La región del norte de Colombia, limítrofe con Panamá, es el paso obligado de miles de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. Solo en lo corrido de 2024, aproximadamente 186.000 personas cruzaron la que es considerada una de las rutas migrantes más peligrosas del mundo. La región se ha transformado por el periplo incesante de caminantes, una economía que vive en función de estos flujos, la presencia de grupos criminales y el abandono estatal.
Los muros de Capurganá, una población remota con menos de 2.000 habitantes en el norte de Colombia, cuentan la historia migratoria de la última década; con anuncios en inglés, chino e incluso hindi. Los menús de los restaurantes reflejan la gastronomía preferida por los migrantes que atraviesan la región y la población local se ha adaptado al flujo constante de visitantes y a la circulación de dólares en la economía local.
Capurganá es un paso crucial para miles de migrantes y solicitantes de asilo que buscan llegar a la frontera sur de Estados Unidos por cualquier medio y costo.
Mireyla Palacios, que habita en la región desde que era una niña y tiene un hostal en Capurganá junto a su familia, detalla algunos de los cambios sociales en la región: “Para muchas familias la economía nos cambió gracias a la migración (sic). Para muchos cambió la calidad de vida, pero ahora se necesita direccionar a la sociedad para que el dinero no nos haga daño”, dice.
En medio de la conversación, el flujo de motos transformadas en pequeños automóviles motorizados atestados de migrantes no para de pasar frente a su hostal. Parte del nuevo paisaje visual y sonoro de esta pequeña población en donde la constante procesión es lo cotidiano.
Desde la cocina de su hotel, elevando la voz para sobreponerse al ruido de las motocicletas que pasan a menos de dos metros, Mireyla dice: “Se nota visualmente, de un 100% de ocupación bajamos a un 5%” y señala dos habitaciones ocupadas de 15 cuartos disponibles que alquila por 20 dólares cada noche.
Esta habitante de Capurganá cuenta que en los últimos años su recetario se ha ampliado. Ya no solo cocina los típicos pescados con plátano y arroz. También aprendió a hacer langosta con especias de China e India; pollo al curry y empanadas con camarón y pulpo.
La ocupación de los hospedajes en la región disminuyó dramáticamente tras el anuncio del presidente Joe Biden en la primera semana de junio de limitar la cantidad de asilos diarios que se podrán tramitar en la frontera sur y endurecer los requisitos para solicitarlo.
Leer también¿En qué consiste la drástica medida migratoria anunciada por Biden?
Su hija, una pequeña de ocho años que nació en la población, cuenta que en su escuela han llegado niños de Venezuela, Cuba e India y que no duran más de algunas semanas.
En una de las calles cercanas al puerto, Efraín Hernández, que llegó hace 29 años a la región, recuerda cómo era la situación hace unas décadas: “Cuando llegué, había unas pocas casitas, ahora con esta migración que tenemos hay plata. Eso es lo que yo he visto. A muchos no les gusta trabajar y se han acostumbrado a pasar migrantes para vivir. Yo tengo un terreno en el que construí un restaurante, me costó muchos años, pero con la llegada de los migrantes ha sido un impulso para esta región”.
Muchos jóvenes nacidos aquí retornaron en los últimos años ante el crecimiento económico que se experimenta por el paso de miles de migrantes que demandan servicios.
Yoider Villalba tiene 18 años y maneja una lancha en la que transporta turistas entre Capurganá y las playas turísticas aledañas. “Yo me quiero quedar aquí. El pueblo ha cambiado mucho. El turismo ha aumentado y hasta el servicio de energía ha cambiado. La energía era muy mala”, dice a France 24.
Nicolle, que nació en Acandí, a unos minutos en lancha de Capurganá, retornó desde Medellín ante el crecimiento económico de la región: “yo regresé hace dos años. Aquí conseguí la oportunidad de tener un trabajo más estable y ahora trabajo en el puerto de Capurganá controlando los cobros de embarque”.
