La pugna política entre el presidente de Bolivia, Luis Arce, y el exmandatario, Evo Morales, también ha provocado una crisis entre los poderes del Estado, luego de que una ley del Legislativo chocara contra una sentencia del Tribunal Constitucional (TC). La corte se encuentra en el ojo de la tormenta por polémicas resoluciones, que le han valido acusaciones de actuar políticamente contra el exmandatario.

“Esto es la consecuencia de un desmoronamiento del sistema constitucional boliviano. La pugna de poder ha hecho que las autoridades que ejercen potestades en los órganos públicos procuren llevar sus mandatos al máximo, más allá de lo que les permite la ley”, subraya a France 24 el analista jurídico y profesor universitario Ramiro Orias.

Enfrentados por la candidatura oficialista para los comicios del 2025, el último episodio de la pelea entre el jefe de Estado de Bolivia, Luis Arce, y el exmandatario, Evo Morales, comenzó cuando el presidente del Senado, el “evista”, Andrónico Rodríguez, aprovechó un viaje de Arce hacia Brasil, para promulgar una ley que cesa a todos los altos magistrados del poder Judicial con la premisa de que en diciembre pasado actuaron ilegalmente cuando prorrogaron sus mandatos. 

La decisión de Rodríguez, que pertenece al sector de los cocaleros que apoyan a Morales, intentaba frenar al Tribunal Constitucional, que en los últimos días ratificó la inhabilitación de Morales para ser candidato en los comicios del 2025 y le quitó la jefatura del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) para entregarla a un dirigente afín a Arce.

Morales elogió en X la decisión de su senador: “felicitamos la valentía de nuestro compañero Andrónico Rodríguez, en su condición de presidente en ejercicio de la Asamblea Legislativa”. El expresidente añadió que la decisión del legislador ha marcado “un hito importante en el respeto necesario a la institucionalidad del Estado”.

Sin embargo, el ministro de Justicia, César Siles, tildó la acción de Rodríguez de “seudo-promulgación”, debido a que la sesión legislativa que trató el “proyecto de ley” para cesar a los magistrados, y que data de junio pasado, ya había sido anulada por el propio Tribunal Constitucional.

Siles acusó a Rodríguez de haber hecho una promulgación “ilegal, arbitraria e inconstitucional” y afirmó que cometió al menos tres delitos: resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, usurpación de funciones e incumplimiento de resoluciones constitucionales.

Al respecto y desoyendo la promulgación, el Tribunal Supremo de Justicia indicó en un escueto comunicado que está “desarrollando suslabores jurisdiccionales y administrativas con absoluta normalidad”, mientras que Siles anticipó que el Constitucional también se pronunciará rechazando esa promulgación.

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“Hay una vulneración generalizada de derechos constitucionales”

Para Orias, se trata de una situación inédita, ya que “el Parlamento no reconoce al Tribunal Constitucional”. A su vez, ese organismo “no se contiene y prácticamente parece un tribunal de jueces con escaños porque se ponen a legislar, inclusive contra la Constitución”.

El experto agregó que ya no se trata de una mera crisis constitucional, sino de “un estado de cosas” en el que hay una “vulneración generalizada de derechos constitucionales”, con “autoridades que no cumplen con sus funciones”.

A su juicio, la institucionalidad democrática “ha llegado a tal nivel de erosión” que Bolivia experimenta una “anomia institucional”, en la que cada poder está rebasando las atribuciones de los restantes del Estado.

Para completar su análisis, el jurista destacó que el poder Ejecutivo “ha buscado de todas formas, sobre todo indirectas, suspender la elección judicial para no perder el control de estos jueces constitucionales” y que el Órgano Electoral “está bastante debilitado” porque no tiene apoyo para cumplir con la realización de las elecciones.

Según el Gobierno, las elecciones judiciales se realizarán parcialmente el 15 de diciembre, pero la oposición ha criticado que solo se renovarán cuatro de los nueve puestos de magistrados constitucionales, por lo que acusan a la Administración de Arce de mantener la prórroga de la mayoría de los actuales jueces para que avalen sus acciones.  

Pero, la “instrumentalización de la justicia constitucional” con fines políticos no es nueva y, según Orias, tuvo un hito cuando en 2019 el Tribunal Constitucional resolvió que la reelección era “un derecho humano indefinido” para permitir que Morales fuera candidato para buscar un cuarto mandato consecutivo.

El uso de la Justicia para la persecución política también “hoy se está volcando contra sus mismos autores”, agregó el analista, en alusión a que durante los gobiernos de Morales varios dirigentes de la oposición también protestaban por ser víctimas de persecución por sus ideas políticas.

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Morales se niega a dar por perdidas sus opciones electorales

Pese al contexto adverso, en el que incluso denunció haber sido víctima de un tiroteo cuando agentes policiales perseguían su vehículo, Morales se rehúsa a dar por perdidas sus opciones electorales. El exmandatario ha señalado que no está derrotado, ni muerto políticamente y ha denunciado que es víctima de una guerra judicial.

Su persistencia en defender su candidatura, le llevó el pasado septiembre a realizar una marcha de una semana contra Arce. Luego, en octubre, impulsó un bloqueo de carreteras de 24 días, después emprendió una huelga de hambre de cinco días y existen varios juicios en su contra, entre ellos uno por el supuesto abuso a una menor con la que tuvo una hija en 2016 cuando era presidente.

“Pensarán que Evo está en el cementerio, políticamente. Ni pueden, físicamente, qué van a poder, políticamente”, aseguró el líder político al anunciar que este viernes 22 de noviembre los sectores leales a su liderazgo definirán otras medidas de protesta en una asamblea en la zona cocalera del Chapare.

Además, en el ámbito jurídico, el pasado miércoles 20 de noviembre, su abogado Wilfredo Chávez solicitó formalmente al Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazar las resoluciones judiciales que le perjudican, entre ellas la de retirarle de la jefatura del MAS.

“Le hemos dicho al TSE que no puede someterse a una sala del Constitucional. No se puede poner de rodillas”, sostuvo Chávez. 

Para el analista político Gregorio Lanza, no cabe duda de que Morales es un “animal político, una persona que vive de la política”, que ha ido concentrando mucho poder y ha eliminado a sus contrincantes internos y externos “con el sistema del “law fare (guerra jurídica) contra el que ahora él hace reclamos”.

Sin embargo, según Lanza, pese a esa concentración de poder, su electorado se ha ido debilitando hasta reducirse a los cocaleros del Chapare, como se ha demostrado en los bloqueos cuando esa medida de fuerza no pudo extenderse al resto del país.

A juicio de Lanza, uno de los factores por los que Morales sigue vigente es porque cuenta todavía con el apoyo del Gobierno del venezolano Nicolás Maduro, “porque se ha descubierto que las vagonetas en que se mueve son de la petrolera PDVSA”.

Fue la Administración de Arce la que puso en evidencia que, durante los recientes conflictos, Morales utilizó dos vagonetas de lujo pertenecientes a la petrolera venezolana, aunque no ha dado más detalles al respecto.

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