroamericanos suelen apostarle al 'coyotaje’ para esquivar a la Guardia Nacional de México y a la Patrulla Fronteriza estadounidense.

Cruzando túneles y ríos, el flujo migratorio no está exento de sufrir graves violaciones a los Derechos Humanos, que van desde abusos sexuales a las mujeres, hasta casos como la muerte de  53 migrantes que se asfixiaron en el interior de un tráiler en Texas, luego de que los coyotes los abandonaran bajo llave en junio de 2022.

Ese mismo año, los países de la región se unieron bajo la ‘Declaración sobre Migración y Protección de Los Ángeles’, con el fin de cortar el fenómeno de la movilidad humana desde la raíz. Pero el resultado ha sido contrario al esperado.

En 2023, se batió el récord de interceptaciones a migrantes en la frontera sur de EE. UU. con 3,2 millones de registros.

Unos kilómetros al norte, la campaña electoral continúa su curso, con la migración en el centro del discurso de ambos candidatos y una narrativa poco esperanzadora para quienes quieren llegar al país norteamericano. Mientras la aspirante demócrata, Kamala Harris, promete reforzar la vigilancia en la frontera que comparte con México, Donald Trump amenaza con deportaciones masivas.

Pero los migrantes de El Salvador, Honduras y Guatemala no cesan de empacar maletas con rumbo hacia el norte.

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El Salvador, ¿un país sin pandillas y sin migrantes?

La respuesta es no. El éxodo de salvadoreños hacia Estados Unidos se mantiene vigente, pese a que el flujo de las pandillas que extorsionan a los comerciantes, que reclutan menores en sus células y que propagan la violencia criminal en los rincones del país, ha disminuido sustancialmente.

Según Rina Montti, directora de Investigación de Derechos Humanos de la ONG Cristosal, hay dos motivos clave por los cuales la gente abandona el país de manera irregular: la pobreza y la violencia.

En el apartado de violencia es donde ha habido un cambio sustancial en quién la perpetra, según relata Montti en entrevista a France 24:

“Antes la gente te hablaba y te decía que la razón por la que se había ido es porque había recibido alguna amenaza, alguna lesión, incluso intentos de homicidio de las pandillas; ahora estos mismos hechos se repiten, con la diferencia de que el agente victimario (ya no son las pandillas) son los agentes de seguridad del Estado”.

El cambio de victimario, según plantea Montti, estaría vinculado con las políticas de persecución de pandilleros que se fijaron desde el 27 de marzo de 2022, cuando el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, implementó un régimen de excepción, que a la fecha sigue su curso por la mayoría absoluta con la que cuenta su partido en la Asamblea Nacional.

Quienes más sufren los poderes extrajudiciales de la Policía salvadoreña son los habitantes de las zonas marginadas del país, de los barrios más pobres, de los estratos más bajos. Comunidades que han denunciado cerca de 7.000 detenciones arbitrarias de personas sin relación alguna con las bandas criminales.

“Ya se conoce cuál es la dinámica de la Policía para capturar a las personas” explica Montti. “Básicamente. es llegar a las casas sin ningún tipo de documentación que certifique por qué están buscando a una persona, piden los documentos, les toman fotografías, y luego vuelven el mismo día o al día siguiente y hacen la captura”. Con este patrón extendido por todo el territorio, Montti añade: “entonces las personas ya no esperan. Si llega la Policía y anda preguntando por ellos, lo que hacen es irse”.

Al arribar a Estados Unidos, los salvadoreños enfrentan un nuevo problema: el estigma de pandilleros por el simple hecho de haber migrado en tiempos del Régimen de Excepción. Con este precedente, el sueño de regularizar su estatus migratorio se derrumba ante el miedo de asistir a una corte o juzgado, en donde los abogados deben presentar sus antecedentes penales. Según Rina Montti, “ahora en El Salvador, básicamente cualquier persona puede tener antecedentes penales por nada, por ningún tipo de evidencia”.

De los 800.000 salvadoreños que viven sin documentación en Estados Unidos, miles podrían aspirar a un estatus de refugiado, argumentando haber escapado de la persecución del Estado. Sin embargo, durante los últimos dos años se ha reducido la cantidad de solicitudes de asilo, porque de encontrar antecedentes penales, son deportados e inmediatamente aprehendidos por las autoridades, algunos con destino a la megacárcel que Bukele construyó para los pandilleros.

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En Honduras, la violencia generalizada insta a la población a huir del país

Si en El Salvador las pandillas fueron contenidas con un régimen de excepción, en Honduras este mecanismo extraordinario no le ha funcionado al Ejecutivo de la izquierdista Xiomara Castro para disminuir las altas tasas de criminalidad de la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18. Estas pandillas aún ejercen un control territorial severo en varias regiones del país, extorsionando a las comunidades y reclutando a los jóvenes hacia una vida delictiva, lo que ha llevado a miles a huir.

