Ante las constantes alzas de los commodities en los mercados internacionales eran de esperarse nuevas decisiones por parte del gobierno dominicano. La semana pasada el presidente Luis Abinader anunció 10 medidas económicas que incluyen subsidios a los combustibles, transporte e importación de maíz, trigo, soya, harina y grasa vegetal por un período de seis meses.
Esas disposiciones requerirán de un esfuerzo fiscal significativo a fin de que el encarecimiento de las materias primas no afecte a la población dominicana. En palabras del ministro de Hacienda, Jochi Vicente: “…solo el subsidio proyectado a los combustibles, asumiendo el precio internacional de hoy, es equivalente a lo que costaría construir aproximadamente 17 hospitales municipales”.
En nuestro caso, nos limitaremos a los precios de los hidrocarburos, que se establece subsidiarán los combustibles mientras el barril de petróleo WTI se mantenga por encima de los US$85 y por debajo de los US$115 por un período de 4 meses, costándole al país entre RD$500 y RD$1,000 millones semanales.
La divulgación de esas cifras nos obliga a remontarnos a las constantes sugerencias que hemos hecho en el pasado por esta misma vía desde el inicio de la tendencia alcista en noviembre del año pasado, de utilizar los mercados financieros como nuestros aliados, con montos relativamente bajos, en función a lo que ahora se requiere vía subsidios, con operaciones financieras similares a la que se realizaron exitosamente para protegernos ante los precios del gas natural hasta el 40% de nuestro consumo como país en el 2023.
Precisamente, en nuestra pasada entrega señalábamos que todavía estábamos a tiempo de aprovechar y protegernos ante eventuales alzas de la factura petrolera para el próximo verano, que es lo que se conoce como la temporada alta. En fin, que esa es nuestra sugerencia, como otra alternativa podría ser focalizar el subsidio a los combustibles.
Mantener el subsidio, como se ha propuesto, implicaría congelar los Precios de Paridad de Importación (PPI) de la refinería (REFIDOMSA), reduciendo los beneficios de esta, y comprometiendo al gobierno a cubrir el diferencial, aunque desde nuestra óptica lo más sano y recomendable sería aumentar los precios de los combustibles en la medida en vayan subiendo en los mercados internacionales, pues de lo contrario esos recursos se desviarían de otros sectores.
De esas medidas nos surgen dos preguntas: primero es ¿qué sector o inversión pública se sacrificará para mantener estos subsidios? y lo segundo es ¿tenemos algún plan ante una eventual alza sobre los US$115 el barril del oro negro? De hecho, no estaríamos estimulando el consumo del hidrocarburo, similar a la práctica en el plano internacional, que de acuerdo con cifras del FMI, el mundial pasó de traspasar US$5.2 trillones en subsidios en el 2017 a US$5.9 trillones en el 2020.
Somos del criterio de que debemos resistirnos a la tentación de subsidiar los combustibles, pues el mismo mercado reducirá la demanda, y al mismo tiempo sería una gran oportunidad para el estado impulsar otras alternativas.
El esfuerzo fiscal que conllevará estos subsidios quizás sean los aplausos de hoy, pero pueden ser también las críticas de mañana. Debemos recordar lo que prácticamente se ha convertido en un axioma entre economistas: en economía no hay almuerzo gratis