Pedernales, comunidad del extremo sudoeste del territorio dominicano, en la isla caribeña Española, ha vivido de expectativas durante las últimas tres décadas. No pasaba un año sin que funcionarios de pasadas gestiones de gobiernos anunciaran la llegada del bienestar general de la mano del turismo.
En el pasado gobierno el ministro de Turismo, Francisco Javier García; el de la Presidencia, Gustavo Montalvo; y el propio presidente Danilo Medina, con parafernalia, anunciaban repetidas veces “las buenas nuevas” que luego se diluían como como espuma de chocolate. La pesadilla se alargaba.
Entretanto, seguía en los tribunales el caso Bahía de las Águilas, considerado el gran freno para la inversión turística.
Se trataba del litigio del Estado con una mafia que se había apropiado de 362 millones de kilómetros cuadrados de las tierras playeras con vocación turística de la provincia Pedernales (Parcela 215 A, Distrito Catastral 3 de Enriquillo, Barahona).
La odisea había comenzado en 1995 en la recta final de los últimos diez de años de gestión gubernamental de Joaquín Balaguer (1986-1996).
El presidente Luis Abinader (2020-2024) visitó Pedernales el 30 de agosto de 2020, dos semanas después de su toma de posesión.
El director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Jaime Rodríguez Guzmán, en connivencia con una mafia encabezada por funcionarios estatales, abogados y políticos, traspasó a esa institución la parcela 215 A (administrada por Bienes Nacionales), para supuestamente hacer asentamientos agrarios, pese a que ésta carece de una pizca de tierra apta para la siembra de productos del agro.
El gobierno presidido por Leonel Fernández (director del IAD, Wilton Guerrero, y Picky Lora, directora de Catastro), en 1997, demandó en justicia a varios funcionarios y dirigentes reformistas involucrados en la operación, entre ellos, Jaime Rodríguez Guzmán, Puro Pichardo y Antonio Féliz Pérez, así como al empresario Moisés Marchena (fallecido).
En agosto de 2001, el presidente Hipólito Mejía emitió el decreto 273, que declaraba de utilidad pública e interés social los terrenos de Bahía de las Águilas, Cabo Rojo y Parque del Este, “para ser destinados al desarrollo turístico”.
Esa misma orden ejecutiva establecía el ordenamiento y delimitación territorial de Bahía de las Águilas para identificar áreas que sirvieran a la construcción de complejos turísticos.
En febrero de 2013, con el alegato de que el la litis duraba mucho tiempo y Pedernales se empobrecía, el presidente Medina emitió el decreto 7 que establecía un acuerdo con los adquirientes ilegales de los terrenos. El Estado desistía de las demandas y se comprometía a pagarles el 45% del valor de los inmuebles.
Una de cláusulas del borrador del contrato de transacción permitía a los ocupantes no aportar las tierras a un fideicomiso que se constituiría, sino quedarse con el 100% de las mismas siempre y cuando pagaran al Estado el 55% de su valor. Ello implicaría darle también la opción de comprarlas, pese a que siempre han sido del Estado.
El mandatario tuvo que recular ante un mar de ataques mediáticos a su decisión. La tipificaron como inmoral e irresponsable porque con ella el Gobierno se hacía cómplice de los ocupantes ilegales.
A finales de mayo de 2019, un cuarto de siglo después de la apropiación, una nota de la Procuraduría General de la República destacaba la entrega al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, del título de propiedad que acredita al Estado como único y legítimo propietario de alrededor de 362 millones de metros cuadrados, correspondientes a la parcela 215 A, del Distrito Catastral 3, de Enriquillo Barahona”.
Cuando terminó la pesadilla
El presidente Luis Abinader (2020-2024) visitó Pedernales el 30 de agosto de 2020, dos semanas después de su toma de posesión. Aquí se comprometió a lograr el soñado desarrollo ecoturístico.
