El artículo 250 de la Constitución dominicana establece los roles correspondientes a la Cámara de Cuentas, y en el numeral 3 dice claramente lo siguiente: “Presentar al Congreso Nacional los informes sobre la fiscalización del patrimonio del Estado”. Ese informe tiene que se presentado a más tardar el 30 de abril de cada año.

Este año, extrañamente, la Cámara de Cuentas emitió su informe, pero con la diferencia en toda su historia de que ahora hay tres informes: 1. El informe oficial, firmado por tres miembros del organismo, 2. El voto disidente del presidente del organismo, Licenciado Janel Andrés Ramírez Sánchez, y +3. El voto disidente del miembro del pleno Mario A. Fernández Burgos.

¿Qué está pasando en la Cámara de Cuentas que no se pone de acuerdo para rendir un informe sobre la ejecución presupuestaria del gobierno del año anterior?

Janel Andrés Ramirez Sánchez, presidente y de quien se supone es el líder ese cuerpo colegiado, ha escrito que rechaza el informe oficial entregado al Senado de la República por la mayoría de la entidad que dirige, principalmente por lo siguiente:

“Nuestra disidencia se fundamenta en que los procedimientos aplicados por el equipo auditor son insuficientes para formarse una opinión, además la forma y metodología aplicada a la planeación, ejecución, supervisión y conclusión del trabajo no son cónsonas a las buenas prácticas ni a las Normas Internacionales de Auditoría. Lo que realiza la Cámara de Cuentas en este sentido, no se puede calificar como una auditoria a los estados financieros patrimoniales, afirmación esta secundada en el informe más reciente del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas (PEPA) el cual establece que la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) no audita los estados financieros patrimoniales, asunto que hemos reiterado en innumerables ocasiones”.

Janel Andrés Ramirez Sánchez concluye su rechazo al informe oficial de la entidad que preside con estas palabras:

Por los motivos expuestos anteriormente, somos de opinión que el informe al Congreso Nacional del 2022, objeto de ponderación en Sesión de Pleno del 27 de abril de 2023, debió de realizarse con apego irrestricto a la Constitución, Leyes, Reglamentos y las Normas de Auditoría. Dios obre en la concientización, haga que brote la verdad y se destruyan los intereses mal sanos”. 

De su lado Mario A. Fernández Burgos redactó un informe de 10 páginas para rechazar el informe que aprobaron sus compañeras del pleno de la Cámara de Cuentas Elsa María Catano Ramirez, vicepresidenta, Tomasina Tolentino de McKenzie, secretaria, y Elsa Peña Peña, miembro del Pleno.

“A nuestro juicio, la Cámara de Cuentas continúa con la misma estructura heredada por las antiguas prácticas que pusieron en desmérito la institucionalidad, la credibilidad, calidad y confianza de este ente fiscalizador”, dice Fernández Burgos al inicio de su voto disidente. Y luego añade que se trata de aspectos técnicos y éticos que lo obligan a presentar su desacuerdo con el voto mayoritario.

Estos dos votos disidentes reclaman la realización de auditorías a las cuentas del Estado, y no informes financieros, que es al parecer lo que se ha hecho y se ha remitido al Congreso. Los dos votos disidentes hablan de viejas prácticas de la Cámara de Cuentas. 

Sin embargo, no se entiende cómo es posible que el presidente del organismo no haya tenido el liderazgo para conseguir, en un proceso de discusión que lleva más de año, que la mayoría del organismo se incline por la práctica correcta de "auditar" y no "analizar" los datos que tienen a mano.

Es urgente que la Cámara de Cuentas comience a hacer su trabajo como corresponde. Pero también urge una definición del liderazgo en esa entidad, que parece desde los inicios de los actuales incumbentes anda bastante desenfocada en su estrategia de trabajo.