El presidente estadounidense Donald Trump firmó una orden ejecutiva prohibiendo la participación de competidoras trans en equipos femeninos. Es un nuevo capítulo de una diatriba que ha instrumentalizado como argumento político a las atletas con identidad sexual diferente a la asignada al nacer y que amenaza con transferirse incluso al escenario olímpico. En medio, acusaciones por discriminación, lagunas y falta de evidencia científica.

La orden ejecutiva de Trump, que fue firmada en ocasión del Día Nacional de las Mujeres y Niñas en el Deporte, se suma a la enmienda oficializada del 20 de enero, el mismo día en que llegó al poder, que establece que Estados Unidos solo reconocerá “dos sexos, masculino y femenino”, que, de acuerdo con el texto, “no son modificables y se basan en una realidad fundamental e incontrovertible”.

También sigue a otros instrumentos legales, como el proyecto de ley para la Protección de Mujeres y Niñas en el Deporte, aprobado el 14 de enero en la Cámara de Representantes, que prohíbe la participación de atletas trans en equipos femeninos de programas que reciban fondos federales, o más de 20 leyes estatales con propósitos similares puestas en práctica en estados con gobernadores republicanos.

Aunque fue presentada como una medida de protección a la integridad del deporte femenino, organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, como el Centro Nacional de Leyes sobre la Mujer (NWLC), han rechazado la orden ejecutiva, y calificaron las acciones de Trump como un intento de “intimidar a las personas trans” e “imponer roles de género sexistas”.

“En lugar de proteger a las mujeres y las niñas, las prohibiciones deportivas perjudican a cualquiera de nosotras que no nos conformemos con la idea de otra persona sobre cómo debe verse, vestirse o actuar una mujer o niña”.

En un comunicado de su presidenta Fatima Gross Graves, el NWLC aseguró que “los estudiantes trans no representan una amenaza para los deportes, las escuelas o este país”, y defendió el derecho de estos a gozar de “las mismas oportunidades que sus compañeros para aprender, jugar y crecer en entornos seguros”.

“En lugar de proteger a las mujeres y las niñas, las prohibiciones deportivas perjudican a cualquiera de nosotras que no nos conformemos con la idea de otra persona sobre cómo debe verse, vestirse o actuar una mujer o niña”, agregó Gross Graves en el comunicado, según el cual los esfuerzos del Gobierno estarían mejor dirigidos si se centraran en “poner fin a la enorme disparidad que persiste en las oportunidades deportivas para las mujeres y las niñas y en financiar por igual a los equipos de mujeres y niñas”.

La orden ejecutiva de ayer es la última pincelada del manejo político al Título IX, una ley federal que prohíbe la discriminación basada en género en programas educativos con financiamiento federal.

Barack Obama lo interpretó en su oportunidad como un paraguas para dictar medidas de protección para estudiantes LGBTIQ+, sobre todo en los estados liderados por gobernadores o mayoría legislativa republicana. Donald Trump eliminó esas previsiones en su primer mandato, Joe Biden las restableció en su periodo, y ahora una vez más el Título IX es objeto de una nueva interpretación.  

La realidad de las cifras

Cuando la Cámara de Representantes aprobó en enero la ley para la Protección de Mujeres y Niñas en el Deporte, el presidente Mike Johnson aseguró que “más de 700 atletas femeninas” habían sido desplazadas por “hombres biológicos” y que eso había redundado en la pérdida de “mil medallas, récords y becas estimadas destinadas para mujeres”.

La cifra es difícil de contrastar con los números que maneja la NCAA, la asociación que rige el deporte universitario de Estados Unidos, y que reúne a más de 1.100 instituciones de educación superior en el país con programas atléticos.

El presidente de la NCAA, Charlie Baker, exgobernador republicano de Massachusetts, aseguró en diciembre durante una comparecencia ante el Comité Judicial del Senado que había “menos de 10” atletas transgénero en el deporte universitario, sin precisar si intervenían en torneos masculinos o femeninos, en un universo de 530.000 competidores.

El impacto de la participación podría haberse visto impulsado de forma desproporcionada por el alto perfil de casos como el de la nadadora Lia Thomas de la Universidad de Pennsylvania, o la jugadora de voleibol Blaire Fleming de la Universidad de San José, que han sido objeto de demandas, la primera por parte de sus rivales y la segunda incluso por sus propias compañeras de equipo.

En marzo de 2021, la agencia de noticias AP hizo una encuesta entre legisladores de los estados que proponían o habían aprobado leyes que vetaban a las atletas trans, pidiéndoles identificar casos concretos en los que la participación de éstas hubiera perjudicado a sus pares cisgénero.

La mayoría no solo no pudo citar nombres o situaciones, sino que terminaron reconociendo que actuaban pensando en “la próxima generación”, como aseguró la hoy exrepresentante de Carolina del Sur Ashley Trantham, o para ser “proactivos”, en palabras del presidente de la Cámara de Representantes de Tennessee, Cameron Sexton.

Aun habiendo reconocido la baja incidencia, la NCAA ha prometido cambiar su política sobre las atletas transgénero a raíz de la orden ejecutiva de Trump. Desde 2010, la entidad ponía como única condición para la elegibilidad en equipos femeninos que la aspirante se hubiera sometido a un año de tratamientos de supresión hormonal, cumplido fuera de toda actividad atlética.