¿Se puede bloquear la selva?
La frontera natural entre Colombia y Panamá, de 100 kilómetros de espesa selva, es un lugar hostil e inhóspito. Es una de las pocas alternativas para llegar a Centroamérica por tierra o en lancha.
Los migrantes deben caminar hasta tres días –antes eran ocho, la cantidad de tiempo se redujo por el número de migrantes que han pasado y han demarcado los pasos– entre los árboles, cruzando fuentes de agua y enfrentándose a animales salvajes, senderos accidentados, riesgos de contraer enfermedades tropicales (como el dengue, la fiebre amarilla, la leishmaniasis), robos de grupos ilegales, violencia e incluso abuso sexual.
Más de medio millón de personas, según documenta Human Rights Watch, cruzaron esta región en 2023. En los dos primeros meses de 2024, la cifra de migrantes que han cruzado por este punto era mayor a 70.000. Hasta el 20 de junio de 2024, Migración Panamá ubicó la cifra en 186.969 personas.
En declaraciones a France 24, la directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, dice que “Colombia no controla su frontera con Panamá y ni siquiera sabe cuántos migrantes salen hacia la selva ni qué necesidades de protección tienen. De facto, quien controla las rutas es el Clan del Golfo, con total omisión por parte de las autoridades colombianas. Panamá, por su parte, ha tenido una estrategia de flujo controlado que desconoce los derechos de los migrantes a pedir asilo y ser protegidos”.
Goebertus reconoce que los resultados de las elecciones de Venezuela son otro factor que podría aumentar el paso de migrantes por este paso. La reelección de Nicolás Maduro, según el Consejo Nacional Electoral de ese país, podría empujar, según los cálculos de esta organización, entre uno y tres millones de venezolanos a dejar el país.
Una visión compartida por María Montoya, abogada y consultora en migración, quien destaca que Estados Unidos seguirá siendo el destino predilecto del migrante venezolano, incluso de quienes viven en otros países de América Latina y ven un mayor bienestar económico. Además, destaca Montoya, muchas familias se han visto divididas por la migración y reunificarse será una prioridad para muchos venezolanos residentes en Estados Unidos.
Varios migrantes entrevistados por este medio en la zona reconocieron que pagaron hasta 2.000 dólares para ser transportados y guiados por el Darién a “locales”. Los migrantes chinos son los que más pagan, con cifras que van hasta 1.000 dólares por grupo, seguidos de indios y bangladesíes, que pagan la mitad, aproximadamente.
Para ellos, las barreras lingüísticas se suman a la complejidad del terreno. Otro es el caso de los migrantes provenientes de Venezuela, que en su gran mayoría no cuentan con recursos suficientes para pagar y se arriesgan a pasar por cuenta propia o pagan entre 70 y 150 dólares a guías locales que les prometen acompañarlos en el paso.
Leer también’La ruta de la muerte': ¿por qué es tan peligroso el paso por el Darién?
Los cambios políticos en Panamá, tras la llegada del presidente José Raúl Mulino, han dificultado aún más el paso por este territorio. El nuevo mandatario ha prometido “frenar la migración” y en la ceremonia de posesión recordó que “no podemos seguir financiando el costo económico y social que la inmigración ilegal masiva genera al país, con la consiguiente vinculación de organizaciones criminales internacionales”.
El Gobierno panameño, a través del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), empezó a bloquear los pasos no autorizados desde la primera semana de julio, información constatada por Juanita Goebertus y varios migrantes que cruzaban por la región y con los que France 24 mantiene contacto. Goebertus señala: “Cualquier intento de bloqueo de ciertos pasos lo único que logra es empoderar a las redes criminales y a empujar a los migrantes a rutas aún más peligrosas”.
"Panamá no será más un país de tránsito para los ilegales”, afirmó el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, en su ceremonia de posesión.
