Miles de surcoreanos desafiaron el domingo la intensa nevada para protestar a favor o en contra del destituido líder Yoon Suk-yeol, quien se resiste a ser arrestado tras su fallido intento de imponer la ley marcial. La orden de detención expira el lunes 6 de enero, pero la Guardia Presidencial ha impedido su captura, y el jefe de seguridad afirmó este domingo que no puede "cooperar con los esfuerzos" para detener al acusado.

La sociedad surcoreana no ha sido indiferente al caso de Yoon Suk-yeol. Las relaciones entre los ciudadanos de las principales ciudades han estado marcadas por una profunda polarización, evidente en las calles.

Por un lado, los opositores del expresidente exigieron su arresto inmediato. “Tenemos que restablecer los cimientos de nuestra sociedad castigando al presidente que ha negado la Constitución”, declaró Yang Kyung-soo, líder de la Confederación Coreana de Sindicatos, un importante grupo laboral. 

En contraste, los partidarios de Yoon realizaron concentraciones para mostrar su apoyo, levantando pancartas con consignas como: "Lucharemos por el presidente Yoon Suk-yeol" y "detengan el robo”, una frase popularizada por los seguidores del expresidente estadounidense Donald Trump tras las elecciones de 2020.

La residencia del Yoon en la capital surcoreana se ha transformado en el epicentro de una profunda crisis política y social. En medio de temperaturas gélidas y nevadas intensas, cientos de manifestantes ocuparon las calles cercanas, divididos entre quienes exigen la destitución y arresto del mandatario, y quienes prometen protegerlo.

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En algunos lugares se registraron concentraciones de manifestantes de ambos bandos sin que importara la temperatura de -5 grados Celsius bajo cero; tampoco fue impedimento la acumulación de más de seis centímetros de nieve en otras zonas. 

"A apenas un día de la fecha límite de ejecución de la orden de detención de Yoon Seok Yeol, el servicio de seguridad presidencial continúa ocultando a un criminal y la Oficina de Investigación de Corrupción para Funcionarios de Alto Rango no puede estar más relajada", dijo a la agencia AP, Kim Eun-jeong, un activista, en un escenario durante la manifestación contra Yoon.

Un enfrentamiento sin precedentes

Y justamente el suceso que menciona el manifestante ha conmocionado a la opinión pública surcoreana e internacional pues el exmandatario Yoon, suspendido de sus funciones tras ser acusado de insurrección por intentar imponer la ley marcial el pasado 3 de diciembre, enfrenta una orden de arresto de la cual no hay registros previos en la historia del país. 

Orden judicial que, aunque fue expedida por un tribunal de Seúl, no pudo ser ejecutada debido a la firme oposición de su servicio de seguridad, que argumentó dudas sobre la legalidad de la misma.

El viernes 3 de enero, agentes de la Oficina de Investigación de Corrupción para Altos Funcionarios (CIO) y efectivos policiales intentaron ingresar al complejo presidencial donde se encuentra Yoon en un intento de hacer efectiva la orden de captura.

Aunque lograron eludir a cientos de partidarios del exmandatario congregados en las afueras del complejo, los agentes fueron bloqueados en el interior por más de 200 miembros del servicio de seguridad presidencial y tropas militares.

Desde entonces, el presidente destituido permanece refugiado en su residencia oficial, bajo la protección de un cordón de seguridad reforzado con alambre de púas y barricadas de vehículos. 

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A pesar de los altercados entre ambas partes, el enfrentamiento no escaló a un conflicto armado y las armas de fuego de los agentes presidenciales no fueron desenfundadas. Yoon no fue visto durante el operativo, y se mantiene aislado desde su destitución el pasado 14 de diciembre.

En una escalada a la situación, este domingo, 5 de enero, el jefe de Seguridad del presidente de Corea del Sur, dijo que "no podría cooperar con los esfuerzos para arrestar" al destituido Yoon Suk Yeol pese a la orden de arresto por insurrección que expirará a medianoche del lunes 6 de enero  (15:00 GMT).

Un suceso que escala la creciente crisis política, que atraviesa la cuarta economía más grande de Asia y plantea interrogantes sobre la estabilidad institucional del país.

“Nuestro compromiso con la seguridad presidencial no responde a colores políticos; hemos protegido a todos los presidentes durante seis décadas”, declaró Park Chong-jun, jefe del servicio de seguridad presidencial en un comunicado en el que explicó que ha brindado seguridad a “todos los presidentes durante 60 años” sin importar su afiliación política, y que esta vez no será la excepción. 

"Por favor, absténganse de comentarios insultantes como que el servicio de seguridad presidencial ha sido reducido a un Ejército privado", agrega el texto.

Los abogados de Yoon han dicho que la orden es inconstitucional porque la fuerza anticorrupción que dirige su investigación penal no tiene autoridad bajo la ley surcoreana para investigar ningún caso que involucre acusaciones de insurrección.

Seok Dong-hyeon, uno de los abogados que asesora a Yoon, publicó en su cuenta de Facebook que "juzgar la legitimidad de cualquier interpretación y ejecución legal es difícil. Si hay un error en la legalidad de la aplicación de la ley contra el presidente en funciones, será un gran problema".

Cuestionamientos legales y un futuro incierto

Mientras el Tribunal Constitucional continúa deliberando sobre el caso de destitución de Yoon, y aunque han programado los primeros alegatos orales para el 14 de enero, el proceso podría extenderse varias semanas antes de que se tome una decisión final.

Si se confirma su destitución, Yoon podría enfrentar un juicio penal completo sin las protecciones constitucionales que otorga el cargo presidencial.

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Entretanto, en la esfera internacional, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, tenía programada una visita a Seúl el domingo 5 de enero para sostener conversaciones con altos funcionarios del Gobierno surcoreano. Aunque se desconoce si el tema de Yoon formará parte de las discusiones, la situación podría generar tensiones adicionales entre Washington y Seúl.

Lo cierto es que el enfrentamiento del viernes marca un momento crítico en la historia política de Corea del Sur. El suceso de la negativa de la Guardia Presidencial a cooperar con una orden judicial y la creciente polarización social subrayan la fragilidad de las instituciones democráticas en momentos de crisis.

Además, la decisión del Tribunal Constitucional y la resolución de la orden de arresto serán claves en los próximos días para determinar el futuro no únicamente de Yoon Suk Yeol, sino también de la estabilidad política del país. 

Con Reuters y AP.