El mismo día de la firma, la NCAA anunció que la categoría masculina quedaba “abierta a todos los estudiantes-atletas elegibles” y la femenina, restringida de acuerdo con “el género asignado al nacer”.

En un comunicado, atribuyó la decisión a una votación de la Junta de Gobernadores, y el presidente Charlie Baker se mostró convencido de la necesidad de “estándares de elegibilidad claros, consistentes y uniformes, en lugar de un mosaico de leyes estatales y decisiones judiciales contradictorias”, agregando que “la orden del presidente Trump proporciona un estándar nacional claro”.

¿Cuál es la realidad en el deporte olímpico?

En la firma de la orden ejecutiva del 5 de febrero, Trump fue mucho más lejos de lo que se ha avanzado hasta ahora al instruir al secretario de Estado Marco Rubio a que traslade al Comité Olímpico Internacional el mensaje de que Estados Unidos, sede de los próximos Juegos de Verano, “rechaza categóricamente la locura transgénero”, y el mandato de que “cambien todo lo que tiene que ver con este tema absolutamente ridículo".

El presidente agregó que ha dado indicaciones a la directora de Seguridad Nacional, Kristi Noem, para que niegue “todas y cada una de las solicitudes de visa hechas por hombres que intentan ingresar fraudulentamente a Estados Unidos mientras se identifican como mujeres atletas para tratar de ingresar a los Juegos (de Los Ángeles 2028)".

La instrucción está abiertamente reñida con el principio de la autonomía del COI, consagrada en su “constitución” particular, la Carta Olímpica, en virtud del cual esta entidad queda preservada de injerencias gubernamentales, y se reserva la facultad exclusiva de establecer las políticas de elegibilidad de los atletas olímpicos, en acuerdo con las federaciones de los deportes que forman parte del programa de los Juegos.

Un antecedente de negación de visado en París 2024 terminó con un cambio de posición obligado por este principio. Francia, que prohíbe otorgar visas a personas acusadas de crímenes sexuales, rechazó el ingreso a su territorio del entrenador de la selección femenina de fútbol de Zambia, Bruce Mwape, que se encontraba bajo investigación de la FIFA por supuestos abusos contra sus jugadoras.

Sin embargo, el país organizador finalmente debió cambiar su postura porque Mwape estaba acreditado por el Comité Olímpico de su país y tuvo que aceptar la condición fijada por el COI de que no tendría contacto privado con las atletas.

Lo cierto es que en París 2024 solo participó un atleta transgénero: el boxeador filipino Hergie Bacyadan, nacido como mujer. Bacyadan participó en la categoría femenina porque aún no ha iniciado las terapias de reemplazo hormonal para la transición, y perdió en la primera ronda de los 75 kgs.

Elegibilidad de género: el área gris

Hasta ahora, el COI no ha dictado lineamientos claros sobre elegibilidad de género en los Juegos Olímpicos, y eso ha impactado no solo a los atletas trans, sino a los intersexuales o con cualquier forma de desarrollo sexual diferente.

Durante los Juegos de Tokio 2020, el ente olímpico permitió la participación de la pesista neozelandesa Laurel Hubbard, basado en la exigencia de que sus niveles de testosterona se mantuvieran por debajo de los 10 nanogramos por decilitro de sangre durante los 12 meses anteriores a la competencia.

Las decisiones sobre la participación de atletas trans en el deporte femenino han quedado en manos de las federaciones internacionales.

La mayoría de las que han establecido políticas al respecto, como el ciclismo, atletismo, natación y rugby, han citado estudios científicos que sostienen que hay ventajas derivadas del tránsito por la pubertad masculina, como la densidad ósea o la masa muscular, mayores en los hombres, argumento central para prohibir la participación.

La falta de políticas claras desde el COI sobre elegibilidad de género­ fue el sustrato de la polémica en torno a las boxeadoras Imane Khelif y Lin Yu-tin en París 2024, sobre las que se insinuó sin evidencias que habían fallado sus pruebas de femineidad.

La Asociación Internacional de Boxeo (IBA), no reconocida por el COI y despojada de sus atribuciones para organizar el torneo olímpico, aseguró que las había descalificado del Mundial de Boxeo de Nueva Delhi en 2023 por arrojar niveles inusualmente altos de testosterona.

Lo reveló inmediatamente después de que la boxeadora italiana Angela Carini arrojara dudas sobre la condición femenina de Khelif, al abandonar su combate de primera ronda en París. La entidad no mostró evidencias sobre los estudios que condujeron a la descalificación en el Mundial, que se produjo cuando las peleadoras ya estaban en semifinales, y no antes de que se iniciara el torneo.

Fue un capítulo más del agrio enfrentamiento del titular de la IBA, el ruso Umar Kremlev, con su par del COI Thomas Bach, pero ahora la elegibilidad de género se ha convertido también en un argumento de campaña en la lucha por la presidencia del ente olímpico.

Dos de los siete candidatos para las elecciones de marzo, los campeones olímpicos Sebastian Coe y Kirsty Coventry, han insistido en la necesidad de dictar políticas claras al respecto y proteger al deporte femenino, y Coe ha apuntado directamente a la falta de lineamientos como el origen de la polémica en torno a Khelif y Lin.

La solución podría pasar por el establecimiento de nuevas categorías, al estilo de los Juegos Paralímpicos, como una fórmula para balancear inclusión y equidad en el escenario olímpico.