El Código Penal de hechura por el senador de Las Vega, Ramón Rogelio Genao, tiene múltiples deficiencias y huecos democráticos, que podrían conducir al Partido Revolucionario Moderno a una confrontación política interna, y a una disociación con la sociedad que le ha votado en las últimas tres elecciones, que merecen una reflexión de esa organización política.
Sus legisladores que han aprobado en dos votaciones sin lectura, en el Senado de la República, y en una votación sin lectura en la Cámara de Diputados, cumplirán en agosto cuatro años de elección y de oportunidad para discutir con tiempo y con razonamiento democrático un Código Penal acorde con los planteamientos del presidente Luis Abinader y su gobierno, de transparencia, respeto por la mayoría y adecuación y modernización del aparato jurídico dominicano. Sin embargo no lo hicieron, y al momento de concluir el período para el que fueron electos, desean hacer un sancocho espúreo y absolutamente contradictorio.
La factura de ese proyecto de Código es de naturaleza externa al PRM y al presidente Luis Abinader. El gobierno del presidente fue reivindicado por el electorado por la política de transparencia, por la persecución del crimen organizado para aprovecharse del Estado y sus recursos. Por su valiente decisión de apoyar un Ministerio Público independiente. Y que los corruptos, sean del partido que sean, sean investigados y paguen con penas adecuadas sus delitos penales y civiles.
El PRM como partido debe evitar desde temprano una ruptura con la sociedad y con los sectores más progresistas del país, que le han apoyado reiteradamente. Rogelio Genao y una cantidad de aliados de circunstancias no tienen el compromiso político con la transparencia que debían tener los legisladores del PRM. Y cualquier aprobación precipitada y vergonzosa, como ya ha ocurrido, se convertirá en un pesado fardo en las costillas del partido político del gobierno.
Lo mismo pasó con el Partido de la Liberación Dominicana fundado por Juan Bosch, que surgió pequeño y fue creciendo en disciplina y carácter ético, hasta que sus aliados reformistas y de otras corrientes en franco deterioro desvirtuaron su historia y su mística, y fueron factores importantes en su conversión en una fuerza corrupta, que permitió las exacciones y vilipendios más extravagantes contra los fondos públicos.
Los grupos de presión que han acorralado al Congreso y colocado como una cuestión relevante la exclusión de las tres causales, integrados especialmente por grupos religiosos evangélicos y católicos, tienen el criterio de imponer a todo el país su juicio sobre la vida y la muerte y sobre la sexualidad de las personas. Pero los políticos oportunistas han aderezado a esa versión, otra de carácter ético y político que es incompatible con los valores y principios que sustentó y ha sustentado el PRM como fuerza política.
Esos grupos políticos medraron en el viejo PRD cuando fue gobierno, muchos de ellos procedentes del deteriorado y destartalado reformismo sin Balaguer. Esos mismos grupos se adhirieron al PLD, y fueron aliados con mucha fuerza en los veinte años de gobiernos de ese partido. Ahora se han buscado el parche con el PRM y están logrando ofrecer una versión del partido Revolucionario y Moderno que colinda con el atraso y con la ruptura con la sociedad que le ha votado masivamente en tres elecciones consecutivas. Las presidenciales del 2020, las municipales del 2024 y las presidenciales y legislativas del 2024.
El PRM como partido debe reflexionar con estos temas. No se trata de una cuestión circunstancial, sino de un esquema en el que coinciden reaccionarios, con pastores evangélicos (de cualquier calaña) con obispos y grupos católicos también recalcitrantes, que siguen pensando en su predominio de las ideas en pasados siglos y que desean imponer criterios de vida cuando ellos han dejado de ser modelos de fraternidad y honestidad desde hace mucho tiempo.
El presidente Luis Abinader deberá objetar el Código Penal que le presenten los diputados, en caso de aprobar esa pieza en segunda lectura. Si no lo ven con claridad, que lo analicen. Pero ese código es una trampa política que le están tendiendo al presidente Luis Abinader, que como propuesta de reformas estructurales tendrá, en primer lugar un Código Penal atrasado, propio de una teocracia y no de una democracia.