Quienes deciden quedarse a pesar de estar amenazados de muerte, corren la suerte de perder la vida, como le sucedió al concejal y líder ambientalista Juan López, asesinado a tiros el pasado 14 de septiembre. Su crimen reavivó el también cometido contra Berta Cáceres en 2016 y agudizó la pesadilla de vivir en un país que mata a quienes defienden el medio ambiente y los territorios de los pueblos originarios.

Pese a la violencia criminal que atraviesa a Honduras, Allan Alvarenga, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración, le manifestó a France 24 que la migración de connacionales puede haberse reducido. Del millón de hondureños en Estados Unidos -no todos en situación irregular-  las deportaciones aéreas se han aminorado en los últimos dos años.

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“Esto lo sabemos del contexto de que Honduras venía de una narcodictadura que duró 12 años, con dos fraudes electorales en 2013 y 2017, y una crisis social que agudizó el fenómeno de las caravanas” sentenció el funcionario.

De acuerdo con Alvarenga, desde que Xiomara Castro llegó al poder, su Gobierno ha trabajado por recomponer el tejido social de las comunidades más afectadas para desincentivar a los jóvenes a migrar, dándoles oportunidades laborales. Aunque subraya que otro compromiso del Gobierno “es combatir de manera frontal el crimen transnacional de la trata de migrantes por lo que es necesario reforzar los aparatos de investigación y de seguridad”.

En cuanto a las elecciones de noviembre en Estados Unidos, Alvarenga expresa: “todo el mundo está a la expectativa del resultado, pero en tal sentido, sea Trump, sea Kamala, vamos a trabajar con quien quede para encontrar soluciones a la migración, pero no nos vamos a dejar imponer agendas de nadie”.

El funcionario del máximo organismo migratorio prosigue: “Lo que sí le puedo decir es que no es poniendo muros, no es enjaulando niños, que se va a parar la migración. No es con medidas unilaterales. Esta es una situación que aqueja a toda la región y requiere de un abordaje regional”.

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Guatemala, el país de Centroamérica que más exporta migrantes con la mira en las remesas

De todos los centroamericanos en Estados Unidos, los guatemaltecos son mayoría. En el año 2020, el Instituto de Política Migratoria estadounidense informó que en el país había cerca de 1,3 millones de guatemaltecos indocumentados, de los casi 3 millones que allí habitan, y que han llegado desde la década de 1980.

No es por azar que en Guatemala las remesas superan a las exportaciones y representan casi un 20 por ciento del producto interno bruto (PIB), con un promedio de 18.000 millones de dólares al año. Una economía pujante que es resultado del esfuerzo de campesinos, albañiles, entre otra mano de obra, que reclutan los ‘patrones gringos’.

Quienes mayormente migran son los jóvenes indígenas que habitan las áreas rurales del país y que por décadas han sido discriminados y segregados por los Gobiernos de turno. Para ellos es la única salida ante la cruda pobreza que aqueja a más del 60 por ciento de la población, en el país con la mayor tasa de desnutrición crónica infantil de América.

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En su empresa migratoria exponen sus vidas con ‘coyotes’ que los cruzan por todo México de manera discreta. Rara vez se ve a un guatemalteco en las caravanas que parten desde Tapachula, en el estado sur de Chiapas. Para pagarle al traficante, suelen endeudarse o vender los terrenos que heredaron de sus familias, con la esperanza de que, a la vuelta de unos meses, estén enviando las codiciadas remesas.

Quizás sea por la llegada a la Presidencia de Bernardo Arévalo, que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha notado en Guatemala una baja sensible de flujo migratorio en los últimos meses, con por lo menos 155.000 movimientos migratorios en 2024. Luego de que los propios indígenas respaldaron su candidatura, Arévalo ha buscado devolver a los pueblos maya -que son mayoría en el país- lo que por décadas el racismo les ha arrebatado.

La figura de Arévalo también reavivó las buenas relaciones de Guatemala con Estados Unidos, al punto que fue escogida como la anfitriona de la cumbre regional de migración del pasado 7 de mayo, que contó con la participación de varios cancilleres del continente, incluyendo al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.

En aquella oportunidad, Blinken prometió destinar 578 millones de dólares en ayuda humanitaria para la región, haciendo un guiño a los países socios del Triángulo Norte de Centroamérica (Honduras, El Salvador y Guatemala) que demuestren esfuerzos por lograr una migración legal y ordenada. Un monto que, aunque no es despreciable, no es remotamente cercano a los miles de millones de dólares que para Guatemala y sus vecinos constituyen las remesas que envían sus migrantes desde suelo estadounidense.

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