Los episodios que el país ha vivido en varias instituciones oficiales, con serios cuestionamientos y falta de respeto a la institucionalidad, evidencian un deterioro y un desenfado en la solemnidad que las entidades oficiales merecen.
Lo recientemente ocurrido con la Cámara de Cuentas pone en evidencia que la oposición utiliza, sin pudor ni respeto, las ventanas democráticas para vulnerar la institucionalidad. Más de un legislador se ha aprovechado de la curul que desempeña para reclamar informaciones que supuestamente serían de interés. Hubo uno que solicitó el dato de los gastos en refrigerios del presidente y uno de los miembros de la Cámara de Cuentas.
De fondo hay auditorías que deberá emitir la Cámara de Cuentas, sobre falsificaciones de auditorías en gestiones anteriores, que desnudan las reales intenciones de los cuestionamientos que se hacen a los representantes de esa institución oficial. Y parece consistente que los legisladores pidan cuentas. Pero la realidad es que se trata de un engaño, una escaramuza. Hay que quitarle prestigio a la Cámara de Cuentas para que sus rectificaciones de auditorías no tengan ningún crédito.
Lo mismo ocurre con el ministerio de Educación. Un diputado pide una audiencia al ministro Ángel Hernández. Aparece con una comisión, y con cámaras y reporteros. Ese procedimiento rompe cualquier protocolo oficial. La transparencia es otra cosa, no invadir el despacho de un ministro y tratar de hacerle un espectáculo.
El 6 de junio de este año, se violentaron todos los procedimientos de seguridad, decencia, protocolos de visita y seguridad, en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el ministro Orlando Jorge Mera resultó asesinado por un supuesto amigo, con una idea patrimonialista del Estado y la función pública.
Pese a la tragedia ocurrida en junio de este año, en los ministerios dominicanos siguen penetrando personas sin las normas mínimas de seguridad y de protocolo. Al despacho del ministro de Educación debió entrar únicamente la persona que recibió la autorización para una cita con él. Todos los demás debieron quedar fuera del despacho del ministro.
Y en estos casos, no se trata de burocracia, ni de cabilderos, ni siquiera si una comisión de diputados tiene interés en abordar temas sobre asuntos educativos. Bien pudieron los legisladores llamar al ministro Hernández a que acudiera a una reunión de su comisión en el palacio del Congreso Nacional.
Pero no, sigue habiendo legisladores que desconocen sus propios roles, y al realizar actuaciones de presión, muchas veces políticas, desdicen de la corrección de su función.
Este caso del ministro Ángel Hernández no puede pasar desapercibido. Puede ayudar a aplicar correcciones. Ojalá lo tomen en cuenta.