Es preciso el documento enviado por la promotora Oceanus Investment el 2 de julio de 2021 al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, con copia al presidente Luis Abinader, al ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla y al director ejecutivo de Alianza Público-Privada, Sigmund Freund.
El inversionista español Elías Hernández Barrera dice que quiere un desarrollo de alto estándar para “hacer de Bucanyé la Marbella del Caribe”. Pero tiene preocupaciones.
A través de su abogado Salvador Catrain solicita agilización de los trámites para blindar la seguridad jurídica e iniciar el complejo hotelero e inmobiliario.
Le inquietan las andanzas de “los llamados invasores virtuales de terrenos, representados por la Asociación de Ocupantes de Terrenos de Pedernales”. Pide mediación estatal.
Afirma que ha sostenido varias reuniones con la directiva para entender sus reclamos, pero sin llegar a acuerdos porque, desde su perspectiva, carecen de sustento legal.
La primera etapa será desarrollada en cuatro años. El costo estimado es de 181 millones 648 mil 977 dólares
“Entendemos que con la mediación de los organismos oficiales correspondientes, quedaría solucionada cualquier diferencia existente en torno al impase legal”, puntualiza la compañía en el documento de 38 páginas.
Argumenta que el 19 de mayo de 2014, tras la Octava Sala del Tribunal de Tierras de la Jurisdicción Original del Distrito Nacional dictar la sentencia in voce, la parcela 40 quedó definitivamente excluida del litigio de Bahía de las Águilas.
Y, desde entonces, la compañía comenzó el proceso de compra del total de los terrenos, por lo que, sostiene, es propietaria indiscutible, y está en posesión de ellos.
Le plantea a Palacio que posee los papeles relativos a las operaciones inmobiliarias, como contratos de compraventa, comprobantes de pagos de impuestos, planos catastrales, documentos societarios, entre otros.
La parcela 40 está ubicada en la zona urbana del municipio cabecera, frente a la impresionante playa Bucanyé. En opinión de Clemente Pérez, 98 años, y Claudio Fernández (Kike), 87 años, hijos de primeros pobladores, Bucanyé es nombre creole que significa “paraje de Ye” (Bucán: paraje; Ye: nombre del ocupante haitiano del lugar). Era un paradero, punto de partida para ir a la pesca y a la caza de animales silvestres.
Según un cuadro estadístico contenido en el documento enviado a las autoridades del Poder Ejecutivo, el proyecto del magnate español tendrá una inversión a 20 años de 2 mil millones de dólares 2 mil 227 millones de dólares 189 mil 284 con 16 centavos.
De ese total, en Pueblo Bucanyé serán invertidos 279, 663,802.23 (12%); Zonas Resorts 418, 081,249.09 (18%) y Zonas de Parques 1, 579,794.232.83 (70%). Son las tres áreas en que han divido el proyecto.
La primera etapa será desarrollada en cuatro años. El costo estimado es de 181 millones 648 mil 977 dólares con 12 centavos. Serán edificadas 1,200 habitaciones.
Además, a un costo de 75 MM de dólares construirán un hotel boutique de 120 habitaciones, club de playa, vías de acceso e internas del proyecto, así como el remozamiento y acondicionamiento del frente marino de la propiedad en su conjunto.
Según información obtenida en fuentes de la promotora, en enero de 2022 comenzarán las obras, y se espera la asistencia del presidente Luis Abinader.
Zonas vulnerables
Conforme lo planteado por Oceanus Investment, varias razones hacen del desarrollo Bucanyé un proyecto sostenible y ejemplar para el país.
Así que, desde el aspecto de la biodiversidad, todos los elementos naturales han sido considerados para el diseño de su plan maestro. Se destaca que éste fue diseñado por la prestigiosa firma Marcelo Alburquerque Arquitectos.
En cuanto al uso de recursos, se plantea una planificación estratégica en armonía con la región en su conjunto para garantizar el uso eficiente de los recursos naturales disponibles y la no afectación de la capacidad de carga.
Sobre el aspecto social, plantea que se requerirá la confluencia y trabajo conjunto de gobierno/comunidad/inversionista, con el objetivo de lograr un desarrollo ordenado, maximizando los efectos económicos positivos para la comunidad de Pedernales.
Y, en lo económico, entiende que constituye un reto lograr un desarrollo sostenible con una densidad habitacional tan baja (15 hab/ha.). Destaca, sin embargo, que la particularidad del segmento turístico al que se dirige justificará su inversión. Pretende un desarrollo turístico de alto estándar, “muy distinto al modelo tradicionalmente desplegado en la República Dominicana”.
Establece que, en vista de que gran parte de los terrenos se encuentran en el Polígono I del Área Nacional de Recreo Cabo Rojo, será imprescindible un plan de manejo que garantice la sostenibilidad ambiental del proyecto.
Así las cosas, dice que tomarán en cuenta los objetivos de manejo de un Área Nacional de Recreo, categoría IV, paisaje protegido, según la ley 202 de 2004 sobre Áreas Protegidas y Biodiversidad. Precisa que nunca se ha preparado un plan de este tipo para el Polígono I del Área Nacional de Recreo Cabo Rojo, tal como establece la citada legislación.
Cita el documento que se ha establecido una zonificación acorde a los elementos naturales de relevancia y al uso de suelo correcto, según los principios de manejo de áreas protegidas establecidos por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
Y enfatiza que su diseño respeta el entorno y los parámetros de desarrollo establecidos por el Ministerio de Turismo.