Y regresó el 23 de junio de 2021 para dar el palazo inicial del proyecto de desarrollo turístico en Cabo Rojo, en parte de la parcela 215 A recuperada. Anunció la construcción de una primera etapa de seis mil habitaciones hoteleras, aeropuerto internacional en el paraje Manuel Goya, camino a Oviedo, segundo municipio; carretera Barahona-Pedernales; vías de acceso, entre otras.
En la actualidad, compañías trabajan en la carretera y en las vías de acceso a los atractivos.
Según el director ejecutivo de Alianza Público-Privada, Sigmund Freund, se avanza en el diseño de los hoteles y hay al menos nueve cadenas hoteleras internacionales interesadas en instalarse en Cabo Rojo.
Pegadas, pero…
Con la parcela 40 (Bucanyé) se teje otra historia, aunque colinda con la otra y sufrió la misma plaga.
En el mismo municipio Pedernales, 14 millones de metros cuadrados con vocación turística fueron ocupados ilegalmente con el mismo objetivo: revender. Pero su dueño, el Estado, los dejó al margen de la demanda del caso Bahía de las Águilas.
En un documento enviado el 2 de julio de 2021 al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoniano Peralta, con copia al presidente Abinader, al ministro de la Presidencia Lisandro Macarrulla y al director ejecutivo de la DGAPP, Sigmund Freund, el inversionista español Elías Hernández Barrera, a través de la sociedad Oceanus Investment, sostiene que ha comprado el total de la parcela y cuenta con toda la documentación legal.
Le dice: “En consecuencia, ante el reconocimiento por parte del Estado Dominicano del derecho de propiedad de Oceanus Investment de los terrenos en cuestión, bastaría con agotar trámites muy simples con miras a definir el estatus legal de estos terrenos desde el punto de vista cartográfico y registral, lo que daría pie al inicio del desarrollo propuesto y al despliegue de importantes inversiones en Pedernales”.
Expresa que aunque la P40 fue excluida de la Litis de Bahía de las Águilas, en 2014, persisten oposiciones del Estado que impiden el movimiento registral por ante el Registro de Títulos de Barahona.
Y esa situación –resalta- mantiene en estado de indefinición legal los terrenos adquiridos. “Por ende esto constituye un freno al desarrollo programado para Bucanyé”, puntualiza.
En el documento, la entidad privada manda un mensaje al Presidente: “Mientras no se resuelva el problema de la indefinición del estatus legal de sus parcelas playeras, lamentablemente, no llegará el desarrollo de Pedernales”.
El documento enfatiza, sin embargo, que dado el interés mostrado por el presidente Luis Abinader por el desarrollo socioeconómico de Pedernales, los trámites legales serán acelerados.
El texto resalta que Desarrollo Bucanyé constituye la opción inmediatamente viable para llevar aliento a Pedernales y para iniciar el desarrollo del turismo en la región sur.
Alega la sociedad Oceanus Investment que los 14,329, 676.02 metros cuadrados fueron debidamente deslindados de la parcela madre y/o parcela 40 y “todas y cada una de ellas se encuentran cargadas a la capa cartográfica oficial de la Dirección General de Mensuras Catastrales”.
Resalta que estas conforman el frente marino que va desde la colindancia con el pueblo de Pedernales hasta la colindancia con la parcela 215 A.
Y señala que por el hecho de estar deslindadas, se facilita su manejo desde el punto de vista cartográfico y registral.
Precisa que el metraje está distribuido en las parcelas 40- L, 40-L1, 40-L4, 40-M, 40-C, 40-Sub-8, 40-Sub-26, 40-Sub-27 y 40-Sub-31, todas del antiguo Distrito Catastral 3, de Enriquillo, hoy Pedernales.
Solicita la contribución del Gobierno para agilizar la transferencia de los derechos y, en esa misma operación, lograr la refundición técnica de las diferentes parcelas convergentes para expedir un único título por la totalidad del metraje de la propiedad.
Según fuentes cercanas a ese grupo privado contactadas en noviembre de 2021, comenzaría en enero de 2022 la primera fase del complejo turístico (Hoteles boutique, Pueblo Bucanyé y resorts).