Los integrantes de un colegio electoral que sean hallados responsables de la desaparición de boletas electorales podrían ser condenados a pasar de tres a diez años en la cárcel.

La penalización está prevista en el artículo 313 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral, que también sanciona con igual castigo a quienes saquen o permitan que otros extraigan boletas de las legalmente votadas.

De la misma forma, aquellos que participen o consientan la realización de un escrutinio o relación fraudulenta de los votos emitidos en una mesa electoral, estarán sujetos a las penalidades previstas en la legislación indicada.

La legislación vigente impone sanciones similares a quienes firmen un certificado de elección en apoyo de una persona (candidato)  no autorizada.

La ordenanza electoral establece penas de hasta diez años de prisión para aquellos que falsifiquen listas de inscritos, documentos de propuestas, boletas de votación, hoja de escrutinio, certificados de elección, actas de colegios electorales, credenciales de funcionarios u otro documento electoral indicado en la ley.

Lo mismo aplica para los que firmen un documento de propuesta con un nombre diferente al suyo;  igual que aquellos que firmen un documento de propuesta sin ser electores en la división política correspondiente.

“Los que sustrajeren, desfiguraren, suprimieren, destruyeren todo o parte de cualquier lista de inscritos, documentos de propuesta, boleta de votación, pliego de escrutinio, certificado de elección, acta de colegio electoral, credenciales de funcionarios electorales, o cualquier otro documento que se exija por la ley electoral”, la normativa ordena sanciones de uno a tres años de reclusión.

Se imponen las mismas sanciones a quienes voten en las elecciones sin tener derecho, (como los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional).

Asimismo, para aquellos que venden o compran cédulas de identidad durante los comicios, y los que votasen más de una vez en una misma elección, recibirán la peña indicada en el artículo 316 de la legislación electoral.