El Ministerio Público peruano avanzó en su investigación sobre los sucesos de diciembre pasado, cuando el entonces presidente Castillo anunció la disolución del Parlamento, lo que fue considerado por parte de la institucionalidad como un golpe de Estado. En ese marco, la Fiscalía revisó la vivienda de Aníbal Torres buscando pruebas con el fin de dilucidar cuál fue su rol en aquella alocución del exmandatario.

Durante la madrugada de este jueves 23 de marzo, el Ministerio Público de Perú llevó adelante el allanamiento del domicilio que Aníbal Torres, ex primer ministro durante el período final de Pedro Castillo en el poder, posee en la localidad limeña de San Isidro.

Esto a razón de la investigación que la Fiscalía realiza por los hechos del 7 de diciembre de 2022, jornada en la que Castillo pronunció la disolución del Congreso, la instalación de un Ejecutivo de emergencia que gobernaría con decretos y una intervención en el sistema de Justicia, lo que se calificó por parte del Legislativo y la prensa como un golpe de Estado que no prosperó.

Después de la autorización correspondiente otorgada por el juez supremo Juan Carlos Checkley, las autoridades arribaron a la casa de Torres alrededor de las 2:00 a.m. en una incursión que se extendió hasta pasadas las 8:00 a.m., con la intención de recolectar información o pruebas sobre el rol que desempeñó en el controvertido discurso de Castillo.

A Torres, a quien le recaen acusaciones por presuntos delitos de rebelión y conspiración, la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria de Corrupción de Funcionarios le confiscó documentos y bienes electrónicos como computadoras portátiles, teléfonos y pendrives.

Además, se dispuso el levantamiento del secreto de comunicaciones y acceso a las redes sociales vinculadas al exfuncionario de 80 años.

La orden de allanamiento fue una solicitud del fiscal supremo provisional Uriel Terán. Medios locales abren la posibilidad de que esta operación también esté vinculada no solo a los cargos mencionados anteriormente, sino también a los de abuso de la autoridad y la grave perturbación de la tranquilidad pública.

La Fiscalía pidió en diciembre la prisión preventiva contra Torres y Castillo. Sin embargo, Checkley no aplicó el pedido contra el exjefe del Consejo de Ministros por sus condiciones de salud y su edad. Empero, tiene una restricción para abandonar el país por 18 meses.

Torres está imputado por planificar la acción junto al exjefe de Estado y a la también ex primera ministra, Betssy Chávez.

Esto sucede un día después de que el Congreso peruano aprobara elevar acusaciones constitucionales contra Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez – otrora encargados de Interior y Turismo, respectivamente-, como coautores de los delitos de rebelión y conspiración.

La denuncia fue presentada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tras los cargos emitidos por la Fiscalía. El Congreso decidió que Chávez, actualmente en funciones legislativas, quede apartada de sus facultades mientras esté vigente el proceso penal.

A diferencia de Chávez, Torres no tiene ninguna proscripción política. De hecho, el miércoles, expresó en una entrevista con Anahí Durand Guevara (exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables) que no descartaba la posibilidad de postularse para ser presidente en las elecciones de 2024, aunque aclaró que “eso no se decide rápidamente” y “hay que pensarlo muy bien”.

“Estamos evaluando esa situación y no es fácil tomar la decisión, pero no podemos desdeñar a la población y, si la población quiere que trabajemos juntos, allí estaremos”, afirmó.

Con EFE y medios locales