El expresidente Danilo Medina, prácticamente se vio obligado a construir la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC), por la necesidad de la generación de energía que tenia el país a un precio razonable, y porque ningún empresario quiso arriesgarse a construirla, por los 2,500 millones de dólares que costaba y que, en palabras del exvocero de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, " no lo tiene, ni se le presta a cualquiera".
En una hilera de mensajes en su cuenta de Twitter, Rodríguez Marchena explica que la venta de acciones en un 49% de Punta Catalina es la forma de recuperar la inversión de la termoeléctrica, garantizando que el Estado retenga el control de la obra.
Este planteamiento prácticamente implica una privatización de la obra, que es lo que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha criticado, cuando señaló, en palabras de su secretario general, Charlie Mariotti, que el contrato que se ha propuesto el Gobierno con la creación de un fideicomiso, "es una especie de carta blanca para su futura privatización".
El planteamiento de Marchena implica que "entregada y en funcionamiento CTPC, el Estado tendría la posibilidad de recuperar la inversión, vendiendo a empresas privadas (al valor de mercado) el 49 % de las acciones de una compañía que se crearía para su gestión. El Estado dominicano retendría el control".
El exvocero indicó que Danilo Medina entendía que recuperada la inversión en CTPC, podían acometerse otros proyectos en los que las empresas privadas enfrentaran limitaciones financieras. "Siendo CTPC la principal proveedora de energía de RD y la más rentable, la eventual participación accionaria de empresas privadas tenía que rodearse de transparencia y garantías, pues la empresa privada que la controlara, “cortaría el bacalao” en el mercado eléctrico", destacó.
Indicó que no se advierte que el actual Gobierno dominicano fuera consciente de la oportunidad que tiene el Estado de fortalecer sus finanzas y su capacidad de acción, "al preferir el fideicomiso y no la recuperación de la inversión vía la venta del 49 % de CTPC".
"Fiel a su convicción antipolítica de que 'manos privadas gestionan mejor el Estado', el Gobierno dominicano ha tomado una decisión que, en lugar de llevar razonabilidad y satisfacción ciudadana y empresarial, ha creado una turbulencia muy conflictiva", indicó.
A continuación de manera íntegra, los mensajes de Roberto Rodríguez Marchena:
Danilo Medina se vio obligado a construir la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) de 675 MW (netos). Comprendió que CTPC tendría que generar a base de carbón y no a gas, luego de conversar con Obama en Costa Rica.
Obligado, por la necesidad de RD de tener más y mejor generación eléctrica, producida a menor costo y vendida a precio razonable. Obligado, porque ningún empresario quiso arriesgarse a construirla. ¡2,500 millones de dólares no los tiene, ni se le presta a cualquiera!
CTPC provee el 30-35 % de la energía servida por el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI). Provocó que casi 900 MW reconvirtieran su matriz, la construcción de un gasoducto, que desaparecieran los apagones y pudiera reducirse el subsidio.
Y, si todo lo anterior fuera poco, CTPC aporta 15 millones de dólares mensuales al Estado. Tuvo éxito Danilo Medina, a pesar de las dudas, dificultades y resistencias encontradas en el camino.
CTPC reconfiguró el mercado eléctrico de RD, demostrando que el Estado sí puede intervenir y solucionar dificultades o impasses que las empresas privadas no están en condiciones de resolver.
Entregada y en funcionamiento CTPC, el Estado tendría la posibilidad de recuperar la inversión, vendiendo a empresas privadas -al valor de mercado- el 49 % de las acciones de una compañía que se crearía para su gestión. El Estado dominicano retendría el control.
Y esto así, porque Danilo Medina entendía que recuperada la inversión en CTPC, podían acometerse otros proyectos en los que las empresas privadas enfrentaran limitaciones financieras.
Siendo CTPC la principal proveedora de energía de RD y la más rentable, la eventual participación accionaria de empresas privadas tenía que rodearse de transparencia y garantías, pues la empresa privada que la controlara, “cortaría el bacalao” en el mercado eléctrico.
Así las cosas, para la sociedad dominicana y en particular para las empresas generadoras, la gestión o propiedad de CTPC podría comprometer su salud financiera. ¡No es poca cosa lo que está en juego!
No se advierte que el actual gobierno dominicano fuera consciente de la oportunidad que tiene el Estado de fortalecer sus finanzas y su capacidad de acción al preferir el fideicomiso y no la recuperación de la inversión vía la venta del 49 % de CTPC.
Fiel a su convicción antipolítica de que “manos privadas gestionan mejor el Estado”, el gobierno dominicano ha tomado una decisión que, en lugar de llevar razonabilidad y satisfacción ciudadana y empresarial, ha creado una turbulencia muy conflictiva.
En la población crece la sensación de que se le quiere enajenar una propiedad que fue construida con sus contribuciones impositivas para favorecer de forma opaca, no a cualquier empresario que podría interesarse en invertir en CTPC, sino a favoritos del Gobierno.
Lo que debió ser un debate sereno y juicioso, se ha descarrilado a posiciones radicales e intransigentes de la población y de líderes sociales, políticos, empresariales y de opinión, incluso de cercanos al actual gobierno dominicano.
Y para mayor desconcierto de un gobierno tan atento al decir popular, olvidó lo elemental de la secuencia del genoma del relato: la decisión política que se comunica insuficientemente o mal, es o termina siendo una mala política.
Lo prudente y conveniente es que el gobierno dominicano desista del fideicomiso, sopese mejor y recupere confianza, porque la próxima decisión en carpeta podría ser qué hacer con las EDES, si privatizarlas o “fideicomizarlas”.