El cierre parcial de estos puntos ha conseguido que los migrantes tengan que caminar un día más en su ruta para evadir los bloqueos o que tengan que optar por rutas marítimas hacia Carreto o las Comarcas en Panamá. También, muchos han tenido que pagar más a quienes los guían en estas rutas.
Necoclí y Turbo, entre el abandono y la incertidumbre para miles de migrantes
En Necoclí, al norte del departamento de Antioquia, confluyen los flujos migratorios desde Venezuela, Ecuador y el interior del país. Si bien las medidas anunciadas en junio por el presidente Biden para limitar el asilo en la frontera sur han marcado una disminución en el paso de migrantes por esta región, los cruces continúan para miles de migrantes que ya no tienen alternativas de regreso, muchos de ellos chinos e indios.
Wan, un migrante chino que pidió solo usar su apellido por miedo a vigilancia gubernamental, viaja junto a su esposa y sus tres hijos. Comenta, con ayuda del traductor de su teléfono, que salió de China hacia Estambul, pasó algunos días en la ciudad más poblada de Turquía y desde ahí tomó un vuelo hacia Quito, la capital ecuatoriana.
Desde Ecuador (único país en la región que no les solicitaba visa a los chinos hasta junio) Wan ha viajado por Colombia por más de un mes esquivando los puestos de control de las autoridades e inclusive pagando para eludirlos. Un periplo en el que ha gastado más de 7.000 dólares y dos meses, solo para llegar a la mitad de su viaje.
Estas poblaciones, a orillas del Golfo de Urabá, se han convertido en el ‘tapón’ para muchos migrantes que están varados antes de cruzar hacia el Darién.
Al otro lado del Golfo de Urabá se encuentra Necoclí. Otra población que se ha convertido en el paso previo al Darién para miles de migrantes. Desde el puerto zarpan dos lanchas diarias y desde este punto se observan decenas de campamentos improvisados que han instalado familias, que ante la orden ejecutiva anunciada por el presidente Biden para limitar el asilo en la frontera a 2.500 personas por día, piensan que no tiene sentido continuar.
Las playas de Necoclí se han convertido en un escenario de desesperación para los caminantes y de transacción para varios pasantes de migrantes o 'coyotes' que negocian, a pocos metros de las autoridades, el paso desde Acandí o Capurganá hasta Panamá.
A menos de 100 metros del puerto, David Rodríguez, un abogado venezolano de 42 años que decidió dejar su país por razones económicas, espera junto a su familia a que uno de los encargados confirme en qué lancha puede ir hasta Acandí.
“Yo salí de Venezuela por la situación, intenté aguantar lo que más pude, pero el hambre no da espera. ¿Sabes lo que ocurrió en Venezuela?”, dice mientras la conversación es interrumpida por un hombre con gafas oscuras y gorra que anotaba en una pequeña agenda los nombres de David y su familia. “¿Qué hace acá? No hable con esta gente”, le indicó a David y a su esposa.
Un escenario de tensión y desconfianza que no es diferente en la población de Turbo, en el sur del Golfo de Urabá, a pocas horas de Necoclí. Otra comunidad bañada por las aguas del Caribe que ha visto proliferar campamentos y tiendas de campaña en sus calles hechos por migrantes, especialmente desde febrero de 2024, cuando las autoridades colombianas arrestaron a capitanes de lanchas involucrados en tráfico de migrantes, sumado a sanciones impuestas por el Departamento de Estado de Estados Unidos a empresarios que han “facilitado el paso de inmigrantes”.
Los grupos ilegales, los grandes beneficiados de la crisis migratoria
Históricamente, esta región ha sido el escenario de contrabando de mercancías y del paso de estupefacientes que salen desde Suramérica hacia el norte del continente o Europa, como documenta Insight Crime. Este territorio se ha convertido en el termómetro que mide las crisis de la región, por ejemplo, en 2021, tras el magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse, se experimentó un aumento en la llegada de migrantes procedentes de esta isla que viajaban hasta Ecuador y cruzaban a Colombia, según datos de Insight Crime.
