El presidente de la República, Luis Abinader, acompañado de un equipo de ministros y directores, explicó las reformas que se propone tomar en la administración pública para contener el gasto público, como parte del cumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal, y como una demostración de que la próxima reforma fiscal servirá para destinar más fondos a los sectores que más lo requieren.

Hay un conjunto de instituciones que serán eliminadas, y otras que serán fusionadas. El Ministerio Administrativo de la Presidencia dejará de ser ministerio y pasaría a ser un secretariado adherido al Ministerio de la Presidencia.

La Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos (ANAMAR) se fusionará con el Acuario Nacional, y se creará el Instituto Oceanográfico.

El ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) se fusionará con el ministerio de Hacienda, y se creará un solo ministerio de Economía y Hacienda.

Los Comedores Económicos se fusionarán con el Plan Presidencial Contra la Pobreza. La Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial pasará el ministerio de Viviendas.

Varias instituciones del área pasarán a formar parte del ministerio de Industria y Comercio, y Mipymes.LA-SEMANAL-16-SEP-2024-728x379

Se reducirá la publicidad de las instituciones del Estado, en aquellos renglones donde se entienda que no es necesario tener presupuesto de publicidad. Se limitará la compra de vehículos de lujo a los funcionarios, y se prohibirán los gastos en eventos generales, como aniversarios y días de fiestas y se prohibirá la impresión de memorias impresas institucionales, para que se ofrezcan de modo digital.

Se congela la contratación de empleados públicos en el gobierno, salvo casos excepcionales autorizados previamente, y se prohibirán los viajes al exterior a menos que sean autorizados por el organismo rector o de su abscripción.

Los ministerios de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MECyT) se fusionará con el ministerio de Educación, y se racionalizará el gasto público.

También se dio a conocer que el Instituto Agrario Dominicano (IAD) sería absorbido por el Ministerio de Agricultura, para de esa manera "eliminar" la redundancia. Igualmente la Administradora de Subsidios Sociales (Adess) sería combinada con el Programa Supérate, para de esa manera mejorar "la coordinación y aumentar la eficiencia en la administración de los recursos de esas entidades".

De modo que el cálculo que el gobierno está haciendo es que podría obtener un ahorro de 25 mil millones de pesos, o un poco más, con estas eliminaciones y reducciones de entidades estatales. La lista que se ha ofrecido es más extensa de las entidades a eliminar. Por ejemplo incluye que la Dirección Nacional de Fomento y Desarrollo de la Artesanía (Fondearte) sea asumida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.

Las instituciones a ser eliminadas serían el Consejo Nacional de Población y Familia (CONAPOFA), la Caja de Ahorros para Obreros y Monte Piedad; la Comisión Sectorial de la Reforma y Modernización del Sector Agropecuario; el Consejo Desarrollo Dominicano en el Exterior (Condex); la Comisión Presidencial de Modernización y Seguridad Portuaria; la Comisión Empresarial para el Desarrollo Hipotecario y Fideicomiso y la Comisión Internacional, Asesora de Ciencia y Tecnología.

Como La Semanal es un espacio abierto, con transmisión simultánea, a la que asisten periodistas y ejecutivos de medios, de inmediato el presidente se dio cuenta del impacto que tendrá la reducción de la publicidad para los medios de comunicación.

Los medios han estado y seguirán en crisis. La publicidad se ha mudado a las redes sociales, y el gobierno es el principal anunciante del país.

El impacto de estas medidas, más las que traigan la reforma fiscal, podría ser devastados para los medios de comunicación. Cuando el gobierno invierte 10, en principal anunciante del sector privado invierte 1. Esa es la relación que existe.

Los periodistas reclamaron al gobierno mayor democracia en la distribución de la publicidad. En el fondo queda la cuestión de si no son demasiado los comunicadores contratados por entidades públicas, que llenan las salas de redacción de notas de prensa, sin entregar a los más pequeños publicidad. No es pequeño el problema que vendrá.

El presidente Abinader explicó que la inversión publicitaria del gobierno de Leonel Fernández (2004-2012) era de 1.6% del PIB, y que en los 12 años de Danilo Medina (2012-2020) la inversión fue de 0.9, mientras que en el gobierno del PRM la inversión publicitaria ha sido de 0.5%, y habría que añadir que en este período de 4 años ha sido el momento más terrible para la industria periodística.

La otra cosa relacionada con la eliminación de instituciones y la reducción y fusiones de entidades estatales, tiene que ver con el personal empleado. El Estado es, individualmente, el mayor empleador del país. La nómina pública es de alrededor de 800 mil empleados, sin contar con los contratos de trabajos temporarios y las consultorías que mantienen muchas entidades públicas.

Ese ahorro de 25 mil millones de pesos es, esencialmente, de reducción de personal. Será despedir, dejar sin empleos, a miles de personas que no podrán asimilarse a las nuevas instituciones, en donde la competencia podría ser un gran elemento de contratación, aparte de las relaciones políticas.

Las medidas serán valientes pero al mismo tiempo destructivas de miles de familias, que se acostumbraron al empleo público, y que no tienen los suficientes ahorros para sostenerse. Agravadas situaciones en los casos de personas de edad, con dolencias, enfermedades, necesitadas de medicamentos y un régimen alimenticio que ahora no podrán sostener.

Todos estos elementos han debido ser tomados en cuenta para adoptar esas decisiones que fueron anunciadas por el presidente de la República y su equipo económico más cercano, en espacial los jóvenes ministros de un gobierno que aspira a gastar menos y ofrecer más eficiencia.