Cuando se anunció que este viernes 25 de marzo los maestros del sector público no trabajarían, en respaldo a un llamado de su sindicato que reclama un nuevo aumento salarial, mucha gente en el pais se alarmó y proliferaron las voces que se pronunciaron en contra de esa pérdida de clases que afecta exclusivamente a los niños de escasos recursos que asisten a las escuelas públicas. Sin embargo, la indignación por el viernes libre decretado por la ADP, se queda corta frente a la realidad de las escuelas.
De acuerdo a informaciones no oficiales, hace más de dos años que una gran parte de los maestros de las escuelas públicas no están impartiendo docencia los viernes, de manera que, al menos han tenido la consideración de no llamar a paro entre lunes y jueves. La reducción del horario de clases que ha tenido la educación pública desde que inició la pandemia, ha llevado al país, posiblemente, a los niveles más bajos que se conozcan en el mundo.
Cuando se acordó llevar a las escuelas a la tanda extendida ya se había comprobado que el promedio de horas de docencia rondaba las 2.5 horas al día, unas 12.5 a la semana, sin descontar las acostumbradas y frecuentes suspensiones de clases. En este momento, las 40 horas de docencia que estamos pagando para los alumnos de las escuelas públicas no llegan ni a la tercera parte. No es extraño, por tanto, que miles de maestros de colegios privados estén aspirando a conseguir una plaza en el sector público, con mejores salarios, menor horario y más protección.
El país tiene muchas razones para sentirse frustrado y airado frente a nuevas demandas salariales que pretenden consumir casi la totalidad de la asignación del 4% que tanto sacrificio nos cuesta.
Por más que he preguntado, no he podido conseguir una información fehaciente de cuál es el horario actual de las escuelas públicas. Personas que tienen hijos en este sector me han informado que sólo están asistiendo a las escuelas dos días a la semana y que ya no reciben tampoco las clases virtuales, ni las que se daban a través de la televisión y la radio. A partir de la supuesta reapertura, los cursos fueron divididos en dos grupos, uno que asiste los lunes y miércoles y el otro grupo los martes y jueves. Ninguno asiste los viernes y todos en horario recortado hasta el mediodía.
Consulté una fuente muy informada y me dijo que la agenda de trabajo de la educación pública en estos momentos es muy variada, no hay un horario unificado y ninguna garantía de que se está cumpliendo con las exigencias del currículo. Sólo una pequeña cantidad de escuelas públicas, incluyendo las manejadas por órdenes religiosas, están trabajando en horario normal.
Todos conocemos lo que pasó con la educación en estos dos años de encierro causado por la pandemia de la COVID-19. Aunque no se ha hecho una evaluación de los resultados del nuevo sistema de educación a distancia, estamos seguros de que los mismos han llevado a su nivel más bajo el aprendizaje de los estudiantes. Para los maestros también ha sido difícil, no hay razón para regatearles el sacrificio que ha representado un aprendizaje abrupto de nuevas formas de docencia para el que nadie estaba preparado. Pero al menos el sector público nunca dejó de recibir sus ingresos, mes por mes, mas otras ayudas en equipo de computación y asignaciones para internet. Tan cómodos se sienten miles de maestros, incluyendo profesores de las universidades, trabajando desde sus casas, que la apuesta a quedarse en esa zona de confort es actualmente muy fuerte.
El país tiene muchas razones para sentirse frustrado y airado frente a nuevas demandas salariales que pretenden consumir casi la totalidad de la asignación del 4% que tanto sacrificio nos cuesta. En estas demandas ni siquiera se oye mencionar a los niños y niñas que deberían ser los beneficiarios de esa inversión nacional.
Los maestros públicos duplicaron sus salarios en seis años, pasando de un promedio de 27,720 pesos mensuales en el 2012 a 55,627 en el 2018 (MINERD, Situación del Docente 2018). En ese mismo periodo, el renglón de salarios, incluyendo jubilaciones y pensiones del MINERD, consumía el 2.6% del PBI. No conozco ningún estudio reciente sobre los ingresos de los docentes, pero en agosto del 2021 se hizo un aumento promedio de 5,435 pesos mensuales a más de 69 mil maestros de primaria para igualarlos con los de secundaria. Con este aumento, que en total ascendió a unos tres mil millones de pesos adicionales al año, el promedio salarial del docente público sobrepasa los 60 mil pesos mensuales.
De acuerdo a cifras del 2021 de la Tesorería de la Seguridad Social, el salario promedio de los cotizantes del sistema era de 26,282 pesos mensuales. El promedio de los empleados de la administración pública era 32,527 pesos mensuales y sólo el 11% de los cotizantes del sistema de seguridad social devenga salarios que sobrepasan los 50 mil pesos mensuales. Estas cifras nos indican la precariedad salarial que predomina en el país. No es que los maestros ganen salarios excesivos, pero esos mismos ciudadanos y ciudadanas que se ubican en niveles salariales muy por debajo de los maestros, son los que pagan los impuestos que permiten que los maestros públicos hayan alcanzado los niveles que ahora tienen, por encima, en promedio, de cualquiera de las profesiones masivas, incluyendo los médicos.
En la misma semana en que los maestros reiniciaron sus nuevas demandas salariales se reunió después de varios años el espacio de seguimiento del Pacto Educativo. Ojalá que quienes están llamados a representar allí los intereses de los dos millones y medio de niños pobres que asisten a la educación pública, logren convencer a los docentes de que los salarios que se les pagan deben guardar proporción con la calidad ý dedicación del servicio que prestan y que esa calidad sólo hay una forma de medirla y es por el aprendizaje de los alumnos.