“La realización de esta hoja de ruta es, en efecto, esencial, y así lo ha asumido el grupo inversionista, por demás, comprometido con un tipo de desarrollo sostenible que prioriza y condiciona su inicio a la elaboración de un plan de manejo ambiental serio y acabado”, dice el documento enviado a Palacio.
Le ponen la lupa
En Pedernales hay consenso sobre la necesidad de desarrollos turísticos en la misma ciudad porque harían balance con el de Cabo Rojo, anunciado el 23 de junio de 2021 por el gobierno por Abinader, para ejecutar mediante alianza público-privada. Pero también hay consenso en que los procesos deben ser transparentes y los recursos naturales protegidos.
Herminio Moquete, expresidente y extesorero del ayuntamiento y presidente la Asociación de Propietarios de Terrenos de Pedernales, conoce la historia de los asentamientos en esta comarca del extremo sudoeste del territorio nacional.
Salvo presentación de estudios serios que demuestren inviabilidad, él favorece el proyecto Bucanyé porque -entiende- beneficiará más al pueblo dada su cercanía.
“Sería de gran impacto positivo para el municipio”, puntualiza.
Pero cree que el Gobierno no debe permitir que sean los inversores privados quienes se enfrenten a las personas que se han apropiado de los terrenos estatales porque sería un conflicto de nunca terminar que arriesgaría tales desarrollos. Si hay que desinteresar, que lo que lo haga el Estado, opina.
Refiere que para hablar de tenencia de tierras en Pedernales hay que situarse, mínimo, a partir de 1929 durante el gobierno de Horacio Vásquez. Y las tierras de Bucanyé, pertenecientes al Estado, fueron ocupadas recientes por personas con el único propósito de aprovecharse del boom turístico y venderlas.
Explica que con el poblamiento oficial de Pedernales, en los alrededores se hicieron asentamientos para los colonos.
“Para 1945, el síndico era el señor Lucas Espinal, y el presidente del ayuntamiento, el señor Maximiliano Fernández. En ese tiempo se hizo la mensura que definía los límites totales del municipio de Pedernales, bajo la supervisión del gobierno central, por vía del agrimensor Ramos. Ahí no sólo quedó definido el primer asentamiento, sino los límites más amplios y definitivos del municipio de Pedernales”.
En ese contexto, cita Moquete, se hicieron también los últimos asentamientos que llegaban hasta las últimas propiedades reales con vocación agropecuaria con que contaba el municipio.
“Esas últimas propiedades estaban en posesión de don Chichito Pérez, de don Marcial Mejía y de José Altagracia Moquete. Eran las últimas propiedades que había, ya llegando a Bucanyé. En el mapa de Catastro Nacional, la ocupación que tenía don Marcial se llamaba Charco Colorao. Eso era antes de Bucanyé, que era a donde podía llegar el agua por la regola. A partir de ahí ya era muy alto, el agua no subía. Desde ahí hacia el este, no había posesión; nunca estuvo ocupado por nadie porque era intención agropecuaria nada más. Eso siempre estuvo en posesión del Estado, pura y simplemente, hasta hace poco tiempo, en que se comenzó a hablar de desarrollo turístico y un grupo de personas comenzó a ocuparlas, por no decir invadirlas. Pero no ocuparlas para proyectos habitacionales ni nada parecido, sino de manera aérea, marcando puntos, de árbol a árbol, con fines de luego negociar con potenciales inversionistas”.
Erick Pérez Hernández, activista social, cree que el de Bucanyé “representa el proyecto piloto y promotor del desarrollo de Pedernales del proyecto macro Cabo Rojo, bajo fideicomiso, con el objetivo de atraer grandes cadenas hoteleras internacionales”.
Como Herminio, entiende que el Gobierno debe controlar el desorden de las ocupaciones de tierras porque hoy es la parcela 40 y mañana serán las otras.
“Bucanyé es un nicho de inversión más abierto al alcance de menores capitales donde también cabe la inversión local, pero esto vuelve a verse amenazado por el desorden de la propiedad de la tierra, incentivando el pago para desinteresar a falsos propietarios, a invasores y a asociaciones fantasmas de terratenientes, desconocimiento muchas veces los derechos a los verdaderos propietarios que sí adquirieron dichos terrenos por inversiones, sucesión familiar y por arraigo en las mismas, trabajándolas, no invadiéndolas para aprovechar las coyunturas económicas que supone el proceso de inversión turística.
José Molina, expresidente de la Asociación de Pedernalenses Ausentes, cree que el proyecto Bucanyé debe socializarse más.
“Por lo que he leído es lo mejor que le puede pasar a Pedernales en estos tiempos. Sobre el problema con las tierras, te diría que no son invasiones virtuales, son invasiones reales; son invasiones disfrazadas de ocupación pacífica. Allá hay una mafia, una asociación de delincuentes cuyo modus operandi es el siguiente: identifican terrenos ajenos (privados y del Estado) que ellos asumen que no tienen dueños, o que los dueños perdieron el interés, o se han muerto, o se han ido. Entonces con abogados de aquí articulan sus artimañas jurídicas y le sacan títulos”.
Ricardo Estévez, agrónomo y ambientalista, entiende que el proyecto Bucanyé tendrá un mayor impacto económico en el municipio cabecera, vista la cercanía al principal conglomerado humano.
“Pero veo un aspecto negativo y es de carácter económico y social. Se ha querido ignorar a propietarios con 40 y 50 años en sus tierras de forma ininterrumpida… Estos predios, por su cercanía a la ciudad, los convierte en suburbanos, por lo tanto deben ser mejor valorados y sus dueños, mejor recompensados”.