El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, rechazó este martes 27 de agosto que un juez federal de Texas bloqueara provisionalmente su programa de regularización para cerca de medio millón de personas indocumentadas. El pronunciamiento llega un día después de que el magistrado suspendiera la política que otorgaría a los cónyuges de ciudadanos estadounidenses un estatus legal sin tener que salir primero del país. La disposición supone, al menos, un revés temporal a una de las mayores medidas del mandatario demócrata para agilizar el camino a la ciudadanía de algunas personas sin documentos.

Joe Biden critica el bloqueo temporal de un juez de Texas a su programa de regularización para los cónyuges de ciudadanos estadounidenses.

"No me interesa jugar con la frontera o la inmigración. Estoy interesado en resolver problemas. Tampoco estoy interesado en separar familias. Eso no es lo que somos como estadounidenses. Continuaré luchando para asegurar nuestra frontera y arreglar nuestro fallido sistema de inmigración", señaló Biden este martes 27 de agosto, mediante un comunicado difundido por la Casa Blanca.

El pronunciamiento del líder demócrata tiene lugar un día después de que el juez para el Distrito Este de Texas, J. Campbell Barker, suspendiera la iniciativa denominada Keeping Families Together-o Mantener unidas a las familias- que abrió sus inscripciones el pasado 19 de agosto.

"Un tribunal de distrito de Texas dictaminó que el trabajo de mi administración para mantener unidas a las familias debe detenerse. Ese fallo es incorrecto. Las familias no deberían ser separadas innecesariamente; deberían poder permanecer juntas. Mi administración no dejará de luchar por ellas", agregó el jefe de Estado en sus redes sociales.

El bloqueo temporal del magistrado llegó pocos días después de que 16 estados, encabezados por fiscales generales republicanos, impugnaran el programa que podría beneficiar a unos 500.000 inmigrantes en el país, además de alrededor de 50.000 de sus hijos.

Los estados acusaron a la Administración de eludir al Congreso con “descarados fines políticos”.

La suspensión se extiende por al menos dos semanas.

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Las reclamaciones son sustanciales: Juez Barker

Uno de los estados que encabeza el desafío es precisamente Texas, que en la demanda alega que el estado ha tenido que pagar decenas de millones de dólares anuales, desde asistencia sanitaria hasta aplicación de la ley, a causa de los inmigrantes que viven en el estado sin estatus legal.

El Presidente Joe Biden anunció el programa el pasado junio. La orden judicial, que tiene una duración de dos semanas pero podría prorrogarse, llega una semana después de que el Departamento de Seguridad Nacional empezara a aceptar solicitudes.

“Las reclamaciones son sustanciales y justifican una consideración más cercana de lo que el tribunal ha podido permitirse hasta la fecha”, argumentó el juez Barker.

El magistrado fue nombrado por el expresidente Donald Trump en 2019 como juez en Tyler, Texas, que se encuentra en el Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito de Estados Unidos, un lugar favorito para los defensores que impulsan argumentos conservadores.

El juez estableció un calendario que podría dar lugar a una decisión poco antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre o antes de que el nuevo presidente electo tome posesión de su cargo en enero. Barker dio de plazo hasta el 10 de octubre para que ambas partes presentaran sus alegaciones.

La política ofrece a los cónyuges de ciudadanos estadounidenses sin estatus legal, que cumplan ciertos criterios, un camino hacia la ciudadanía y permaneciendo en territorio estadounidense mientras se lleva a cabo el proceso.

Tradicionalmente, el proceso podía incluir una espera de años fuera de EE.UU., causando lo que los defensores equiparan a “separación familiar”.

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Una mala noticia para miles de familias

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió un correo electrónico en busca de comentarios sobre la orden.

“La decisión del tribunal de esta noche para detener al gobierno federal de proporcionar alivio es devastador para las miles de familias de Texas que podrían haberse beneficiado de este programa”, señaló el lunes Jessica Cisneros, abogada de la organización de defensa Immigration Law Council, en ese estado sureño.

Varias familias fueron notificadas de la recepción de sus solicitudes, según los abogados que defienden a las personas elegibles.

“Texas no debería poder decidir el destino de cientos de miles de ciudadanos estadounidenses y sus cónyuges inmigrantes sin enfrentarse a su realidad”, afirmó Karen Tumlin, fundadora y directora de Justice Action Center, durante la rueda de prensa previa a la emisión de la orden.

El programa ha sido especialmente polémico en un año electoral en el que la migración es uno de los grandes temas, con muchos republicanos atacando la política y sosteniendo que es esencialmente una forma de "amnistía" para personas que infringieron la ley.

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¿Qué es el parole in place?

El fiscal general republicano Ken Paxton, aplaudió la orden.“Este es sólo el primer paso. Vamos a seguir luchando por Texas, nuestro país y el Estado de Derecho”, publicó Paxton en X.

Para poder acogerse al programa, los migrantes deben haber vivido de forma continuada en Estados Unidos durante al menos diez años, no suponer una amenaza para la seguridad ni tener antecedentes penales que los descalifiquen, y haber estado casados con un ciudadano antes del 17 de junio, el día anterior al anuncio del programa.

Además, los interesados deben pagar una tasa de 580 dólares para solicitar adherirse al programa y rellenar una larga solicitud, que incluye una explicación de por qué merecen la libertad condicional humanitaria, así como una amplia lista de documentos justificativos que demuestren cuánto tiempo llevan en el país.

Si se aprueba, los solicitantes tienen tres años para pedir la residencia permanente. Durante ese periodo, pueden obtener autorización de trabajo.

Antes de este programa, era complicado que las personas que estaban en Estados Unidos de manera irregular obtuvieran la residencia tras casarse con un ciudadano estadounidense. Se les podía exigir que regresaran a su país de origen, a menudo durante años, y siempre corrían el riesgo de que no se les permitiera volver a entrar.

Con AP y EFE