La necesidad de los migrantes que cruzan por allí se ha convertido en el combustible de financiamiento de grupos ilegales que históricamente han hecho presencia en esta zona; el más relevante ha sido el Clan del Golfo (también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia – EGC).
Este grupo, según los testimonios recogidos en la zona por este reportero, cobra entre 50 y 150 dólares para permitir que cada migrante pase por esta zona. Y quienes no tienen recursos, deben hacerlo con objetos de valor. Y aún así pagando por seguridad, nada libra a los migrantes de ser víctimas de la violencia: muchos sufren violaciones o secuestros, como documenta la organización Médicos Sin Frontera.
El Clan del Golfo se ha fortalecido a partir de la firma de los Acuerdos de Paz en 2016 entre el Estado colombiano y la guerrilla de las disueltas FARC, de acuerdo con la Fundación Ideas para la paz. "Mantienen su núcleo estratégico y su centro de gravedad en el Urabá antioqueño", remarca la organización y agrega que este grupo ha logrado superar en estrategia militar y presencia a otros grupos como el ELN y las disidencias de las FARC en el control de esta región.
"Las AGC regulan la vida pública y privada de las comunidades que viven en las zonas bajo su control y suplantan a la Justicia", afirma la organización en un análisis.
Leer tambiénSer mujer en el Tapón del Darién: denuncias de violencia sexual apuntan a las autoridades panameñas
En varias paredes de Turbo y Necoclí, los grafitis con la siglas AGC recuerdan quién manda en esta región, al igual que en otras ciudades cercanas al Darién como Riosucio y Unguía.
En la actualidad, el presidente colombiano Gustavo Petro tiene abiertas las puertas al Clan del Golfo y a otras organizaciones para iniciar un diálogo de paz, enmarcado en la apuesta del mandatario de 'paz total', una ambiciosa apuesta para negociar con distintos y numerosos grupos armados con el objetivo de ponerle punto final a los conflictos que siguen aquejando los territorios.
Con los precios de la coca en desplome, por la sobreproducción en Colombia desde 2022, los grupos ilegales han encontrado en el tráfico de migrantes una nueva fuente de ingresos, argumenta InsightCrime.
La ausencia del Estado colombiano para controlar esta región también está documentada por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA: “El Gobierno nacional no está haciendo lo suficiente para gestionar los flujos de migración, determinar quién pasa o proteger a las personas en situación de vulnerabilidad. Los puntos de control, patrullas y detenciones son poco frecuentes, así como los servicios humanitarios y el acceso a la protección”.
Esta organización considera que la solución no radica en cerrar el Darién, por el contrario, insta a generar un corredor humanitario en el que se pueda llevar registro de quiénes cruzan por este lugar, entre otras recomendaciones.
Para Human Rights Watch las soluciones para esta crisis migratoria empiezan por “crear una estrategia conjunta para prestar seguridad a los migrantes en toda la ruta y trabajar entre las dos fiscalías para investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a Derechos Humanos que han tenido lugar allí, incluyendo la violencia sexual y las desapariciones”.
David Rodríguez logró pasar a Panamá tras seis días entre la selva junto a su familia. Al momento de publicar este reportaje ya se encuentra en Costa Rica muy cerca de la frontera con Nicaragua. En el trayecto de la selva le robaron parte de sus pertenencias. "Aprendí de esta experiencia y hemos hecho un grupo grande con otras familias para evitar que nos vuelvan a robar", dijo a este medio.
Aunque intentamos, no fue posible contactar a Wan, el migrante chino que compartió su historia en Capurganá, tras su periplo desde Acandí hacia Puerto Obaldía, Panamá. A muchos migrantes se les pierde el rastro para siempre.
*Esta visita a las zonas del Darién colombiano se produjo una semana antes de las medidas de cierre de los pasos irregulares por parte de Panamá y varias semanas antes de las elecciones presidenciales en Venezuela.